?Y si Angela Merkel descubre lo que pasa con nuestro Tribunal Constitucional?

Vivimos obsesionados con la prima de riesgo, lo cual es comprensible dada la gravedad de la crisis econ¨®mica que atraviesa Espa?a. El propio Gobierno, seg¨²n parece, quiere centrar todos sus esfuerzos en el campo de la econom¨ªa, dejando para m¨¢s adelante la posible reforma de las instituciones del Estado. Lo cierto, sin embargo, es que Espa?a necesita revisar su organizaci¨®n interna. Y debe empezar a hacerlo pronto, si no queremos tener problemas en el plano europeo.

El caso del Tribunal Constitucional es bien ilustrativo. Este ¨®rgano ha dejado de ejercer de manera efectiva la principal funci¨®n para la que naci¨® en los pa¨ªses europeos: controlar la conformidad de las leyes a la Carta Magna. La crisis de nuestro Tribunal se remonta a la d¨¦cada de los noventa. Como consecuencia de la avalancha de recursos de amparo que le fueron llegando, el Tribunal qued¨® pronto colapsado, y ya no dispuso del tiempo necesario para resolver con prontitud los casos en que se cuestionaba la constitucionalidad de las leyes. Es verdad que en el a?o 2007 se introdujo una reforma para dar respuesta a este problema, pero los resultados siguen siendo insatisfactorios. Con algunas excepciones puntuales, el Tribunal no emite juicio sobre leyes relativamente recientes, sino sobre leyes que fueron recurridas hace much¨ªsimo tiempo. En numerosas ocasiones, las normas recurridas ya est¨¢n derogadas en el momento en que el Tribunal dicta su sentencia. Hace unos meses, por ejemplo (en la sentencia 19/2012), ha declarado inv¨¢lido un precepto de la ley del IRPF de 1998, que fue impugnado por el PSOE. El Tribunal ha necesitado m¨¢s de 13 a?os para resolver este asunto. Y no se trata de un caso aislado. No ha sido hasta ahora cuando muchas de las leyes del primer gobierno del PP (1996-2004) han sido finalmente enjuiciadas por el Tribunal.

Naturalmente, no ayuda nada el hecho de que los dos grandes partidos incumplan reiteradamente su deber de renovar a los magistrados cuyo mandato ha expirado. El Tribunal se siente poco legitimado para enfrentarse a leyes recientes, si un tercio de sus miembros ha cesado ya, y est¨¢n a la espera de ser sustituidos.

Esta pr¨¢ctica constitucional ha resultado muy funcional, desde luego, para el gobierno de turno. Es comod¨ªsimo legislar sabiendo que el Tribunal emitir¨¢ su veredicto una d¨¦cada despu¨¦s, cuando el gobierno probablemente estar¨¢ en manos de otro partido, y la ley en cuesti¨®n se habr¨¢ convertido en Derecho hist¨®rico espa?ol. A la oposici¨®n tampoco le viene mal este sistema: sus recursos contra leyes se han convertido, sobre todo, en gestos ante determinados sectores de su electorado. Qu¨¦ vaya a sostener finalmente el Tribunal importa relativamente poco. Quienes no salen bien paradas, en cambio, son las Comunidades Aut¨®nomas, pues las leyes auton¨®micas, a diferencia de las estatales, pueden ser suspendidas durante el tiempo en que se tramita un recurso, si es el Gobierno central quien lo interpone.

La actual crisis de la justicia constitucional no es un asunto menor

Que entre todos hayamos tolerado que la justicia constitucional se haya degradado hasta este extremo es francamente lamentable. Ahora bien, este estado de cosas tendr¨¢ que cambiar, si no queremos tener dificultades con nuestros socios europeos.

En efecto, Espa?a firm¨® el pasado 2 de marzo el ¡°Tratado de Estabilidad, Coordinaci¨®n y Gobernanza en la Uni¨®n Pol¨ªtica y Monetaria¡±. Como es sabido, este Tratado consagra la llamada ¡°regla de oro¡±, que establece una serie de l¨ªmites en materia de d¨¦ficit p¨²blico y deuda p¨²blica. El Tratado, sin embargo, apenas refuerza los mecanismos europeos para reaccionar contra los Estados que excedan dichos l¨ªmites. Contrariamente a lo que han afirmado diversos medios de comunicaci¨®n, el Tribunal de Luxemburgo no va a ser competente para conocer de demandas contra los Estados que incumplan la regla de oro. El Tratado de Estabilidad conf¨ªa en las normas e instituciones nacionales. Concretamente, obliga a los Estados signatarios a incorporar la repetida regla en sus respectivas Constituciones nacionales (o en normas equivalentes de car¨¢cter permanente), de manera que su observancia est¨¦ ¡°plenamente garantizada¡± a lo largo de los procedimientos presupuestarios. Son los tribunales nacionales, pues, quienes deben velar por el cumplimiento del nuevo mandato constitucional. El ¨²nico papel que se atribuye al Tribunal de Luxemburgo es el de comprobar que los Estados hayan incorporado correctamente la regla de oro en su ordenamiento, a ra¨ªz de una demanda presentada por cualquier Estado que sea parte del Tratado. Las consecuencias del incumplimiento son graves: entre otras cosas, el Estado pierde la posibilidad de recibir fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Pues bien, supongamos que un comit¨¦ de expertos enviados por Angela Merkel viniera a Espa?a a indagar sobre este asunto. ?Qu¨¦ les dir¨ªamos?

En primer lugar, que el pasado septiembre, de forma veloc¨ªsima, se modific¨® el art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n espa?ola para asegurar el equilibrio presupuestario. Espa?a se anticip¨® as¨ª al Tratado de Estabilidad. En segundo lugar, les explicar¨ªamos que se ha aprobado hace poco la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que especifica el modo en que las diversas administraciones p¨²blicas deben proceder para cumplir con la regla de oro.

La principal causa de la prosperidad econ¨®mica es un sistema institucional sano y fuerte

Los expertos querr¨ªan saber entonces ciertos detalles acerca de los mecanismos de garant¨ªa. En este punto, les indicar¨ªamos que la Ley prev¨¦ expresamente la posibilidad de suspender una ley de presupuestos auton¨®mica, si es impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central, con la consiguiente pr¨®rroga provisional de los presupuestos del a?o anterior. Pero los expertos nos preguntar¨ªan entonces acerca del control de las leyes estatales. Y aqu¨ª empiezan las dificultades. Bajo el r¨¦gimen vigente (seg¨²n lo ha interpretado el Tribunal Constitucional), no cabe la suspensi¨®n de las leyes estatales en ning¨²n caso. El siguiente interrogante que nos formular¨ªan los expertos alemanes ser¨ªa, obviamente, cu¨¢nto tarda el Tribunal en resolver los recursos contra las leyes. Y la respuesta ya la conocemos: ?¨²ltimamente puede llegar a tardar 13 a?os! ?Nos deber¨ªa sorprender que, de vuelta a Berl¨ªn, los expertos elaboraran un informe en el que se concluyera que hay motivos s¨®lidos para que Alemania demande a Espa?a ante el Tribunal de Luxemburgo, por violaci¨®n del Tratado de Estabilidad? ?Alguien cree realmente que basta con recoger la regla de oro en la Constituci¨®n y desentenderse luego de los mecanismos para garantizar la observancia de dicha regla de manera efectiva? Ya s¨¦ que, en estos momentos, no es probable que llegue a entablarse un pleito de esta naturaleza. Pero motivos jur¨ªdicos no faltan. ?Por qu¨¦ arriesgarse entonces?

Deber¨ªamos ¡°poner al d¨ªa¡± nuestro Tribunal Constitucional, ahora que tiene que llevar a cabo importantes cometidos vinculados al Derecho de la Uni¨®n Europea. ?Por qu¨¦ no reintroducimos el recurso previo contra determinadas leyes, por ejemplo, de forma que el Tribunal pueda dictaminar sobre ellas antes de su entrada en vigor? ?Y por qu¨¦ no regulamos el tema de las medidas cautelares, permitiendo, bajo determinadas condiciones, la suspensi¨®n de las leyes estatales recurridas? Incluso, ?por qu¨¦ no extender el mandato de los magistrados del Tribunal hasta la edad de jubilaci¨®n, en lugar de seguir con el sistema actual, que obliga a renovar de un golpe a cuatro magistrados cada tres a?os? ?Y ser¨ªa mucho pedir una mayor presencia de magistrados que conozcan bien el Derecho de la Uni¨®n Europea, a fin de que el Tribunal pueda dialogar con la m¨¢xima solvencia con el Tribunal de Luxemburgo? En definitiva, es preciso discutir y adoptar medidas de cierto calado. Si hace falta modificar la Constituci¨®n, hag¨¢moslo. La actual crisis de la justicia constitucional no es un asunto menor. Tener instituciones que funcionen decentemente es muy importante para respetarnos a nosotros mismos. Y para quien no baste invocar la dignidad, apelemos al ego¨ªsmo: la historia ense?a que la principal causa de la prosperidad econ¨®mica es un sistema institucional sano y fuerte.

V¨ªctor Ferreres Comella es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, y en la University of Texas at Austin.