Los secretos de Exteriores

La revelaci¨®n de un acuerdo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci¨®n que restringe la informaci¨®n sobre los contenidos secretos y reservados, es una muy mala noticia para nuestra desprestigiada democracia.

Cuando el PSOE integr¨® en su programa electoral, all¨¢ por el 2004, la redacci¨®n de una nueva ley de acceso a la informaci¨®n p¨²blica, parec¨ªa que se iniciaba el camino de no retorno hacia la transparencia que necesitaba nuestro sistema pol¨ªtico. La peligrosa cercan¨ªa sobre la materia con legislaciones como la griega, maltesa, chipriota y luxemburguesa no era una carta de presentaci¨®n factible en Europa. Tan poco propicio ha sido siempre el momento, que llegados a la segunda legislatura se echaron encima las elecciones siguientes y lo poco o mucho que se avanz¨®, tuvo que guardarse en un caj¨®n. Ahora el PP, lejos de recuperar aquello, ha puesto encima de la mesa un revuelto que adem¨¢s de no responder a la demanda ciudadana, se pierde en la mezcla de conceptos ambiguos donde es dif¨ªcil valorar el avance que significar¨¢ la nueva ley.

No es lo mismo la transparencia, el acceso a la informaci¨®n p¨²blica o el buen gobierno, por lo que, asciende la sospecha de que el querer abarcar tanto, tiene m¨¢s que ver con diluir la responsabilidad que con regularla. Por no mencionar a los expertos que ven en la nueva ley un problema de encaja con otras leyes org¨¢nicas al permitir que se destituya a un cargo electo por mala gesti¨®n. Es dif¨ªcil considerar que el retorno al silencio administrativo como negativo nos distancia de aquellos tiempos en los que el miedo no nos dejaba hacer democracia.

Ahora el PP ha puesto sobre la mesa un revuelto que no responde a la demanda ciudadana

Seg¨²n los miembros de la Coalici¨®n Pro Acceso (plataforma de 59 organizaciones de la sociedad civil que reclaman una Ley de Acceso a la Informaci¨®n en Espa?a), el anteproyecto, tal y como est¨¢ redactado, no se ajusta al Convenio de Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos P¨²blicos entre otras razones por la definici¨®n limitada de informaci¨®n y porque la lista de excepciones sigue sin estar sometida en su totalidad a una prueba de inter¨¦s p¨²blico. Por otra parte el proceso de consulta, lo que no deja de resultar ir¨®nico, no publica las aportaciones de la consulta p¨²blica, algo que servir¨ªa para comprobar si realmente se incorporan aquellas que tienen "m¨¢s apoyo de la ciudadan¨ªa".

De las casi 3.700 aportaciones recibidas, el Gobierno admite solo quince y dado que la las consultas p¨²blicas en la tramitaci¨®n de una ley no est¨¢n reguladas, han decidido darle el tratamiento de correspondencia y no compartirlas. El Gobierno zanja el asunto con la rotundidad de que "legislar corresponde a la mayor¨ªa surgida de las urnas" y modificar la Constituci¨®n no es algo que pertinente en estos momentos¡­

Ahora descubrimos con estupor que la provocaci¨®n ven¨ªa de antes. El entonces Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperaci¨®n, Miguel ?ngel Moratinos, llev¨® a cabo, con el consentimiento del Gobierno anterior, la firma de un acuerdo que se zanj¨® en un Consejo de Ministros y que tuvo tan poca publicidad que ni tan siquiera se public¨® en el BOE.

La informaci¨®n es un derecho fundamental y fortalecer las instituciones democr¨¢ticas resulta prioritario para enfrentarse a la crisis

El 15 de octubre de 2010, se otorg¨® la clasificaci¨®n de secreto a pr¨¢cticamente todas las competencias de este ministerio. Desde las negociaciones pol¨ªticas, de seguridad, econ¨®micas y comerciales; conflictos internacionales o internos, grupos terroristas, delincuencia organizada, tr¨¢fico de drogas, personas y armas; hasta la informaci¨®n relativa al despliegue de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado espa?olas y aliadas tanto en Espa?a como en misiones internacionales, secuestros, extradiciones, contactos de mediaci¨®n con terceros pa¨ªses. Un largo etc¨¦tera que adem¨¢s incluye la protecci¨®n de Derechos Humanos, asilo y refugio, benepl¨¢citos de jefes de misi¨®n espa?oles y extranjeros, como cuestiones secretas de Estado y por tanto fuera del alcance de la opini¨®n p¨²blica. Tambi¨¦n tiene un car¨¢cter reservado, las entrevistas con mandatarios o diplom¨¢ticos extranjeros, las gestiones de licitaciones de empresas espa?olas en el exterior y en contenciosos de especial gravedad que les afecten, as¨ª como las candidaturas espa?olas a puestos en organismos internacionales.

Ahora que fortalecer las instituciones democr¨¢ticas resulta prioritario para enfrentarse a la crisis, ?obstaculizamos a¨²n m¨¢s el proceso de rendici¨®n de cuentas al ciudadano? El acceso a la informaci¨®n es un derecho fundamental que la ciudadan¨ªa se merece (m¨¢s a¨²n cuando hemos visto crecer la demanda con el 15M) y el Estado est¨¢ obligado a facilitarla en tiempo preciso y con el detalle suficiente para poder ser interpretada.

Excluir a la ciudadan¨ªa porque se evidencie la pasividad del Parlamento y mostrarse esquivo ante la exigencia de responsabilidades por temas como las escalas en territorio espa?ol de los aviones con destino a Guant¨¢namo, no responde a la madurez que cabr¨ªa esperar en nuestra democracia. Si acceder a la informaci¨®n sobre cualquier asunto p¨²blico en nuestro pa¨ªs, en los ¨²ltimos cuarenta a?os, puede denegarse sin sobresalto, es que algo no ha terminado de cuajar en nuestro sistema pol¨ªtico y por lo tanto, tampoco merece ser rescatado.

Kattya Cascante es polit¨®loga de la Fundaci¨®n Alternativas.