Pol¨ªticas de salud que ahorran y crean riqueza

No es la actual crisis sist¨¦mica quien amenaza los valores de nuestro Estado de bienestar y reduce prestaciones, sino ciertas reacciones que ciertos Gobiernos tienen ante la crisis. Entre esas reacciones est¨¢n los hachazos a un logro de todos, el Sistema Nacional de Salud (SNS), arduamente fraguado y con profunda legitimaci¨®n social. Parece que el tiempo es escaso y las decisiones, ineludibles. Hoy como siempre, hay que buscar el m¨¢ximo valor social a nuestro dinero, el de todos. A veces, pero no siempre, ello implica reducir gasto; cuando as¨ª es, hay que reducirlo con la mayor inocuidad posible: sin da?ar a lo que de verdad importa. Los poderes no pueden seguir hipnotizados por indicadores econ¨®micos obsoletos. Las organizaciones ciudadanas, tampoco. En salud, no podemos quedarnos presos entre las paredes del sistema asistencial, cuadrando las cuentas de resultados a corto plazo con ajustes arbitrarios o inespec¨ªficos. Podemos cambiar la perspectiva: mirar c¨®mo ganar salud, desarrollar las pol¨ªticas que s¨ª rinden aut¨¦nticos beneficios humanos y suprimir las actuaciones innecesarias, ineficaces o da?inas (para la salud y la econom¨ªa). Podemos hacerlo si las decisiones de los Gobiernos y las organizaciones (las sanitarias, por ejemplo) siguen el rumbo que marca la br¨²jula de los ciudadanos activos, la del inmenso capital humano y de conocimiento que posee Espa?a. Y podemos hacerlo si aplicamos los instrumentos normativos adecuados.

Para tamizar soluciones no puede obviarse que nuestro sistema sanitario ha sufrido una preocupante inflamaci¨®n: entre 2002 y 2009 aument¨® el 63% el gasto sanitario per capita; un 33% si ajustamos por inflaci¨®n. Los costes del cuidado de la enfermedad subieron por encima del crecimiento; se decidi¨® gastar, endeud¨¢ndose, pensando m¨¢s en los grupos de presi¨®n que en el bienestar del ciudadano. Ahora conviene que al recortar s¨ª se piense en ¨¦l. Los servicios sanitarios asistenciales se han inflado m¨¢s de la cuenta y a menudo realizan actuaciones in¨²tiles. Hay una lista considerable de intervenciones diagn¨®sti-cas y terap¨¦uticas cuyos efectos son nulos, cuando no perjudiciales; muchas de tales listas permanecen en los cajones de las mejores agencias de evaluaci¨®n de tecnolog¨ªas sanitarias.

Entre las actuaciones suprimibles hay algunas catalogadas como preventivas; por ejemplo, la detecci¨®n precoz del c¨¢ncer de pr¨®stata o el uso de f¨¢rmacos para el colesterol en mujeres de bajo riesgo (que en Espa?a son la mayor¨ªa). La proliferaci¨®n de intervenciones m¨¦dicas ineficientes y el alienante consumismo sanitario no son ni cultural, ni pol¨ªtica, ni econ¨®micamente ajenos a la burbuja inmobiliaria y otras pr¨¢cticas perversas del sistema financiero. En contraste, las iniciativas dirigidas a mejorar realmente la salud y el bienestar de la poblaci¨®n ¡ªlas pol¨ªticas ambientales, laborales y sociales¡ª est¨¢n siendo atenazadas. Todav¨ªa no hemos asumido que una clave de la sostenibilidad del SNS consiste en reducir el flujo de entrada: en conseguir que la gente no enferme o enferme menos, que necesite lo menos posible los cuidados sanitarios.

Hay pruebas suficientes de que eso es posible. La Ley 33/2011 General de Salud P¨²blica (LGSP) introduce principios, normas y mecanismos que pueden facilitar una salida de la crisis mediante un SNS m¨¢s equitativo y eficiente. Son soluciones que aplican los pa¨ªses m¨¢s avanzados y con mayor calidad democr¨¢tica del mundo. En cambio, el actual Gobierno ha arrojado dicha ley al olvido: no la desarrolla, no la invoca, no la aplica, no la cumple. En los actuales espacios de decisi¨®n la salud p¨²blica no est¨¢, ni se la espera.

Una educaci¨®n de calidad desde el inicio vital es lo m¨¢s eficaz para combatir cualquier futura dolencia

Mitigar los da?os de la crisis en la salud requiere decir el qu¨¦ y el c¨®mo. La Ley General de Salud P¨²blica establece el principio de salud en todas las pol¨ªticas y propone estrategias para desarrollarlo. Se trata de adoptar medidas en los distintos sectores de gobierno para que, manteniendo sus objetivos primarios, favorezcan adem¨¢s la consecuci¨®n de una mejor salud colectiva. Estimaciones aproximadas, pero racionales y veros¨ªmiles, nos indican que una pol¨ªtica de movilidad que reduzca la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica de nuestras ciudades a los niveles recomendados por la OMS, fomente el desplazamiento no motorizado y disminuya las lesiones de tr¨¢fico tiene un extraordinario potencial de evitar enfermedad y de ahorro.

Gracias a las actuales pol¨ªticas de seguridad vial, Espa?a ahorra actualmente unos 330 millones de euros anuales en vidas, sufrimiento y consumo sanitario. Si empieza a caminar al menos cinco minutos diarios quien ahora no lo hace, se evitar¨¢n m¨¢s de 1.000 muertes al a?o y se ahorrar¨¢n 1.470 millones de euros. La reducci¨®n de 1 gramo de sal por persona y d¨ªa para reducir la hipertensi¨®n arterial evitar¨ªa unas 7.000 muertes y gran carga de enfermedad. Como las mencionadas, se pueden enumerar otras muchas medidas con efectos comprobados en la reducci¨®n de sufrimiento, discapacidad y muerte. Algunas de estas medidas, al igual que la ley de prevenci¨®n del tabaquismo pasivo, son de muy bajo coste. Ocurre que los indicadores al uso y las evaluaciones no computan ni las cargas m¨¢s t¨®xicas de parte de nuestro sistema econ¨®mico ni los beneficios de las acciones que evitan tales da?os.

A¨²n mejor que lo mencionado, pero con coste, es garantizar una educaci¨®n de alta calidad desde el inicio de la vida hasta el fin de la etapa obligatoria, que forme a ciudadanos con madurez democr¨¢tica, capacidad cr¨ªtica y participativa. Una educaci¨®n as¨ª otorga un potencial de salud a largo plazo de magnitud superior a cualquier otra iniciativa. La educaci¨®n de calidad es desde luego la materia prima b¨¢sica y, por ello, hoy es cr¨ªtico proteger de la pobreza y la alienaci¨®n a los ni?os. En caso contrario dejamos marcas indelebles.

Las autoridades deben ocuparse de que se cumpla la normativa vigente o derogarla

En los servicios sanitarios, y siguiendo lo recogido en la LGSP, debe establecerse ya la lista de intervenciones diagn¨®sticas, terap¨¦uticas y preventivas ineficaces para suprimirlas. Hay suficiente capacidad y conocimiento para organizar una red de expertos cualificados con autoridad cient¨ªfica contrastable, que facilite las decisiones de las autoridades sanitarias. Obviamente, algunas decisiones podr¨¢n criticarse como supresi¨®n de prestaciones. Pero ya hemos cedido demasiado ante quienes se lucran con el consumismo sanitario. Adem¨¢s, la iatrogenia se ha convertido en uno de los principales problemas de salud de los pa¨ªses desarrollados.

Todo ello no es sencillo, ?c¨®mo iba a serlo? Cambiar requiere pedagog¨ªa y di¨¢logo, una cierta autocr¨ªtica y comprensi¨®n de la poblaci¨®n, la complicidad de los profesionales y coraje pol¨ªtico. En este camino la transparencia es imprescindible, como lo es acostumbrarse a priorizar; por ejemplo, en las listas de espera, como ya se hace, o con los incentivos a la profesionalizaci¨®n. Las opciones aparentemente f¨¢ciles, como las privatizaciones, sin un marco que garantice la competencia, son contraproducentes.

Un hecho conviene subrayar: las Administraciones p¨²blicas deben cumplir la normativa vigente o derogarla. La LGSP establece que las normas y pol¨ªticas que afectan a la salud deben someterse a la evaluaci¨®n de impacto en salud y que deben contribuir a reducir las desigualdades sociales en salud. Resoluciones y normas jur¨ªdicas recientemente adoptadas por el Gobierno van a tener efectos adversos en la salud de la poblaci¨®n; pueden quedar sin evaluar. As¨ª, dejar fuera del sistema de salud a decenas de miles de personas afecta adem¨¢s de a su atenci¨®n sanitaria a la organizaci¨®n y tutela de la salud p¨²blica, con efectos obvios en la salud, que no han sido apreciados, como tampoco se ha hecho al disminuir la prestaci¨®n de desempleo, especialmente a los que son m¨¢s vulnerables. Por ello es oportuna la rectificaci¨®n que se atisba para volver de facto a la universalizaci¨®n. Tambi¨¦n es imprescindible que se cumplan las leyes sobre conflictos de inter¨¦s, tan frecuentes en sanidad. Es imprescindible desde todos los puntos de vista: el econ¨®mico convencional, el cultural y el democr¨¢tico. Basta ya de contemporizar con la corrupci¨®n, de la ¨ªndole que sea. Hay pruebas fehacientes: los pa¨ªses con un buen desarrollo de la salud p¨²blica son aquellos con una calidad de vida democr¨¢tica m¨¢s elevada. Contribuyamos a ello, y a salir de la crisis, cumpliendo con la Ley General de Salud P¨²blica.

Ildefonso Hern¨¢ndez, Fernando G. Benavides y Miquel Porta son m¨¦dicos y catedr¨¢ticos de Salud P¨²blica en la Universidad Miguel Hern¨¢ndez, Pompeu Fabra y Aut¨®noma de Barcelona, respectivamente.