La justicia europea avala la resoluci¨®n del Banco Popular y rechaza devolver el dinero a los accionistas

Los accionistas del Banco Popular tienen cada vez m¨¢s complicado recuperar algo de lo perdido durante el traum¨¢tico proceso de resoluci¨®n y venta de la entidad al Banco Santander por un euro en junio de 2017. El Tribunal General de la Uni¨®n Europea (TGUE) ha propinado este mi¨¦rcoles un nuevo varapalo a los inversores al avalar la actuaci¨®n de las autoridades europeas y rechazar cualquier compensaci¨®n a los demandantes. La Corte ha desestimado todos los recursos presentados por los accionistas...

Los accionistas del Banco Popular tienen cada vez m¨¢s complicado recuperar algo de lo perdido durante el traum¨¢tico proceso de resoluci¨®n y venta de la entidad al Banco Santander por un euro en junio de 2017. El Tribunal General de la Uni¨®n Europea (TGUE) ha propinado este mi¨¦rcoles un nuevo varapalo a los inversores al avalar la actuaci¨®n de las autoridades europeas y rechazar cualquier compensaci¨®n a los demandantes. La Corte ha desestimado todos los recursos presentados por los accionistas, una decisi¨®n que puede ser recurrida en un plazo de dos meses y diez d¨ªas, como probablemente suceder¨¢.

La sentencia argumenta que la Junta ?nica de Resoluci¨®n (JUR) y la Comisi¨®n Europea ¡°no incurrieron en un error manifiesto de apreciaci¨®n¡± al considerar que el Banco Popular ¡°se hallaba en grandes dificultades o probablemente fuera a estarlo¡±. As¨ª, apunta que la liquidaci¨®n de Banco Popular fue v¨¢lida y ¡°no constituye una intervenci¨®n desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho de propiedad de las partes demandantes¡±.

Los jueces europeos han concluido que los demandantes no han demostrado que hubiera medidas alternativas a la resoluci¨®n, y que la JUR y la Comisi¨®n no se equivocaron al interpretar que no exist¨ªan perspectivas razonables de que se pudiera evitar la inviabilidad del banco gracias a una actuaci¨®n desde el sector privado o los supervisores. ¡°La medida de resoluci¨®n era necesaria y proporcionada a la luz de los objetivos de inter¨¦s p¨²blico perseguidos¡±, se?ala el texto.

Adem¨¢s, avala la legalidad del proceso de venta del Banco Popular, en el que los demandantes consideran que hubo irregularidades. Y niega que detr¨¢s de la ca¨ªda del Popular estuvieran unas declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke K?nig, que aceleraran la fuga de dep¨®sitos. ¡°No se ha demostrado que la JUR o la Comisi¨®n divulgaran informaci¨®n confidencial relativa a la aplicaci¨®n de un procedimiento de resoluci¨®n de Banco Popular y, por consiguiente, no ha podido apreciarse ninguna vulneraci¨®n del principio de confidencialidad o del deber de secreto profesional¡±, apuntan los magistrados. El tribunal a?ade que ¡°las partes demandantes no han demostrado la existencia de una relaci¨®n de causalidad entre las ilegalidades de la JUR y de la Comisi¨®n, suponi¨¦ndolas acreditadas, y la crisis de liquidez de Banco Popular¡±.

La decisi¨®n no ha sentado bien a los demandantes. El despacho de abogados Roca Junyent, representante legal de Aeris Invest, el veh¨ªculo inversor de la familia chilena Luksic ¡ªpose¨ªa el 3% del capital del Popular¡ª, explica que est¨¢n estudiando la presentaci¨®n de un recurso. Roberto Vallina, socio de la firma, opina que el dictamen ¡°protege a las instituciones frente a los inversores¡±. Para Ignacio Bulnes, de Aeris Invest, ¡°genera mucha incertidumbre y lanza una mala se?al¡±. Los abogados no ven err¨®neo que se proteja la estabilidad del sistema financiero, dado que es de inter¨¦s p¨²blico, pero s¨ª que se haga sin excepci¨®n a costa de los derechos de los inversores. En su opini¨®n, el Popular era solvente y pod¨ªa haber sobrevivido recibiendo m¨¢s liquidez en lugar de optar por su resoluci¨®n.

Los jueces europeos, por ahora, no est¨¢n atendiendo esos argumentos. El mes pasado, otra sentencia determin¨® que los accionistas que sufrieron p¨¦rdidas por la resoluci¨®n del Banco Popular no pueden reclamar compensaci¨®n al Banco Santander, y por tanto son los accionistas y los bonistas los que deben asumir los costes de la resoluci¨®n de la entidad para evitar que lo hagan los contribuyentes, que s¨ª se hicieron cargo de la factura de la crisis de las cajas de ahorros entre 2010 y 2012.