La autoridad fiscal europea reclama a Espa?a un ajuste ¡°adicional¡± para aprovechar la buena marcha de la econom¨ªa
El Consejo Fiscal de la UE pide que en 2025 se aplique una pol¨ªtica presupuestaria restrictiva en la zona euro
El a?o que viene la zona euro saldr¨¢ de su estancamiento y su crecimiento de acercar¨¢ al 1% del PIB. Es el momento de que los pa¨ªses del ¨¢rea monetaria hagan un esfuerzo para equilibrar sus cuentas p¨²blicas, muy cargadas de deuda por la sucesi¨®n de crisis sist¨¦micas en los ¨²ltimos 15 a?os (estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, pandemia de la covid-19 y crisis energ¨¦tica). Y deben ser los pa¨ªses con un mayor nivel de deuda, los que hagan un esfuerzo mayor. En ese grupo est¨¢ Espa?a, que se ha librado por los pelos del procedimiento de d¨¦ficit excesivo pero sigue con una deuda por encima del 100% de PIB, y, por tanto, forma parte del quinteto de Estados que deber¨ªan aplicarse m¨¢s en sanear sus cuentas p¨²blicas. Todo este razonamiento previo forma parte del informe de situaci¨®n fiscal en la zona euro que ha presentado este mi¨¦rcoles el Consejo Fiscal Europeo, un ¨®rgano de la UE que es homologable a la Airef en Espa?a.
Para el Consejo Fiscal, ha llegado el momento ser m¨¢s restrictivo en pol¨ªtica fiscal, puesto que el renacido dinamismo econ¨®mico da margen para eso. Eso implica retirar todas o la mayor¨ªa de apoyo que se desplegaron en la crisis inflacionaria de 2022 y que todav¨ªa est¨¢n vigentes en bastantes Estados miembros de la UE. Subraya el organismo que preside el dan¨¦s Niels Thygesen que para este a?o la previsi¨®n de d¨¦ficit agregado de la zona euro es del 2,8%, ¡°pr¨¢cticamente igual que el a?o anterior¡±. Y eso, destaca, ¡°teniendo en cuenta la supuesta aceleraci¨®n del PIB real y la prevista desaparici¨®n gradual de las restantes medidas temporales de apoyo¡±.
Seg¨²n sus c¨¢lculos, en 2025 las medidas restrictivas de gasto apenas supondr¨¢n un ajuste del 0,1%. ¡°Este nivel de apoyo fiscal discrecional es excesivo teniendo en cuenta las condiciones econ¨®micas previstas descritas¡±, insiste, ¡°la persistencia de un alto nivel de deuda en algunos pa¨ªses y el impacto del gasto p¨²blico financiado con subvenciones del fondo de recuperaci¨®n¡±. Por tanto, apunta que los proyectos de presupuestos de 2025 deben contener nuevas medidas de ajuste.
Durante las 20 p¨¢ginas del informe la idea de que la buena marcha de la econom¨ªa el a?o que viene, da margen para apretarse el cintur¨®n se repite varias veces. Tambi¨¦n cuando pone el foco sobre los pa¨ªses que tienen m¨¢s niveles de deuda: Grecia, Italia, Francia, Espa?a y B¨¦lgica, los pa¨ªses que en los an¨¢lisis de deuda de la Comisi¨®n Europea est¨¢n clasificados como de riesgo alto a medio plazo. ¡°Deber¨ªan aprovechar la oportunidad para hacer un esfuerzo adicional y reducir el d¨¦ficit presupuestario. Esto estar¨ªa en consonancia con el basado en el riesgo y espec¨ªfico para cada pa¨ªs que sustenta el marco reformado¡±, a?ade.
En esta ¨²ltima frase, el Consejo Fiscal se refiere a las nuevas reglas fiscales que empiezan a aplicarse este a?o. Hace unos d¨ªas, la Comisi¨®n Europea entreg¨® a cada Estados su an¨¢lisis individual de deuda para que preparen sus planes de ajuste plurianuales. Est¨¢n obligados a hacerlos todos los pa¨ªses que superen el 60% de deuda sobre el PIB y/o los que superen el 3% de d¨¦ficit anual. Estos requisitos, sin duda, incluyen a Espa?a y a los otros pa¨ªses se?alados por el Consejo Fiscal. Tambi¨¦n a bastantes otros como Portugal o Alemania. Esos planes son, en principio, de cuatro a?o, pero pueden ampliarse hasta siete si el estado concernido se compromete a hacer reformas que aseguren la sostenibilidad del gasto e inversiones que impulsen la econom¨ªa.
De forma general, para este primer a?o de aplicaci¨®n de la nueva norma que ser¨¢ 2025, la reclamaci¨®n es ¡°el cumplimiento de los l¨ªmites m¨¢ximos de crecimiento del gasto neto¡±. La petici¨®n no es balad¨ª, puesto que juntos a esos planes plurianuales, la otra gran piedra angulas del marco fiscal reformado es una regla de gasto en la que el Estado correspondiente debe comprometerse a no tener un gasto estructural por encima de lo que ingresa.
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