Condiciones pendientes
Espa?a tiene escaso tiempo para cumplir las exigencias de Bruselas por el rescate bancario
El Gobierno de Mariano Rajoy tendr¨¢ que presentar durante este mes, probablemente en el Consejo de Ministros del pr¨®ximo d¨ªa 24, las normas legales que regular¨¢n el rescate bancario financiado por Europa con una l¨ªnea de hasta 100.000 millones. Las exigencias de Bruselas contenidas en el memorando del rescate obligan al equipo econ¨®mico de Rajoy a tomar medidas dolorosas, tanto en t¨¦rminos de ajuste econ¨®mico como de cambios legales para imponer la asunci¨®n de p¨¦rdidas y quitas a los acreedores de bancos y cajas rescatados. Esas p¨¦rdidas afectar¨¢n, con un ritmo y calendario dispar, a los accionistas, a los suscriptores de deuda subordinada y a los tenedores de preferentes. Por estas razones, existe el riesgo de un conflicto grave entre el Gobierno y los acreedores de las entidades rescatadas que pierdan todo o parte del dinero invertido.
Espa?a apenas cumple con una parte de las condiciones pactadas en el Memorando de Entendimiento ¡ªMemorandum of Understanding (MOU)¡ª del rescate aprobado por Europa. De los seis grandes grupos de exigencias europeas, el Gobierno de Rajoy solo ha cerrado uno: la subida del IVA y la supresi¨®n de la desgravaci¨®n fiscal por vivienda. La reducci¨®n del d¨¦ficit sigue pendiente (y, por lo que se conoce hasta mediados de 2012, sin grandes progresos); la consolidaci¨®n del sistema bancario est¨¢ en marcha, con el conflicto en ciernes mencionado y pasar¨¢ una prueba importante en el pr¨®ximo Consejo de Ministros. De la nueva reforma del mercado laboral, de las medidas para impulsar el empleo juvenil, del problema del d¨¦ficit de tarifa el¨¦ctrica o de la implantaci¨®n r¨¢pida del retraso en la edad de jubilaci¨®n no se tienen noticias hasta el momento.
El Gobierno se juega mucho en la regulaci¨®n legal de las condiciones financieras del rescate bancario. En primer lugar, porque tiene que definir un modelo de banco malo, la entidad que acoger¨¢ los activos inmobiliarios de los bancos rescatados. Pero, sobre todo, porque est¨¢ obligado a promover los cambios legales necesarios para permitir la imposici¨®n de p¨¦rdidas a los bonos subordinados y a las preferentes. Una de las condiciones imperativas del rescate es que los accionistas y acreedores de los bancos rescatados asuman las p¨¦rdidas provocadas por el d¨¦ficit patrimonial de las entidades. En Espa?a, quienes sufrir¨¢n las p¨¦rdidas de sus bonos o preferentes son sobre todo inversores minoritarios y familias. Con el agravante de que muchos compradores espa?oles de preferentes fueron mal informados, y en algunos casos enga?ados, de forma que existe un n¨²mero importante de demandas judiciales que complicar¨¢n la soluci¨®n del conflicto.
No parece que el Gobierno sea consciente de la complejidad de la situaci¨®n. Cualquier obligaci¨®n de asumir p¨¦rdidas implica retroactividad, que puede ser contestada o rechazada. Del acierto con que se resuelva este problema depender¨¢ el grado de credibilidad del Gobierno cuando presente la petici¨®n de rescate suave ante el Fondo de Estabilidad Financiera.
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