El precio de la violencia

La concentraci¨®n que pretend¨ªa ¡°rodear¡± el Congreso de los Diputados, el martes pasado se torn¨® en ocasiones en violentos enfrentamientos entre la polic¨ªa y parte de los manifestantes. El Gobierno acusa a algunos de ellos de haber ejercido una violencia ¡°extrema¡± y asegura que la polic¨ªa se incaut¨® de 260 kilos de piedras, como prueba de sus intenciones. Las sedes parlamentarias no deben ser atacadas, nadie sensato puede prestarse al juego de descalificar la democracia representativa, y el conjunto de la sociedad deber¨ªa ser consciente de los graves riesgos que supone que un grupo de manifestantes descontrolados trate de asaltar la sede de la soberan¨ªa nacional. Pero, a la hora de proteger la inviolabilidad del Congreso, hace falta garantizar la eficacia de las fuerzas de seguridad y evitar la desproporci¨®n de sus actuaciones.

En la memoria de todos est¨¢ la coacci¨®n sufrida por el Parlamento catal¨¢n el 15 de junio de 2011, cuando grupos de indignados zarandearon a diputados y rociaron con pintura a algunos, forzando al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a desplazarse en helic¨®ptero. El martes no sucedi¨® en Madrid nada parecido, aunque tampoco nada garantizaba de antemano que no ocurriera, excepto el correcto despliegue policial previsto.

Por ello, sorprenden los enfrentamientos que se produjeron a la vista de la escasez de participantes en la concentraci¨®n (solo 6.000, seg¨²n la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid) frente al nutrido dispositivo de seguridad, integrado por m¨¢s de 1.300 agentes. Naturalmente, resulta ingenuo ignorar la voluntad provocadora de algunos grupos de manifestantes y su preparaci¨®n para el choque violento. Lo que se le pide a la polic¨ªa es control y proporcionalidad.

Lo m¨¢s dif¨ªcil de aceptar consisti¨® en la irrupci¨®n de antidisturbios en la estaci¨®n de Atocha, a m¨¢s de un kil¨®metro del Congreso: no es admisible la violencia que muestran los testimonios gr¨¢ficos disponibles. Inadmisible, igualmente, que el Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP) califique de ¡°anecd¨®tico¡± que los agentes oculten su n¨²mero de identificaci¨®n en el uniforme, pese a la obligaci¨®n de mostrarlo como garant¨ªa frente al abuso.

El director de la polic¨ªa, Ignacio Cosid¨®, asegura que las fuerzas a sus ¨®rdenes ¡°defendieron la democracia¡± y se ha cerrado de antemano a toda investigaci¨®n interna. El Gobierno debe explicar si la actuaci¨®n policial dentro de la estaci¨®n de Atocha fue acertada. Hora es tambi¨¦n de delimitar qui¨¦n debe ser responsable de la seguridad en el entorno de una sede parlamentaria ¡ªel presidente de la C¨¢mara tiene un papel en esas decisiones, en otros pa¨ªses¡ª, y cu¨¢l es la zona vedada a las manifestaciones. Mantener el orden se ha cobrado un precio elevado, en este caso por partida doble: decenas de ciudadanos heridos ¡ªentre ellos polic¨ªas¡ª y de detenidos, y unas escenas que se han visto en medio mundo, ofreciendo una imagen de Espa?a ciertamente distorsionada.