El Congreso debe mejorar la reforma laboral

Hablar de reforma laboral suele generar recelos y temores a una buena parte de la poblaci¨®n, sin embargo cuando constatamos que llevamos cuatro a?os destruyendo empleos, 5,3 millones de parados, la mitad de los j¨®venes menores de 25 a?os sin trabajo y que ello no ocurre en ning¨²n otro Estado de Europa, a pesar de padecer la misma crisis, el ciudadano llega a la conclusi¨®n de que una reforma laboral es necesaria para que se pueda volver a crear empleo. El Real Decreto-Ley 3/2012, es, seguramente, la modificaci¨®n m¨¢s amplia y profunda de las relaciones laborales que se ha producido en Espa?a desde la aprobaci¨®n del Estatuto de los Trabajadores en 1980, aunque, esta reforma, no deja de ser continuista respecto a otras promovidas por el PSOE. La gravedad de la crisis y su masiva afectaci¨®n al empleo, as¨ª como la necesidad de promover reformas estructurales orientadas a facilitar el crecimiento, a medio y largo plazo, explican su alcance. Pero no solo eso, existen problemas estructurales que se arrastran, desde hace d¨¦cadas, en el funcionamiento de la econom¨ªa. El diagn¨®stico de los males del sistema de relaciones laborales existente es compartido por sectores muy diversos de la sociedad, incluido los sindicatos: niveles de desempleo excesivamente altos en las fases alcistas del ciclo, incapacidad para ajustar horas y salario como alternativa al despido, costes excesivos del despido (especialmente para microempresas y PYMES), estancamiento de la productividad del tejido empresarial, falta de inversi¨®n en la formaci¨®n, pol¨ªticas activas de empleo de escasa calidad, dificultades para la conciliaci¨®n de la vida familiar y laboral, precariedad en el trabajo, desvinculaci¨®n de hecho de las prestaciones por desempleo de la formaci¨®n o recolocaci¨®n de los desempleados. Toda esta patolog¨ªa constitu¨ªa, incluso antes de la crisis, un panorama que dibujaba una econom¨ªa escasamente competitiva en un mundo globalizado que tampoco era capaz de garantizar un Estado del Bienestar din¨¢mico y s¨®lido. Es evidente que todo no depende, exclusivamente, de la configuraci¨®n legal de las relaciones laborales, pero las mismas pueden ser motor de cambio y mejora, o, por el contrario, de freno o elemento disuasorio para la mejora de la competividad y la productividad. Nuestros socios europeos que mejor han hecho las cosas (Holanda, Dinamarca o Finlandia) as¨ª lo han entendido, garantizando su prosperidad y sus altos niveles de protecci¨®n social, promoviendo cambios profundos en sus regulaciones laborales: contratos de trabajo m¨¢s flexibles, menor coste del despido o f¨®rmulas para el mantenimiento del empleo como alternativa al despido.

Desde este punto de vista, CiU ha compartido la orientaci¨®n global de la reforma, como hemos compartido con el PSOE buena parte de las reformas laborales que, sustentadas en ideas similares, impuls¨® en la pasada legislatura.

?Ahora bien, la reforma que estamos tramitando en el Congreso debe ser, necesariamente, corregida en algunos aspectos, mejorada en otros y complementada a trav¨¦s de otros instrumentos.

Necesitamos un Plan de Choque para el empleo que estimule la demanda

Corregida en todos los aspectos que generan dudas sobre su encaje constitucional. No podemos permitirnos la frivolidad que, en una cuesti¨®n tan trascendente para empresas y trabajadores y fundamental para la credibilidad econ¨®mica, exista la mera posibilidad de una declaraci¨®n de inconstitucionalidad. Todo aquello que afecta a las competencias de las CCAA en materia de empleo, al pleno respeto a la autonom¨ªa de la negociaci¨®n colectiva y a la tutela judicial efectiva debe ser escrupulosamente analizado y corregido, si es el caso. El reciente dictamen del Consell de Garanties Estatut¨¤ries apunta a cuestiones claves.

?Se debe facilitar las soluciones negociadas ante los conflictos existentes en el seno de las empresas, as¨ª como, otorgar mayor y mejor seguridad jur¨ªdica y certidumbre legal y evitar los abusos que se pueden derivar de una norma no suficientemente acertada.

?Adem¨¢s, se ha de complementar con m¨¢s medidas orientadas a crear empleo a corto plazo. ?nicamente, el contrato para las empresas de menos de 50 trabajadores y los incentivos a la contrataci¨®n de j¨®venes poco cualificados, a trav¨¦s del contrato de formaci¨®n, constituyen medidas que buscan la creaci¨®n de empleo inmediato. Necesitamos un Plan de Choque para el empleo para estimular la demanda o mejorar la oferta de determinados servicios y sectores que pueden ser intensivos en empleo. No podemos resignarnos ante la destrucci¨®n de m¨¢s de 600.000 empleos este a?o, como tampoco podemos aceptar el brutal recorte de m¨¢s de 1.500 millones que los presupuestos proponen para las pol¨ªticas de empleo que deben facilitar la recolocaci¨®n de los desempleados. Nadie puede comprender que esta sea la principal pol¨ªtica de ahorro del Gobierno del PP. Es incomprensible renunciar a mantener una s¨®lida y robusta pol¨ªtica que estimule el reciclaje profesional de los parados de la construcci¨®n, que permita el desarrollo de la colaboraci¨®n p¨²blico privada en materia de recolocaci¨®n o la puesta en marcha de innovadoras actuaciones de acompa?amiento a los desempleados. El planteamiento del Gobierno debilita enormemente la pata de la ¡°seguridad¡± de una reforma que afirma inspirarse en la ¡°flexiseguridad¡±.

?Esperemos que el tr¨¢mite parlamentario en marcha sea ¨²til de verdad.

Carles Campuzano es portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Catal¨¢n (CiU) en el Congreso de los Diputados.