La pesada carga de la regulaci¨®n

Las cifras de ejecuci¨®n de fondos europeos en nuestro pa¨ªs son, una vez m¨¢s, una muestra de que algo no funciona. El marco financiero que encajaba los fondos estructurales para el periodo 2014-2021 ha mostrado durante todo el tiempo un ritmo de ejecuci¨®n excepcionalmente bajo. Los fondos Next Generation, a su vez, nos recuerdan, una vez m¨¢s, que en Espa?a es muy dif¨ªcil movilizar la ejecuci¨®n de inversiones, al menos cuando est¨¢n dirigidas por las administraciones. Estas, por decirlo suavemente, est¨¢n dise?adas para no ejecutar este tipo de gasto.

Es evidente que esta dificultad responde, en parte, a la naturaleza procedimental imperante en las administraciones. Tras a?os de destapes de casos de corrupci¨®n, las garant¨ªas para los procedimientos son tales que hoy en d¨ªa es muy complicado dar un paso dentro de un procedimiento si el funcionario o cargo de turno no tiene garant¨ªas por duplicado o triplicado de que todo es correcto y conforme a la norma. Informes, dict¨¢menes, firmas y m¨¢s firmas retrasan los procedimientos. Por otro lado, la Ley de Contratos del Sector P¨²blico de 2018 es compleja y termina incentivando el uso de procedimientos simples, pero de m¨¢s f¨¢cil control, aunque esto implique retrasar dichos procedimientos. Tal es la complejidad y la dificultad de la gesti¨®n de contratos en este pa¨ªs que los cursos para funcionarios sobre la ley se convierten m¨¢s en sesiones terap¨¦uticas sobre su gesti¨®n que en m¨®dulos de aprendizaje. Lo he visto.

Pero hay m¨¢s. Hace unos d¨ªas, Juan Mora-Sanguinetti, economista s¨¦nior de Banque de France y antes en el Banco de Espa?a, y sus coautores publicaron un trabajo donde evaluaban los efectos de la regulaci¨®n o, mejor dicho, la sobrerregulaci¨®n. Lo que uno esperaba es precisamente lo que encontraba, pero inteligentemente ellos han sido capaces de medir el efecto: el exceso de regulaci¨®n implica un obst¨¢culo para la inversi¨®n y el crecimiento. Un Estado, 17 comunidades aut¨®nomas y miles de corporaciones locales generan un corpus regulatorio que dificulta agilizar cualquier inversi¨®n. Y es que aqu¨ª entramos en otra cuesti¨®n. Los parlamentarios, ya sean del Estado o de las comunidades, incluso los concejales, tienen incentivos a regular. Qu¨¦ mejor modo de demostrar al electorado que un parlamentario se gana el sueldo por regulaci¨®n que impulsa y aprueba, por decreto ley o ley org¨¢nica que proponen. Y adem¨¢s se vende como algo bueno el demostrar que se regula, como si as¨ª lo fuera por defecto.

Pero adem¨¢s de un exceso de regulaci¨®n, nos enfrentamos a un hecho que, en la sombra, tambi¨¦n genera obst¨¢culos en la ejecuci¨®n de inversiones, tanto p¨²blicas como privadas. Proveniente de varios niveles de la administraci¨®n, la regulaci¨®n en Espa?a a veces se solapa, a veces se contradice y, en ocasiones, es complejo comprender cu¨¢l de ellas prevalece. Es m¨¢s, incluso dentro de una misma administraci¨®n a veces no hay manera de articular una regulaci¨®n coherente sobre un tema despu¨¦s de a?os de decretos, ¨®mnibus, transitorias o adicionales, m¨¢s a¨²n cuando la pr¨¢ctica de refundir textos no existe en muchos casos.

Una de las expresiones m¨¢s negativas ocurre cuando un procedimiento administrativo requiere obtener permisos e informes favorables de varias administraciones. He tenido la oportunidad de vivirlo. Aunque una administraci¨®n pueda ser consciente de esto y proponer simplificaciones procedimentales para agilizar inversiones, el proceso se retrasa hasta que la administraci¨®n m¨¢s lenta resuelva su expediente. No sirve de nada que una administraci¨®n haga esfuerzos para agilizar si otra no lo hace en un Estado descentralizado como el nuestro. Incluso inversiones de miles de millones pueden detenerse debido a las dudas de un funcionario municipal, poniendo en peligro cientos de empleos en una actividad de alto valor a?adido. Vivimos una etapa de reformismo impuesto por la ejecuci¨®n de un plan econ¨®mico. En este contexto, deber¨ªamos exigir un pacto entre las administraciones, as¨ª como una acci¨®n estatal, que extienda a todos los niveles de gesti¨®n el objetivo de simplificaci¨®n y desregulaci¨®n dentro de unos marcos aceptables. Sin esto, continuaremos ejecutando poco y, en muchos casos, de manera deficiente.

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