El Supremo ordena entrar en las 'herriko tabernas' para inventariar sus propiedades

La Sala Especial del art¨ªculo 61 de Tribunal Supremo, encargada del proceso relativo a la ejecuci¨®n de la sentencia de ilegalizaci¨®n de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, ha ordenado la entrada en las herriko tabernas del Pa¨ªs Vasco y Navarra para inventariar sus locales y enseres. Dicha orden se enmarca en el proceso de liquidaci¨®n de bienes que se sigue en ejecuci¨®n de la sentencia de ilegalizaci¨®n. De momento, no se han resitrado incidentes en el cumplimiento de la orden, aunque s¨ª la protesta de 50 personas en la herriko del barrio bilba¨ªno de Santutxu.

As¨ª lo ha acordado el TS en un auto, notificado hoy y dictado por unanimidad, en el que considera que existen indicios que de modo preciso vinculan a las herriko tabernas con la ilegalizada Batasuna y da a las partes un plazo de un mes para que aleguen sobre las medidas cautelares que podr¨ªan adoptarse para asegurar, en su caso, la efectividad de una posible liquidaci¨®n patrimonial. Con este fin, diferentes comisiones judiciales a las ¨®rdenes del TS proceder¨¢n "de inmediato a entrar en dichos locales para inventariar sus propiedades", indica el auto, que ha sido dictado por unanimidad de los magistrados que componen esta sala especial.

El auto, de 26 p¨¢ginas, a?ade que esta medida "no afectar¨¢, por s¨ª sola, al funcionamiento de las herrikos como establecimientos de hosteler¨ªa", "sin que esa entrada haya de prolongarse m¨¢s all¨¢ del tiempo indispensable para su pr¨¢ctica coordinada y, en todo caso, por m¨¢s de 72 horas, plazo que se considera adecuado". La resoluci¨®n dictada hoy por la citada Sala ordena al titular del Juzgado central de Instrucci¨®n n¨²mero 5, Baltasar Garz¨®n, que le remita toda la documentaci¨®n de que disponga en el sumario en el que investiga la financiaci¨®n de ETA a trav¨¦s de las herriko tabernas controladas por Batasuna, as¨ª como la emisi¨®n de un informe al respecto. Se trata de medidas, seg¨²n explica el auto, "encaminadas a la salvaguarda y aseguramiento de la plena eficacia de la ejecuci¨®n de la sentencia" y que "prevengan el riesgo de desaparici¨®n del objeto material de la ejecuci¨®n patrimonial".

Una sentencia de marzo de 2003

Ello, seg¨²n el TS, no ser¨ªa descartable, "habida cuenta de (..) la facilidad que cabr¨ªa presuponer para que los bienes y derechos de las herriko tabernas pudieran ser sustra¨ªdos de la intervenci¨®n judicial en tanto se sustancia la ejecuci¨®n de la sentencia". En marzo de 2003 la Sala Especial acord¨® la ilegalizaci¨®n y disoluci¨®n de HB-EH-Batasuna, al estimar que estas formaciones han vulnerado la Ley de Partidos. La resoluci¨®n de la Sala Especial del Supremo ordenaba la cancelaci¨®n de las inscripciones de estas formaciones en el Registro de Partidos Pol¨ªticos y a?ad¨ªa que, tras la notificaci¨®n de la sentencia, HB-EH-Batasuna "deber¨¢n cesar de inmediato en todas sus actividades".

Adem¨¢s, se abri¨® un proceso de liquidaci¨®n patrimonial de HB-EH-Batasuna tal y como se establece en el art¨ªculo 12.1 de la Ley de Partidos, que se?ala que "la disoluci¨®n determinar¨¢ la apertura de un proceso de liquidaci¨®n patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinar¨¢ por el Tesoro a actividades de inter¨¦s social o humanitario". As¨ª, los liquidadores han elaborado un informe pericial en el que concluyen que "existen numerosos bienes y derechos que formalmente ostentados por asociaciones culturales y en algunos casos sociedades mercantiles que aparecen como titulares de las herriko tabernas (..) pertenecer¨ªan en realidad material y efectivamente a la propia Batasuna".

Algunos de los indicios que plasman los liquidadores en su informe son documentos hallados en el ordenador del ex dirigente de KAS Xavier Alegr¨ªa y sendos autos de la Audiencia Nacional por los que se acord¨® la clausura por dos a?os de dos de estos establecimientos en Usurbil (Guip¨²zcoa) y Zamudio (Vizcaya). "La fuerza presuntiva del dictamen no reside ¨²nicamente en la autoridad, imparcialidad o prestigio de los liquidadores, sino en la materialidad del trabajo que efectivamente han desplegado", se?ala el Alto Tribunal. El auto agrega que el tribunal no considera estrictamente acreditadas las conclusiones de dicho informe, por lo que da a las partes un plazo de un mes para que aleguen sobre ¨¦ste y sobre la procedencia de extender la liquidaci¨®n patrimonial de Batasuna a los bienes y derechos cuya titularidad ostentan las asociaciones y sociedades que regentan las herriko.