Reforma limitada

Despu¨¦s de la convulsi¨®n del caso Bankia, el Gobierno present¨® ayer su segunda reforma financiera, que supone un cambio significativo, aunque limitado, en el tratamiento de la crisis bancaria espa?ola. Las novedades de esta segunda ronda son la exigencia de nuevas provisiones para los activos inmobiliarios, esta vez los te¨®ricamente sanos, para acabar con las sospechas de morosidad oculta; la disponibilidad de capital p¨²blico, por un l¨ªmite de unos 15.000 millones, al servicio de las entidades que lo necesiten para cubrir las nuevas provisiones; y una regulaci¨®n, m¨¢s bien tibia, de las inmobiliarias malas que carguen con los activos t¨®xicos. Para recuperar la confianza en la banca espa?ola, el Gobierno ha decidido encargar a dos sociedades independientes el c¨¢lculo de la cartera inmobiliaria de la banca, la sana y la dudosa.

El cambio pol¨ªtico m¨¢s significativo es la disposici¨®n de dinero p¨²blico para alcanzar las provisiones requeridas. Es verdad que se pedir¨¢ un tipo de inter¨¦s del 10% y una devoluci¨®n a cinco a?os, pero la decisi¨®n supone un giro radical frente al discurso impl¨ªcito en la primera ronda de la reforma que exclu¨ªa la utilizaci¨®n de dinero de los contribuyentes. Esta decisi¨®n es razonable, puesto que la recuperaci¨®n de la confianza en el sistema bancario es condici¨®n imprescindible para normalizar el cr¨¦dito a familias y empresas. Hay que hacerse a la idea de que la quiebra de una entidad como Bankia acercar¨ªa la econom¨ªa espa?ola a la intervenci¨®n y obstaculizar¨ªa la recuperaci¨®n de la econom¨ªa m¨¢s all¨¢ de 2015.

Ahora bien, la reforma anunciada ayer tiene dos problemas de partida que pueden comprometer su ¨¦xito. Exigir m¨¢s provisiones (unos 30.000 millones m¨¢s) tranquilizar¨¢ probablemente a las autoridades europeas y dar¨¢ m¨¢s confianza a los inversores internacionales, pero implica una reducci¨®n de beneficios para todas y la entrada en p¨¦rdidas para algunas entidades. Siendo un coste con el que hay que contar, no todas las consecuencias del nuevo esquema financiero son beneficiosas. La otra cara de la moneda es que las sociedades inmobiliarias malas, al menos en principio, no recibir¨¢n capitalizaci¨®n. Si se obliga razonablemente a segregar el ladrillo del balance, lo l¨®gico hubiera sido incentivar la aportaci¨®n de capital nuevo a dichas sociedades mediante un esquema de protecci¨®n de activos, que cubriese con avales p¨²blicos (retribuidos, naturalmente) las p¨¦rdidas o diferencias de valor de los activos en las que incurriese el financiador. Pero este esquema, inicialmente previsto, ha desaparecido del horizonte financiero. Las sociedades malas se quedan sin un incentivo para que acuda nuevo capital y, por tanto, su efectividad es una inc¨®gnita.

Detr¨¢s de la segunda reforma se aprecian las huellas de la presi¨®n de la Comisi¨®n Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las tres instituciones han entendido correctamente que la situaci¨®n de la banca espa?ola es muy delicada, no solo por el peso inmobiliario, sino tambi¨¦n por el tremendo castigo que impone la recesi¨®n a los bancos. La morosidad puede aumentar el pr¨®ximo a?o hasta el 13% y en ese escenario buena parte de la cartera de pr¨¦stamos que hoy se califica como sana puede caer en el lado del impago.

El Banco de Espa?a es la instituci¨®n que paga el coste pol¨ªtico de esta decisi¨®n. Hay razones para ello, porque la autoridad monetaria ha sido incapaz de ofrecer un c¨¢lculo cre¨ªble del lastre inmobiliario en los balances bancarios y, en consecuencia, no ha sabido recuperar la confianza de los inversores. Pero no ha sido el ¨²nico responsable. El castigo p¨²blico del ministro de Econom¨ªa (¡°el Banco de Espa?a ha tenido siempre mucho prestigio y lo volver¨¢ a recuperar¡±) resultaba innecesario. Aunque no fuera m¨¢s que para evitar una imagen de enfrentamiento institucional.