Cinco claves para entender la reforma de las pensiones

La edad efectiva media de jubilaci¨®n, es decir, a la que los espa?oles realmente se retiran, est¨¢ actualmente en los 64 a?os y seis meses, de acuerdo con el estudio Tendencias recientes en la edad de acceso a la jubilaci¨®n, elaborado por el Banco de Espa?a; mientras que la legal se sit¨²a en 65 a?os para aquellas personas que han cotizado 37 a?os y tres meses o m¨¢s y en 66 a?os para las que han cotizado menos tiempo. Uno de los objetivos del anteproyecto de ley de las pensiones aprobado por el Consejo de Ministros es, entre otros, aumentar la edad efectiva para acercarla a la legal.

La norma, fruto del acuerdo con sindicatos y patronales, es la primera parte de una reforma que el Gobierno ha comprometido con Bruselas dentro del Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia (PRTR). La futura modificaci¨®n apuesta por que el ajuste en el sistema recaiga principalmente en la generaci¨®n del baby boom, los nacidos entre 1960 y 1970.

Est¨¢ pendiente una segunda fase en la que se afrontar¨ªan otros aspectos como el factor de sostenibilidad, que liga la pensi¨®n a la esperanza de vida y calcula la cuant¨ªa de acuerdo con estad¨ªsticas demogr¨¢ficas para estimar los a?os que vivir¨¢ el jubilado y, por tanto, durante cu¨¢nto tiempo disfrutar¨¢ de la prestaci¨®n, y la ampliaci¨®n del periodo de c¨¢lculo de la pensi¨®n.

La primera parte de esta reforma, sin embargo, ha regulado cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Son las siguientes.

Liga la pensi¨®n al IPC y elimina las ¡®paguillas¡¯ compensatorias

Las pensiones se revalorizar¨¢n con el ¨ªndice de precios de consumo (IPC) anualmente. El IPC es un indicador que mide el precio de la vida a partir de los importes en productos b¨¢sicos de la cesta de la compra y los carburantes, entre otros. Se actualiza anualmente para que sirva de referencia a la hora de calcular, por ejemplo, las pensiones, y evitar as¨ª que, aunque el ciudadano cobre la misma cuant¨ªa, pierda poder adquisitivo.

Ligar las pensiones al IPC significa que cuando suban estos precios, la pensi¨®n lo har¨¢ en la misma proporci¨®n. Esto ser¨¢ siempre as¨ª menos cuando el IPC no crezca o decrezca (inflaci¨®n negativa), en cuyo caso las pensiones quedar¨¢n congeladas. Con la nueva norma dejar¨¢n de utilizarse las previsiones de inflaci¨®n para su revalorizaci¨®n, eliminando as¨ª las llamadas paguillas compensatorias. ¡°Esto supone que desaparecer¨¢ la famosa compensaci¨®n que realiza el Gobierno a comienzos de cada a?o¡±, se?ala Roc¨ªo Gallego Losada, autora de El dilema de las pensiones en Espa?a (Tirant, 2016) e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Esta paguilla se calcula en funci¨®n de la cantidad que sube el IPC anual respecto a la previsi¨®n que se realiza a principios de a?o, explica esta experta. Es una forma de corregir la diferencia entre la subida del IPC real y la que hab¨ªa previsto el Gobierno. Pero con la reforma dejar¨¢ de hacerse, pues no se tendr¨¢n en cuenta las previsiones.

Penaliza las jubilaciones anticipadas voluntarias

La nueva ley pretende reducir las jubilaciones anticipadas a las que se accede dos a?os antes de la edad legal de jubilaci¨®n si se ha cotizado durante 35 a?os. Para ello modifica una penalizaci¨®n que ya existe, pero que se aplica de forma menos efectiva. Con la reforma, si un trabajador con menos de 38 a?os y medio cotizados se jubila 24 meses antes de lo que le corresponde, reducir¨¢ su pensi¨®n un 21%, cinco puntos m¨¢s que hasta ahora, que la reduc¨ªa un 16%. Aunque si lo hace a partir de 22 meses antes, la reducci¨®n ser¨¢ menor progresivamente. A los 12 meses, por ejemplo, la disminuci¨®n ser¨¢ del 5,5% en vez del 8% actual. As¨ª se fomenta que la jubilaci¨®n anticipada se retrase algunos meses.

Adem¨¢s, las penalizaciones se aplicar¨¢n de otra forma. ¡°Actualmente se realizan sobre la base reguladora del beneficiario de la pensi¨®n¡±, explica Gallego Losada. La base reguladora es una cifra que se calcula conforme al tiempo que ha cotizado un trabajador. La cuant¨ªa de la pensi¨®n que percibir¨¢ corresponder¨¢ a un porcentaje de esa base reguladora.

¡°Eso significa que, si el sueldo es alto y se cotiza por encima de la pensi¨®n m¨¢xima [2.683,34 euros mensuales], la reducci¨®n que se aplica a su base puede implicar que, incluso una vez descontado este porcentaje, la base siga por encima y le corresponda la pensi¨®n m¨¢xima¡±. Un ejemplo: la base reguladora de un trabajador est¨¢ en 3.000 euros. Este decide acogerse a una jubilaci¨®n anticipada voluntaria, por lo cual se le realiza una penalizaci¨®n de 200 euros a aplicar sobre los 3.000 euros de su base reguladora. Seg¨²n esto, su pensi¨®n deber¨ªa ser de 2.800 euros, lo que supone que la penalizaci¨®n no funciona, ya que seguir¨¢ recibiendo el m¨¢ximo (2.683,34 euros). La reducci¨®n por jubilaci¨®n anticipada, por tanto, no es real.

El endurecimiento se llevar¨¢ a cabo aplicando la penalizaci¨®n directamente sobre la pensi¨®n, aunque este recorte no entrar¨¢ en vigor hasta dentro de dos a?os. En el caso anterior, la pensi¨®n se reducir¨ªa desde los 2.683,34 euros a los 2.483,34 euros. Con este cambio se elimina un resquicio que permit¨ªa a los futuros pensionistas, que contaban con un salario elevado por encima del m¨¢ximo, jubilarse anticipadamente sin penalizaci¨®n alguna.

De este cambio se libran los trabajadores cuyo contrato haya terminado antes del 1 de enero de 2022 y no regresen al sistema de la Seguridad Social por un periodo mayor a un a?o. Tambi¨¦n aquellos que se jubilen anticipadamente por raz¨®n de un expediente de regulaci¨®n de empleo (ERE), por su convenio o por un procedimiento concursal, entre otras razones, que se haya aprobado antes del 1 de enero del 2022. Adem¨¢s, si en algo les beneficia el nuevo sistema, podr¨¢n elegirlo. Las personas que se jubilen anticipadamente y de forma involuntaria y aquellas que lleven tres meses con el subsidio asistencial de desempleo tambi¨¦n quedan exentas de esta correcci¨®n de la pensi¨®n m¨¢xima.

Esto ser¨¢ as¨ª en las pensiones m¨¢s altas. Pero se da la paradoja de que en la mayor¨ªa de los casos, la penalizaci¨®n por la jubilaci¨®n anticipada ser¨¢ menor que en la actualidad. Los coeficientes que reducen la cuant¨ªa por retirarse antes se aplicar¨¢n por cada mes que se anticipa la jubilaci¨®n, en lugar de hacerlo por trimestres como se hac¨ªa hasta ahora. La intenci¨®n es que las penalizaciones sean m¨¢s graduales para que el trabajador tenga incentivos por retrasar su retiro. En la pr¨¢ctica consiguen penalizaciones menores aunque sean m¨¢s graduales.

Incentiva la jubilaci¨®n demorada

El esquema actual para alargar la vida laboral m¨¢s all¨¢ de la edad de jubilaci¨®n no ha surtido el efecto buscado. Los expertos lo atribuyen a la falta de incentivos financieros. ¡°De ah¨ª que ahora se busque motivar de una manera efectiva esa demora en la edad de jubilaci¨®n¡±, considera Gallego Losada.

En primer lugar, al llegar a la edad legal de jubilaci¨®n y seguir trabajando, se eliminar¨¢ la cotizaci¨®n a la Seguridad Social por contingencias comunes (el dinero que se aporta a esta entidad para proteger al trabajador en caso de enfermedad o accidente) con lo cual hay una subida efectiva en el sueldo de un 4,07%. Adem¨¢s, ¡°se ofrecer¨¢n tres tipos de incentivos para el retraso de la jubilaci¨®n, a elegir por el trabajador, por cada a?o de demora¡±, explica la investigadora de la URJC.

La primera opci¨®n es un incremento de la pensi¨®n del 4% por cada a?o de retraso. Esto supone un aumento, pues la subida actual, antes de la aplicaci¨®n de la reforma se sit¨²a en el 2% y el 4%. La segunda es concentrar este beneficio en un ¨²nico pago (que depender¨¢ del n¨²mero de a?os cotizados y no podr¨¢ superar los 12.000 euros). Por ¨²ltimo, el trabajador podr¨¢ optar por una combinaci¨®n de ambos incentivos. ¡°Esto no afectar¨¢ a las profesiones de alta penosidad, que engloba a trabajadores mineros, personal del transporte a¨¦reo o ferroviario, entre otros, que mantienen las ventajas del retiro laboral por la peligrosidad de su labor¡±, puntualiza Gallego Losada.

Equilibrio intergeneracional

La reforma deroga el factor de sostenibilidad introducido en el a?o 2013. Este es uno de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos. ¡°El factor de sostenibilidad nunca lleg¨® a aplicarse en la pr¨¢ctica¡±, puntualiza ?ngel de la Fuente, director de la Fundaci¨®n de Estudios de Econom¨ªa Aplicada (Fedea). En la teor¨ªa supon¨ªa la revisi¨®n a la baja de la cuant¨ªa inicial de la pensi¨®n para compensar los efectos sobre las cuentas del aumento de la esperanza media de vida con la edad legal de jubilaci¨®n.

En su lugar, la reforma pretende crear un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que entrar¨¢ en vigor en el a?o 2027, que a¨²n se est¨¢ negociando y cuya aprobaci¨®n se espera para noviembre, en el segundo paquete de medidas. ¡°No se conoce como funcionar¨¢ el nuevo mecanismo, pero, para que ayude a asegurar la sostenibilidad del sistema, deber¨ªa parecerse al que se deroga¡±, sostiene De la Fuente. El hecho de que se prevea su puesta en marcha para el a?o 2027 no es casual. Llegar¨¢ en uno de los momentos cr¨ªticos para el sistema de pensiones: las jubilaciones de la generaci¨®n del baby boom, especialmente numerosa.

El traslado de gastos al Estado

Los ingresos que se obtengan a trav¨¦s de las cotizaciones se destinar¨¢n a pagar las pensiones, y el resto de los gastos de la Seguridad Social pasar¨¢n al Estado, de modo que se financiar¨¢ con impuestos. Se culmina as¨ª un proceso de separaci¨®n de fuentes de financiaci¨®n que se inici¨® hace 20 a?os. El Estado ha ido asumiendo gradualmente el coste de algunos desembolsos que antes pagaba la Seguridad Social con sus ingresos por cotizaciones, entre ellos, las pensiones que percib¨ªan algunos ciudadanos que no hab¨ªan cotizado lo suficiente, adem¨¢s de los complementos para subir hasta la pensi¨®n m¨ªnima las prestaciones que se quedar¨ªan por debajo de ese nivel.

¡°Este proceso de traspasar al Estado costes impropios de la Seguridad Social es lo que se conoce como separaci¨®n de fuentes¡±, se?ala el director de Fedea. ¡°Hasta hace poco, se consideraba que el proceso de separaci¨®n estaba pr¨¢cticamente completo, excepto en lo que respecta a algunas bonificaciones de cuotas sociales para el fomento del empleo que segu¨ªa soportando la Seguridad Social. Ahora el Gobierno plantea que hay m¨¢s gastos que deber¨ªa asumir el Estado¡±, concluye.