Los costes de la regulaci¨®n excesiva

La regulaci¨®n es una herramienta fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna. Cuando est¨¢ bien dise?ada, establece reglas claras que reducen la incertidumbre, protegen derechos y facilitan la actividad econ¨®mica. Pueden eliminar fallos del mercado al establecer correctamente las reglas del juego o los derechos de propiedad y pueden evitar la generaci¨®n de externalidades. Una sociedad sin regulaci¨®n colapsar¨ªa sobre s¨ª misma. Sin embargo, cuando ...

La regulaci¨®n es una herramienta fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna. Cuando est¨¢ bien dise?ada, establece reglas claras que reducen la incertidumbre, protegen derechos y facilitan la actividad econ¨®mica. Pueden eliminar fallos del mercado al establecer correctamente las reglas del juego o los derechos de propiedad y pueden evitar la generaci¨®n de externalidades. Una sociedad sin regulaci¨®n colapsar¨ªa sobre s¨ª misma. Sin embargo, cuando la regulaci¨®n se vuelve excesiva o demasiado compleja, puede convertirse en una carga que obstaculiza el desarrollo econ¨®mico y social.

Espa?a ofrece un caso de estudio particularmente relevante de este fen¨®meno. Sobre esta cuesti¨®n dedica buena parte de su investigaci¨®n el economista Juan S. Mora-Sanguinetti y que seg¨²n algunos de sus resultados muestran que en los algo m¨¢s de 40 a?os de democracia las Administraciones espa?olas han aprobado m¨¢s de 411.000 normas nuevas, con un ritmo que no deja de acelerarse: solo en 2021 se aprobaron 12.704 normas adicionales. Estas normas, en su mayor¨ªa hasta donde sabemos, generadas por comunidades aut¨®nomas, terminan por tejer una red que, como una telara?a, ralentiza y termina matando cualquier ¨ªmpetu de crecimiento deseado.

Por poner un ejemplo actual, podemos mencionar la regulaci¨®n sobre la edificaci¨®n. Diversos estudios ya han se?alado que, entre otras causas, la regulaci¨®n que se concreta en los procedimientos necesarios para la gesti¨®n y desarrollo de proyectos urban¨ªsticos y de edificaci¨®n es uno de los grandes factores que determinan la escasez de oferta. Dicha regulaci¨®n elevar¨ªa precios y mermar¨ªa la capacidad de muchas familias para acceder a una vivienda.

Y es que Espa?a sufre de una inflaci¨®n regulatoria que estar¨ªa lastrando su econom¨ªa y competitividad seg¨²n diversos estudios como los del citado Mora-Sanguinetti y que, por ejemplo, muestra que por cada incremento del 1% en el volumen de regulaci¨®n, el n¨²mero de empresas a nivel local se reduce un 0,05%. El exceso regulatorio afecta especialmente a las sociedades limitadas y empresas de mayor tama?o, que ven limitada su capacidad de expansi¨®n entre diferentes comunidades aut¨®nomas debido a la fragmentaci¨®n normativa, consecuencia nefasta y derivada no solo de la expansi¨®n regulatoria sino de la delimitaci¨®n territorial de sus efectos normativos, lo que establece una clara ruptura de lo que llamar¨ªamos el mercado ¨²nico.

En concreto, y siguiendo estos estudios, podr¨ªamos argumentar que la complejidad regulatoria en Espa?a tiene tres dimensiones principales. La primera es puramente cuantitativa: el elevado n¨²mero de normas y su procedencia de m¨²ltiples niveles administrativos (estatal, auton¨®mico y local) que se acumula una sobre la otra haciendo casi inviable su seguimiento. La segunda es ling¨¹¨ªstica: la redacci¨®n cada vez m¨¢s compleja y t¨¦cnica de las normas, que dificulta su comprensi¨®n y genera elevados costes de asimilaci¨®n por quienes deben seguirlas. La tercera es relacional: las normas hacen referencias cruzadas a otras disposiciones, con una media de 11 enlaces por norma nueva. A menos que adoptemos la cultura de la simplificaci¨®n y de la fusi¨®n de texto, seguir una regulaci¨®n para una cuesti¨®n particular puede convertirse en un ejercicio que nos llevar¨ªa sin duda a coquetear con la locura.

Pero los efectos van m¨¢s all¨¢ de lo empresarial. La complejidad normativa tambi¨¦n impacta negativamente en la productividad y ralentiza el funcionamiento del sistema judicial. Un sistema judicial menos eficiente, a su vez, reduce la proporci¨®n de vivienda en alquiler, el acceso al cr¨¦dito y la inversi¨®n empresarial, entre otras cuestiones. En general, un sistema judicial ineficiente introduce desconfianza por parte de los agentes en el sistema legal, lo que introduce incertidumbre y act¨²a como corrosi¨®n para el crecimiento.

Podr¨ªamos decir que somos conscientes de este coste. As¨ª, y por ejemplo, desde los a?os 90 han surgido iniciativas de better regulation para mejorar la calidad normativa. En el caso espa?ol disponemos del Real Decreto 931/2017 que establece requisitos para analizar el impacto de las nuevas normas, aunque los expertos consideran que a¨²n hay margen de mejora. Entre las propuestas destacan la necesidad de reducir referencias cruzadas entre normas, desarrollar gu¨ªas de redacci¨®n m¨¢s claras y evaluar mejor el peso de cada nueva norma en el ordenamiento jur¨ªdico. En algunas administraciones, como la andaluza, han desarrollado actuaciones para simplificar y reducir la carga normativa. Pero no es suficiente; Espa?a necesita una dieta regulatoria.

Si bien cierto nivel de regulaci¨®n es necesario para el funcionamiento del mercado y la protecci¨®n de derechos, el exceso normativo actual est¨¢ generando costes significativos para la econom¨ªa y la sociedad. La simplificaci¨®n y racionalizaci¨®n del marco regulatorio deber¨ªa ser una prioridad para mejorar la competitividad econ¨®mica del pa¨ªs. Sin embargo, el reto no es solo reducir el n¨²mero de normas, de hecho no deber¨ªa ser el primero de los objetivos. La principal tarea debe dirigirse hacia la mejora de la calidad, claridad y coherencia de la regulaci¨®n. Solo as¨ª se podr¨¢ alcanzar un equilibrio entre la necesaria regulaci¨®n de la actividad econ¨®mica y social, y la flexibilidad que requiere una econom¨ªa din¨¢mica y competitiva.