Poca y tard¨ªa justicia
El 'caso Prestige' muestra las sombras de la investigaci¨®n de un delito ecol¨®gico y econ¨®mico
En llamativo contraste con el a?o escaso que ha necesitado un tribunal italiano para abordar la cat¨¢strofe del Costa Concordia, ha sido preciso un decenio para iniciar el juicio por el vertido de 64.000 toneladas de fueloil del Prestige frente al litoral de Galicia, que provoc¨® una marea negra desde la desembocadura del Mi?o hasta la fachada atl¨¢ntica de Francia. El peque?o juzgado de Corcubi¨®n se vio enfrentado al hundimiento de un petrolero abanderado en las Bahamas, con due?o y operadores log¨ªsticos liberianos (Mare Shipping, Universe Maritime), asegurador brit¨¢nico (The London Steamship Owners), certificado estadounidense (ABS) y fletado por una empresa suiza (Crown Ressources). El entramado de intereses y pa¨ªses implicados, los cambios de juez (se sucedieron hasta cinco) y la tardanza en crear la fiscal¨ªa medioambiental (cuatro a?os despu¨¦s de la cat¨¢strofe) se aliaron para retrasar la instrucci¨®n de un sumario de 230.000 folios, en el que aparecen 1.500 perjudicados.
A falta de responsabilidades pol¨ªticas por lo sucedido, el juicio abierto en A Coru?a habr¨¢ de determinar qu¨¦ parte de culpa debe achacarse a la decisi¨®n de alejar de la costa el vetusto petrolero en pleno temporal, adoptada en su d¨ªa por el Ministerio de Fomento ¡ªdirigido por Francisco ?lvarez-Cascos¡ª en vez de llevarlo a un puerto refugio, donde habr¨ªa sido m¨¢s f¨¢cil controlar la contaminaci¨®n. Otro punto clave es el estado en que navegaba el buque, y m¨¢s despu¨¦s de haberse conocido que el Gobierno de Aznar no aport¨® al juzgado una de las investigaciones submarinas realizadas en su d¨ªa.
Es obligado que la Audiencia act¨²e con toda la firmeza posible, una vez abierto el juicio p¨²blico. Hay dudas razonables sobre las decisiones tomadas por el Gobierno de la ¨¦poca, pero, adem¨¢s, alguien debe resultar responsable del delito cometido contra el medio ambiente y los da?os econ¨®micos provocados a m¨²ltiples perjudicados. La cuesti¨®n es qui¨¦n va a pagarlos. En Francia, el hundimiento del petrolero Erika se sald¨® con un castigo a la petrolera Total por imprudencia, al apremiar el transporte del crudo sin preocuparse de las condiciones del mismo. No se aprecia alguien parecido en el entramado que difumina las responsabilidades por el Prestige, donde adem¨¢s se cuenta con el precedente de que ABS, la ¨²nica empresa considerada solvente, se ha librado en Estados Unidos de las responsabilidades por ese hundimiento que le ped¨ªa el Estado espa?ol. Es el mismo Estado que reclama ahora 4.328 millones de euros en el juicio de A Coru?a y que se arriesga a tener que sufragarlos en gran parte, si fuera declarado responsable civil subsidiario.
Quienes contratan un transporte mar¨ªtimo deben responsabilizarse de las buenas condiciones de los buques que van a realizarlo; est¨¢ por ver si la justicia espa?ola, lastrada por la tortuosa fase de instrucci¨®n, ser¨¢ capaz de desentra?ar qui¨¦nes son los responsables del caso Prestige.
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