Oportunidad perdida

El mercado energ¨¦tico en Espa?a, en particular el el¨¦ctrico, necesita con urgencia una reforma en profundidad con el prop¨®sito de reducir los costes de la energ¨ªa por unidad de producto en el conjunto de la econom¨ªa espa?ola. Esa reforma, que viene reclam¨¢ndose p¨²blicamente al menos desde principios de 2004, cuando se advirtieron las nefastas consecuencias del mecanismo de fijaci¨®n de la tarifa el¨¦ctrica puesto en marcha por la administraci¨®n del PP, se ha convertido casi en cuesti¨®n de supervivencia del sistema debido a la amenaza que representa el llamado d¨¦ficit de tarifa (diferencia entre los ingresos que proporciona la tarifa el¨¦ctrica aprobada por el Gobierno y los derechos reconocidos hacia las empresas por el mal llamado mercado de electricidad), calculado a diciembre de 2011 en 24.000 millones y que, debido a la incapacidad del regulador para gestionar el mercado y la ca¨ªda de la demanda el¨¦ctrica, dif¨ªcilmente bajar¨¢ de los 28.000 millones en 2012. Es una deuda te¨®rica de los consumidores hacia las empresas que contamina la estabilidad de la financiaci¨®n p¨²blica y privada en Espa?a en un momento especialmente delicado para la estabilidad del Tesoro espa?ol y cuando las empresas el¨¦ctricas acumulan endeudamiento en torno a los 70.000 millones, dif¨ªcilmente explicable en varios casos, que amenaza su situaci¨®n financiera a medio plazo.

El Gobierno, de la mano del ministro de Industria, present¨® el pasado 14 de septiembre un plan, considerado abusivamente como Reforma Energ¨¦tica, consistente en elevar la imposici¨®n fiscal en el mercado energ¨¦tico con el fin de mitigar el d¨¦ficit de tarifa y con el prop¨®sito evidente de convencer a la opini¨®n p¨²blica de que las empresas el¨¦ctricas tambi¨¦n pagar¨¢n una parte del d¨¦ficit. La relaci¨®n de subidas de impuestos, mal escalonada y peor explicada por el Gobierno, incluye un gravamen del 6% sobre la venta de energ¨ªa, sea cual sea su procedencia, impuestos a la generaci¨®n de residuos nucleares, un canon especial a la energ¨ªa hidroel¨¦ctrica e impuestos especiales al gas, el fuel y el carb¨®n bajo la definici¨®n poco precisa, pero llamativa, de c¨¦ntimo verde. La eficacia de estas decisiones en t¨¦rminos econ¨®micos es decepcionante. La recaudaci¨®n conseguida mediante los parches fiscales es notoriamente insuficiente para corregir el d¨¦ficit de tarifa anual. Y despu¨¦s, porque esta bater¨ªa de recargos no corrige el origen del problema, que es un sistema inadecuado de calcular los costes reconocidos, con lo cual el d¨¦ficit puede reproducirse sin control durante los pr¨®ximos a?os.

El prop¨®sito de convencer a los consumidores de que las empresas tambi¨¦n pagan el d¨¦ficit tambi¨¦n hace aguas. Casi todos los impuestos y c¨¢nones presentados como si fueran exacciones dolorosas a las compa?¨ªas se trasladar¨¢n inevitablemente al precio final de la electricidad, de forma que el cliente acabar¨¢ pagando en todo o en su mayor parte el d¨¦ficit de tarifa o la cuota que pueda enjugarse con este parcheo fiscal.

Est¨¢ pendiente una reforma energ¨¦tica de verdad que abarate el coste de la energ¨ªa para el conjunto del sistema productivo y acabe de una vez para siempre con el mecanismo de generaci¨®n y multiplicaci¨®n del d¨¦ficit de tarifa. Ese cambio no llegar¨¢ mientras no se modifique la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, que es el origen de la distorsi¨®n.