Las Administraciones p¨²blicas eluden pagar cerca de 24 millones al a?o por el uso de contenidos editoriales protegidos

Alerta contra el fraude en la reutilizaci¨®n de los derechos de autor editoriales. Un reciente estudio dirigido por el profesor de la Universidad Carlos III (Madrid) Julio Cervi?o y encargado por Cedro (la asociaci¨®n de autores y editores de libros, revistas, peri¨®dicos y partituras), avisa sobre los incumplimientos de remuneraci¨®n en el uso de contenidos editoriales y pone el foco sobre el sector p¨²blico. El informe cifra en 100 millones de euros el impacto econ¨®mi...

Alerta contra el fraude en la reutilizaci¨®n de los derechos de autor editoriales. Un reciente estudio dirigido por el profesor de la Universidad Carlos III (Madrid) Julio Cervi?o y encargado por Cedro (la asociaci¨®n de autores y editores de libros, revistas, peri¨®dicos y partituras), avisa sobre los incumplimientos de remuneraci¨®n en el uso de contenidos editoriales y pone el foco sobre el sector p¨²blico. El informe cifra en 100 millones de euros el impacto econ¨®mico de este fraude en Espa?a. Y remarca que instituciones y organismos p¨²blicos eluden el pago de 23,8 millones anuales por la reutilizaci¨®n de los derechos de autor, lo que resulta ¡°especialmente grave¡± puesto que, en algunos casos, las tarifas emanan de la propia Administraci¨®n. ¡°Las empresas que obtienen rentabilidad y valor de unos contenidos no entienden que tambi¨¦n tienen que remunerar a los creadores¡±, explica Jorge Corrales, director general de Cedro.

El sector se queja de la existencia de un fraude extendido por el que se facilitan unos contenidos para un fin determinado, pero se reutilizan para otras actividades, algo que perjudica a las empresas del sector. El caso m¨¢s paradigm¨¢tico es el de los res¨²menes de prensa: los editores ceden unos derechos a unas agencias o empresas de seguimiento de medios para que puedan elaborar dosieres o res¨²menes de prensa. El fraude surge cuando algunas de estas compa?¨ªas suministran a otras empresas finales el clipping, como se conoce popularmente este servicio, para que sea distribuido o puesto en la intranet corporativa de forma masiva entre un n¨²mero de usuarios, en muchos casos indeterminado, sin autorizaci¨®n de los titulares del derecho. Es decir, la empresa de seguimiento de medios paga una cantidad m¨ªnima por elaborar la revista de prensa. Despu¨¦s, distribuye ese contenido entre miles de empleados, colaboradores o clientes, lo que impacta directamente en un ahorro de miles de suscripciones a medios de comunicaci¨®n, puesto que usa de forma fraudulenta el resumen de prensa.

Se trata de una pr¨¢ctica habitual en grandes corporaciones, despachos de abogados o consultoras, pero la situaci¨®n tambi¨¦n est¨¢ generalizada en la Administraci¨®n P¨²blica ¡ªsalvo el caso de la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE) y otras pocas instituciones¡ª. Pese a que Espa?a tiene un sistema tarifario alejado de la media europea, este detalle resulta casi ¡°irrelevante porque los usuarios de los derechos no cumplen en absoluto con dichas tarifas¡±, sostiene el informe encargado por Cedro. ¡°Se est¨¢ penalizando a un colectivo y no se sabe bien en favor de qui¨¦n. Detr¨¢s de esta actividad existe una falta de valoraci¨®n del contenido editorial¡±, remarca Corrales.

El informe evidencia que ¡°el efecto de liderazgo¡± por parte de las Administraciones p¨²blicas tambi¨¦n arrastra a muchas compa?¨ªas privadas a eludir el pago cuando se reparten masivamente entre sus empleados res¨²menes de prensa o se reproducen libros o partes de ellos (para formaci¨®n, por ejemplo). ¡°No ocurre en ning¨²n otro pa¨ªs de la UE que los organismos p¨²blicos no est¨¦n pagando los derechos por el uso de los res¨²menes de prensa. Supone una clara desventaja competitiva del sector editorial espa?ol respecto al resto de Europa¡±, a?ade el director general de Cedro.

El an¨¢lisis comparado de la situaci¨®n en Espa?a y en Europa, donde hay distintas maneras de compensar por estos derechos, muestra que la tarifa espa?ola es m¨¢s barata. El problema viene, sobre todo, del lado del incumplimiento, ya que en la realidad se recauda solo una tercera parte del promedio de los 22 pa¨ªses analizados (los de la UE que tienen alg¨²n sistema de derechos establecido, m¨¢s Suiza y Noruega). Mientras la retribuci¨®n media es de 1,52 euros por habitante al a?o, en Espa?a la cifra queda recortada a 0,48 euros.

Es decir, pese a la existencia de tarifas m¨¢s baratas y de sistemas que facilitan la remuneraci¨®n de los derechos de autor (tales como tarifas planas por empleado), ni organizaciones p¨²blicas ni privadas pagan por la licencia para reproducir contenidos editoriales. En el caso de la prensa, adem¨¢s, se suma un segundo perjuicio procedente de las Administraciones y es que en los concursos que sacan para hacer seguimiento de las informaciones publicadas en medios han reducido dr¨¢sticamente los precios en los ¨²ltimos a?os. Esto, a su vez, obliga a las empresas de seguimiento a hacer ¡°equilibrios¡± en sus presupuestos destinados al pago de derechos a las editoriales de prensa.

El resultado es que el sector espa?ol de prensa percibe menos de un cuarto de mill¨®n por licencias de uso de prensa en el sector p¨²blico, cuando el mercado potencial se calcula en varios millones de euros. La cifra en derechos de autor que se paga a la prensa en Espa?a est¨¢ muy lejos de los 17 millones de Francia, los 16,6 millones de Alemania o los m¨¢s de 44 millones del Reino Unido. Eso, se?ala el estudio, genera una ¡°desventaja competitiva¡± para el sector espa?ol y sus empresas respecto a sus hom¨®logas europeas.

Fuentes de Cedro explican que, si las Administraciones p¨²blicas pagaran por la reutilizaci¨®n de los derechos de autor, podr¨ªan recuperar el 80% del coste. El informe elaborado por el profesor de la Universidad Carlos III concluye que, si los organismos p¨²blicos eluden 24 millones por este concepto, podr¨ªan recuperar casi 20 millones por los efectos directos sobre el empleo, la actividad y la recaudaci¨®n fiscal.

¡°Las empresas de seguimiento de medios, conocidas como clippineras, que se dedican a elaborar res¨²menes de prensa para Administraciones p¨²blicas, empresas y otras organizaciones, deben valorar su materia prima, que son las noticias. En los ¨²ltimos a?os, lamentablemente, el mercado de seguimiento de noticias ha impuesto una devaluaci¨®n del producto al reducir el presupuesto para esta actividad¡±, admite Corrales.

Desde Cedro plantean que ser¨ªa bueno para todo el sector editorial que se siguiera la estela de otros pa¨ªses europeos en los que el gobierno suscribe una ¨²nica licencia para todos los niveles de la administraci¨®n, ya sea nacional, auton¨®mica o local; luego, se liquida internamente con cada una. En el caso del tejido asociativo tambi¨¦n existe una soluci¨®n v¨ªa convenios de colaboraci¨®n que garantizan el cumplimiento de la ley por parte de las empresas. Cada asociado puede adherirse a estos, quedando regularizado as¨ª el uso de material protegido. ¡°No va a desestabilizar al presupuesto de ning¨²n departamento de comunicaci¨®n o cumplimiento normativo de una empresa ni, por supuesto, el presupuesto de una Administraci¨®n p¨²blica¡±, apunta Corrales.

Pirater¨ªa digital

A todo ello se une, adem¨¢s, la pirater¨ªa digital. Mientras el fen¨®meno parece que pierde fuerza en la m¨²sica o en los contenidos audiovisuales, va al alza en medios digitales y libros. Estos ¨²ltimos son ya el contenido que m¨¢s frecuentemente se consume de manera ilegal en Europa tras las grabaciones de televisi¨®n. Un 35% de los internautas confiesa haber accedido a libros electr¨®nicos sin el correspondiente pago de derechos a lo largo de 2022, seg¨²n el ¨²ltimo Observatorio de pirater¨ªa y h¨¢bitos de consumo de contenidos digitales. En segundo lugar, est¨¢ la m¨²sica, cuyo consumo ilegal retrocedi¨® de un 38% en 2021 a un 32% el a?o pasado. Y el tercer lugar lo ocuparon los peri¨®dicos digitales, que presentan adem¨¢s el mayor incremento y el patr¨®n de consumo m¨¢s desequilibrado. Mientras los que confiesan haberlo hecho mediante pirater¨ªa pasaron de un 23% a un 26%, los que dijeron hacerlo de manera legal bajaron del 6% al 4%.

Los editores de peri¨®dicos y revistas hubieran ingresado 495 millones de euros m¨¢s al a?o de no ser por el consumo de contenidos piratas. Sumando el resto de los contenidos que contempla el estudio, elaborado por la Coalici¨®n de Creadores de Contenidos Digitales (una agrupaci¨®n de asociaciones empresariales que representan a los sectores afectados), el da?o conjunto para el sector privado se estima en 1.995 millones de euros para 2022. Como consecuencia de ese lucro cesante, Espa?a pierde hasta 14.226 empleos directos. Partiendo de la consideraci¨®n de que cada empleo directo crea unos seis indirectos, la merma laboral se estima en m¨¢s de 85.000 puestos.

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