8.112 municipios, una sola voz y ninguna respuesta
Los ingresos derivados del modelo de financiaci¨®n local caen un 18,2%, lo que supone que los ayuntamientos disponen de 3.000 millones de euros menos con los que responder a las m¨²ltiples demandas de servicios p¨²blicos
Es el ¨¢mbito municipal el que mide mejor que muchos indicadores la verdadera calidad de vida de una sociedad, porque los municipios espa?oles vertebran nuestro pa¨ªs y prestan los servicios que en muchas ocasiones corresponden a otras administraciones. En suma, buena parte de aquello que hace posible el desarrollo de un pa¨ªs y los proyectos personales de los individuos y las familias que lo sacan adelante soportan las insuficiencias de un sistema que deber¨ªa haberse reformado hace ya mucho tiempo. Todo eso se ve, se constata, se percibe en nuestras calles y plazas, en los servicios que ofrecemos, en las necesidades que resolvemos, aun cuando muchas veces no seamos competentes para ello y se nos nieguen los recursos para hacerlo ?en realidad, no a nosotros, sino al ciudadano?. As¨ª que no caben aqu¨ª invocaciones huecas, sino compromisos palpables.
La situaci¨®n de nuestros municipios es dram¨¢tica, a pesar de que se pretenda dar una falsa imagen de normalidad. En estos momentos, la merma de los ingresos municipales es doble. Por un lado, se ha producido una ca¨ªda sin precedentes de la recaudaci¨®n derivada del sector inmobiliario, del 30% en los impuestos de plusval¨ªa municipal y en el de construcciones, y por la desaparici¨®n de lo que nunca debi¨® ser un recurso habitual, como es la venta de suelo. Pero por otra parte, este descenso, en lugar de ser compensado, ha sido agravado, dado que los Presupuestos para 2010 de la Administraci¨®n General del Estado consolidan la mayor ca¨ªda de la financiaci¨®n local de la democracia, dejando a los ayuntamientos abandonados a su suerte. Lejos de corresponderse con el espejismo oficial que tratan de proyectar cuando prometen un aumento del 14% ?y que se basa en el olvido de una parte de la financiaci¨®n relacionada con los tributos cedidos y en comparaciones heterog¨¦neas de situaciones distintas?, lo cierto es que los ingresos derivados del modelo de financiaci¨®n local caen un 18,2%. Eso significa que los ayuntamientos disponemos de 3.000 millones de euros menos con los que responder a las m¨²ltiples demandas de servicios p¨²blicos de los ciudadanos, que ni son atendidas por otras Administraciones ni reciben dotaci¨®n presupuestaria a trav¨¦s de la correspondiente transferencia financiera a las haciendas locales. A¨²n m¨¢s: si computamos los ingresos extraordinarios del llamado Plan E, esa ca¨ªda de la financiaci¨®n se eleva hasta el 24% en 2010.
En plena crisis, los ayuntamientos, las PYMEs que contratan con ellos, los trabajadores de ¨¦stas, los ciudadanos que reciben estos servicios, deben pasar con casi la cuarta parte menos de unos recursos que ya eran exiguos. Un fatal error de diagn¨®stico que no entiende d¨®nde reside la soluci¨®n a una crisis que est¨¢ dejando de ser internacional para volverse, por desgracia, espec¨ªficamente espa?ola.
Especialmente grave resulta el hecho de que el Gobierno de Espa?a haya optado por no compensar a los ayuntamientos las p¨¦rdidas que est¨¢n sufriendo como consecuencia de las decisiones fiscales que ¨¦l ha decidido adoptar. Las bajadas de impuestos derivadas de la canalizaci¨®n de algunas de sus medidas sociales ?tales como el Cheque-beb¨¦ o la deducci¨®n de los 400 euros? a trav¨¦s del presupuesto de ingresos en lugar de articularlas como pol¨ªticas de gasto que s¨®lo habr¨ªan generado impacto en su presupuesto, ha provocado una merma de los ingresos municipales que el Gobierno se niega a reponer a las arcas municipales, conculcando con ello el principio constitucional de lealtad institucional, que es uno de los pilares b¨¢sicos sobre los que se asienta nuestro sistema pol¨ªtico.
Es hora de actuar, y aunque no se hayan apoyado por el Gobierno las enmiendas a los Presupuestos Generales para 2010 que reflejan lo que en la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias, se ha aprobado por unanimidad, debemos insistir en las correcciones que pueden paliar esta situaci¨®n, a la espera de una reforma global del sistema. Se trata, por un lado, de emplear el 60% del nuevo Fondo Estatal de Inversi¨®n Local para que no se vean recortados servicios p¨²blicos esenciales, y destinar el 40% a nuevas inversiones generadoras de empleo, aunque sea temporal. Por otro, de acometer la siempre aplazada segunda descentralizaci¨®n, de modo que los ayuntamientos participen en los ingresos de las Comunidades Aut¨®nomas y se haga efectivo as¨ª el mandato constitucional del Art. 142, objetivo en cuya consecuci¨®n no debemos cejar. Porque bastante grave es ya que el Gobierno demore al menos hasta 2011 la reforma de la financiaci¨®n, con el pretexto de unas "circunstancias actuales" que no le han impedido aportar 11.000 millones de euros m¨¢s a las Comunidades Aut¨®nomas. Nuestra responsabilidad, por el contrario, consiste en conseguir los medios para que, si los 8.112 ayuntamientos de Espa?a podemos ser "terminales de inversi¨®n del Plan E", tambi¨¦n lo seamos para prestar los servicios p¨²blicos esenciales que merecen nuestros ciudadanos.
Alberto Ruiz-Gallard¨®n es alcalde de Madrid.
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