Los nuevos pisos tur¨ªsticos necesitar¨¢n contar con permiso de la comunidad de vecinos

Que los vecinos den el visto bueno a cada apartamento tur¨ªstico. Esa es una de las ideas del Ejecutivo para frenar la proliferaci¨®n de casas vacacionales en Espa?a, seg¨²n una enmienda que el grupo socialista presentar¨¢ en el Congreso. El texto modifica la Ley sobre propiedad horizontal para reforzar el papel de las comunidades de propietarios en este asunto e impone, en el caso de nuevos pisos que se vayan a dedicar a este fin, la necesidad de obtener un permiso del resto de vecinos. En caso de no tenerlo, advierte que el presidente, a iniciativa propia o de cualquiera de los vecinos, podr¨¢ pedir el cese de la actividad ¡°bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes¡±, seg¨²n el texto que ha adelantado la Cadena SER y al que ha tenido acceso EL PA?S.

La reforma se aprovechar¨¢ para reforzar una facultad que ya tienen las comunidades de propietarios desde 2019: vetar los pisos tur¨ªsticos en el edificio. Esto requiere el voto favorable de tres quintas partes de los vecinos y ahora se especificar¨¢ que debe hacerse por ¡°acuerdo expreso¡± en el que se ¡°apruebe, limite, condicione o proh¨ªba¡± los pisos tur¨ªsticos. Es decir, que incentiva a que el asunto tenga que tratarse en la reuni¨®n de escalera. Esos mismos t¨¦rminos son los que se aplican para el permiso individual que deben obtener los nuevos apartamentos. En el caso de que un piso se alquile sin ese permiso, como sucede con otras actividades consideradas nocivas o insalubres, o simplemente que no forman parte del uso residencial que a priori deber¨ªan tener las viviendas, la f¨®rmula es que el presidente d¨¦ el aviso ¡°a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes¡±. Es decir, que tambi¨¦n un inquilino puede requerir ese paso, aunque la norma, con car¨¢cter general, establece que en el caso de tener que demandar judicialmente se requiere el acuerdo de la junta de propietarios, en la que no participan los arrendatarios.

En ninguno de los dos casos, como suced¨ªa hasta ahora por una cuesti¨®n de seguridad jur¨ªdica, se aplican las nuevas reglas de manera retroactiva. Esto implica que los pisos que ya existen pueden seguir funcionando si respetan la normativa vigente en el momento en que empezaron a alquilarse a turistas. Esto no impide la posibilidad de extinguir los existentes por otras v¨ªas, como pretende hacer el Ayuntamiento de Barcelona bas¨¢ndose en normativa propia y de la Generalitat.

¡°El incremento de viviendas de uso tur¨ªstico ha provocado varios efectos no deseados¡±, justifica el texto legal, que deber¨¢ aprobar el Congreso. Entre las consecuencias detectadas, cita problemas ¡°de convivencia y molestias¡±, pero tambi¨¦n ¡°la reducci¨®n de vivienda para el alquiler residencial, el incremento de precios de los arrendamientos para vivienda habitual y en muchas ocasiones una progresiva gentrificaci¨®n de muchos barrios¡±.

Apoyo a ayuntamientos y comunidades

La enmienda se?ala que, con esta iniciativa, el Estado busca ¡°contribuir a las medidas que se est¨¢n adoptando por otras Administraciones locales y auton¨®micas¡±. En los ¨²ltimos meses, bajo la batuta del Ministerio de Vivienda, el Gobierno se ha reunido con comunidades y ayuntamientos para abordar el asunto de los apartamentos tur¨ªsticos, que considera, como muchos expertos, que est¨¢ incidiendo sobre los precios de las casas porque limita la oferta residencial disponible en una situaci¨®n de escasez general. Fruto de esas reuniones, el departamento que dirige Isabel Rodr¨ªguez anunci¨® el adelanto de la nueva normativa europea para tener un registro ¨²nico de casas que se alquilan a trav¨¦s de plataformas digitales por plazos inferiores a un a?o. El Ejecutivo ha prometido tener lista antes de acabar 2025 esa herramienta, que otorgar¨¢ a cada casa una ¡°matr¨ªcula ¨²nica¡±. De esta manera, se ayudar¨¢ a identificar la oferta ilegal, que es uno de los problemas que se han detectado.

El pasado diciembre se anunci¨® la formaci¨®n de un grupo interministerial, en el que han participado otros departamentos como el de Turismo, para estudiar otras medidas en las que el Gobierno tuviera competencias. Tocar la Ley sobre propiedad horizontal era una de las posibilidades que se barajaban desde el principio, junto con algunas iniciativas de tipo fiscal, que se siguen estudiando. El cambio que se lleva ahora al Congreso es uno de los primeros pasos en un asunto en el que la mayor capacidad de acci¨®n corresponde a las comunidades aut¨®nomas, que tienen transferidas las competencias en turismo, y los ayuntamientos, que tambi¨¦n pueden intervenir a trav¨¦s de las ordenanzas y la normativa urban¨ªstica.

Seg¨²n los ¨²ltimos datos que maneja el INE, el pasado febrero (la muestra se toma dos veces al a?o, en invierno y verano) Espa?a contaba con m¨¢s de 350.000 apartamentos tur¨ªsticos. Esas cifras reflejan la oferta que tienen activa plataformas digitales como Airbnb, que en ocasiones poco tiene que ver con las licencias concedidas. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, reconoc¨ªa el a?o pasado menos de 300 pisos autorizados (aunque ha regularizado muchos a lo largo de este a?o) frente a los 16.000 que operaban en la ciudad en febrero seg¨²n el instituto estad¨ªstico. Y ese descuadre entre oferta legal e ilegal (o en ocasiones alegal) se repite en muchas otras urbes frente a servicios de inspecci¨®n que se ven desbordados. La nueva iniciativa presentada por los socialistas en el Congreso tambi¨¦n busca ayudar a detectar y denunciar los apartamentos que funcionan sin licencia.

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