Los militares aguardan a Moren¨¦s

Desde que Pedro Moren¨¦s tom¨® posesi¨®n como ministro de Defensa se observa c¨®mo de manera reiterada ¨¦l mismo, mandos militares en activo y algunos que ya est¨¢n retirados hacen continuas referencias a la disciplina, la jerarqu¨ªa y la unidad de nuestras Fuerzas Armadas. En principio, parecer¨ªa adecuado hacerlo, aun a pesar de que son valores instrumentales que nadie, absolutamente nadie, pone en cuesti¨®n entre los militares. Por ello, este pertinaz abuso de su cita puede significar que pretendan que se olvide la existencia de problemas graves en el seno de los ej¨¦rcitos. Parece que abusan de esos valores instrumentales como cortina de humo para evitar hablar de lo que verdaderamente preocupa a los miles de hombres y mujeres de sirven a su patria a trav¨¦s de su trabajo en las Fuerzas Armadas. Podr¨ªa decirse adem¨¢s que con esta excusa se pretender¨ªa evitar el cumplimiento de las leyes y los mandatos que la soberan¨ªa popular ha dado al poder ejecutivo.

En todo caso, los retos que tiene el ministro en el campo de la pol¨ªtica de personal no son pocos. Algunos ya fueron identificados en el programa electoral de Mariano Rajoy, hoy presidente del Gobierno de Espa?a, y lo fueron para ser cumplidos. El primero de esos retos-compromisos era la revisi¨®n de la Ley de la Carrera Militar, en base al mandato de la Ley de Derechos y Deberes, introducido en su texto final con la presi¨®n parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso. Ahora parece que todo aquello puede resolverse desde la mera gesti¨®n; tesis, por cierto, sostenida por el equipo de Carmen Chac¨®n. Cuestiones como los ascensos, destinos, promoci¨®n profesional, renovaci¨®n de un contrato, en definitiva, aspectos ligados directamente a la vida laboral del militar y a su estabilidad en el puesto de trabajo, sobre los que existe un consenso generalizado de su equivocado dise?o normativo, no pueden ser resueltas desde la mera gesti¨®n si no se cambia la ley que las regula. La gesti¨®n, al menos en las Administraciones p¨²blicas, viene regida por el principio de legalidad, por normas jur¨ªdicas contra las que solo por v¨ªa de recurso o por modificaci¨®n legal se puede actuar.

Si las normas hasta ahora vigentes han generado la mayor cantidad de litigios conocida en el seno de las Fuerzas Armadas y han motivado la generaci¨®n de un mandato legislativo para su reforma, no cabe otra manera de afrontar el problema que cumplir la ley y el compromiso electoral y hacerlo en el plazo legal, que expira el 1 de abril de este a?o.

Hay que aclarar las supresiones de unidades y cierres de cuarteles exigidos por la crisis?

Adem¨¢s de lo anterior, el ministro debe afrontar el necesario reforzamiento de estructuras centrales y ¨²nicas en materias de personal, para de esta manera cumplir con el compromiso electoral de ¡°una Administraci¨®n, una competencia¡±, al que ¨¦l mismo hizo menci¨®n en su comparecencia parlamentaria el pasado d¨ªa 26 de enero. Con este objeto, debe dar instrucciones para que las competencias del propio ministerio en personal sean ejercidas plenamente, tanto en aspectos de coordinaci¨®n como de control. No es posible ¡ªy, sin embargo, est¨¢ ocurriendo¡ª que cada ej¨¦rcito regule a su manera cuestiones que deben ser comunes para todos los militares.

Lo que est¨¢ sucediendo en los procesos de calificaci¨®n profesional (IPEC) no puede continuar. ?C¨®mo es posible que se regulen de manera distinta, incluso contradictoria, en el Ej¨¦rcito de Tierra, en la Armada y en el Ej¨¦rcito del Aire y que, en algunos casos, cada a?o cambien las pautas de elaboraci¨®n, siendo como son la piedra angular para la carrera profesional del militar? El ejemplo paradigm¨¢tico es la situaci¨®n de los suboficiales y los soldados y marineros, precisamente los que soportan la inmensa mayor¨ªa de los requerimientos operativos de nuestras Fuerzas Armadas. ?No afecta a la disciplina y unidad de las Fuerzas Armadas esta situaci¨®n tan ca¨®tica?

No menos importante es aclarar las consecuencias que la crisis econ¨®mica pudiera tener en el cierre o supresi¨®n de unidades. Todo ello afecta a los militares y a sus familias. No tiene sentido mantener los cierres y/o supresiones de cuarteles en marcha si tuvieran que realizarse otros en un futuro inmediato, con car¨¢cter general y m¨¢s amplio, que podr¨ªan afectar a aquellos militares que ya han tenido que desplazar a su familia, con todo lo que ello conlleva. El compromiso electoral de poner a las familias de los militares entre las prioridades de la acci¨®n de gobierno demanda prudencia y certeza, sobre todo en la movilidad geogr¨¢fica y en lo relativo a la carrera profesional.

Son retos importantes para los que el ministro debe escuchar a los militares a trav¨¦s del privilegiado instrumento que son las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y constituir en plazo el Observatorio de la Vida Militar. Esperemos que as¨ª sea.

Mariano Casado es secretario general de la Asociaci¨®n Unificada de Militares Espa?oles.