PP y PSOE pactan repartir entre el Parlamento y los jueces la elecci¨®n del CGPJ
Por primera vez, la judicatura presentar¨¢ una lista de candidatos para ser consensuada por las C¨¢maras
El acuerdo qued¨® "pr¨¢cticamente cerrado anoche" despu¨¦s de las numerosas conversaciones mantenidas durante el fin de semana para tratar de zanjar las cuestiones m¨¢s pol¨¦micas, seg¨²n fuentes socialistas, y ha sido anunciado hoy en rueda de prensa por el ministro de Justicia, Angel Acebes, y por el secretario de Libertades P¨²blicas y Desarrollo auton¨®mico del PSOE, Juan Fernando L¨®pez Aguilar.El pacto tendr¨¢ un coste aproximado de 250.000 millones de pesetas adicionales al presupuesto ordinario que se sufragar¨¢n en varios ejercicios. A¨²n as¨ª, el coste no es definitivo, ya que la cifra final no se obtendr¨¢ hasta que est¨¦ dise?ado el nuevo mapa judicial del Estado.
Las principales discrepancias entre populares y socialistas eran las relativas a la formaci¨®n del CGPJ. Mientras el PSOE deseaba un papel preponderante del Parlamento en la elecci¨®n de sus miembros, el Gobierno quer¨ªa que se diera mayor relevancia a las asociaciones de jueces.
Al final, se ha adoptado una soluci¨®n salom¨®nica. El Parlamento seleccionar¨¢ a 8 de los 20 miembros del CGPJ de entre "juristas de reconocido prestigio". Los 12 restantes ser¨¢n tambi¨¦n elegidos por las Cortes de entre los 36 nombres que proponga la judicatura a trav¨¦s de dos v¨ªas: las asociaciones judiciales y los jueces no afiliados. Esta f¨®rmula se aplicar¨¢ ya en la pr¨®xima renovaci¨®n del CGPJ, que debe estar lista antes del mes de julio.
Acebes y L¨®pez Aguilar han coincidido en que el nuevo sistema cumple el objetivo de despolitizar el ¨®rgano de gobierno de los jueces, al establecer una doble legitimaci¨®n judicial y parlamentaria de sus miembros, y logra la "paz constitucional" en el ¨²nico ¨®rgano recogido en la Constituci¨®n sobre cuya elecci¨®n no hab¨ªa consenso.
Otra de las novedades destacables del acuerdo es que establece en la Carrera Judicial un dise?o de las exigencias correspondientes a cada destino, condiciones para el acceso a determinados cargos y ¨®rganos especializados y limitaci¨®n del tiempo de permanencia en los mismos, entre los que ir¨ªan incluidos los jueces de la Audiencia Nacional.
El principio de acuerdo deber¨¢ recibir hoy el visto bueno de la Ejecutiva Federal del PSOE, a la cual trasladar¨¢ su contenido Juan Fernando L¨®pez Aguilar, secretario de Libertades P¨²blicas y Desarrollo Auton¨®mico del partido.
En la rueda de prensa conjunta de todos los firmantes, el ministro de Justicia y el responsable socialista han expresado su confianza en que el resto de grupos parlamentarios se sumen al Pacto. Acebes ha dicho que CiU y Coalici¨®n Canaria lo suscriben pr¨¢cticamente al cien por cien, aunque ha a?adido que deben ser los representantes de estos partidos los que confirmen su adhesi¨®n. Tambi¨¦n ha dicho que al acuerdo se incorpora el texto aprobado la semana pasada por el Gobierno y las siete comunidades aut¨®nomas con competencias en Justicia.
Este pacto para la reforma de la Justicia establece un plazo de dos legislaturas para su desarrollo, y su objetivo principal es la agilizaci¨®n y modernizaci¨®n del funcionamiento de la Justicia como servicio al ciudadano.
Otras novedades
El pacto prev¨¦ una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, para agilizar procedimientos, modificar la acci¨®n popular y la acusaci¨®n particular, fortalecer la protecci¨®n de las v¨ªctimas de delitos violentos, reformar la prisi¨®n provisional, extender la doble instancia en todos los procesos penales y readaptar el jurado.
El acuerdo abre el estudio para ver si los fiscales asumen la instrucci¨®n penal y que los jueces sean los encargados de decidir sobre medidas que limiten derechos fundamentales como las prisiones provisionales, a modo de jueces de garant¨ªa.
El Tribunal Supremo se centrar¨¢ en su funci¨®n de unificar doctrina, el Constitucional queda como int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n y se aumentan las competencias de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades aut¨®nomas.
En cuanto a las medidas destinadas al ciudadano, se establece un nuevo mapa judicial, adecuado a la carga existente en cada parte. Tambi¨¦n se especificar¨¢ el r¨¦gimen de responsabilidades derivadas de la actuaci¨®n judicial y se estudiar¨¢n f¨®rmulas de reparaci¨®n del da?o causado al usuario por negligencia o error. Adem¨¢s, se garantizar¨¢ el funcionamiento de la justicia durante todo el d¨ªa, ma?ana y tarde, habr¨¢ una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y se facilitar¨¢ el traspaso de competencias a comunidades que no las tienen en Justicia.
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