El colapso de una naci¨®n
La simult¨¢nea conjunci¨®n de la crisis econ¨®mica y el debilitamiento de las instituciones representativas han producido un doble y predecible efecto en la estructura territorial del Estado.
Por colapso se entiende el fracaso simult¨¢neo de un conjunto de funciones vitales que precipita el desencadenamiento de una crisis sist¨¦mica de consecuencias, en muchas ocasiones, fatales.
Pues bien, eso es exactamente lo que, con toda evidencia, est¨¢ sucediendo en este pa¨ªs; una quiebra extendida y generalizada de las instituciones fundamentales del Estado, una fractura irrecuperable de la actual estructura territorial dise?ada conforme al modelo constitucional de 1978, una acelerada desvertebraci¨®n social que conduce directamente a la pobreza a amplias capas de la poblaci¨®n dependientes de las ayudas p¨²blicas, la emergencia de un clima de efervescente agitaci¨®n social que tiene su origen en la frustraci¨®n colectiva de las expectativas generadas.
El consenso social forjado en la etapa de la Transici¨®n, y que en lo sustancial se ha conservado durante los ¨²ltimos 35 a?os, se sustentaba en el cl¨¢sico modelo de crecimiento keynesiano que se impuso en toda Europa occidental en los a?os inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Nosotros llegamos tarde al Estado de Bienestar, pero nos instalamos c¨®modamente en su regazo porque garantizaba ese primordial valor de la convivencia y la paz social que anhelaba una gran mayor¨ªa de espa?oles deseosos de evitar los riesgos de la descomposici¨®n social y el enfrentamiento civil que a¨²n se cobijaba en la memoria, como un revelado en negativo, de aquella generaci¨®n que protagoniz¨® el cambio pol¨ªtico.
El incremento de la pobreza, el progresivo deterioro de las condiciones sociales y el consiguiente desarraigo de amplios sectores de la poblaci¨®n contribuir¨¢n al aumento de la inestabilidad pol¨ªtica
Esa Arcadia feliz concluy¨® un d¨ªa del a?o 2008, cuando en la ciudad de Nueva York unos banqueros fueron desalojados de sus mesas de trabajo cuando la entidad en la que trabajaban fue intervenida por el Gobierno Federal. El vendaval que entonces se desat¨® se ha convertido en un hurac¨¢n incontrolable que nos ha despertado, sobresaltados, de aquel espejismo que hab¨ªamos confundido con la realidad. De repente, hemos descubierto que no podemos gastar m¨¢s de lo que tenemos, que si nos endeudamos estamos obligados a devolver el dinero prestado, que los servicios p¨²blicos que nos proporciona el Estado no son gratuitos y tenemos que sufragarlos mediante impuestos que no queremos pagar, que tenemos que trabajar m¨¢s para ganar menos y que en el horizonte de nuestras vidas y de las de nuestros hijos va perfil¨¢ndose cada vez con mayor nitidez aquel destino del que huimos como una maldici¨®n: empobrecimiento.
En muy poco tiempo, el consenso se ha disuelto como un azucarillo. Cada sector social, cada grupo, cada individuo lucha por sobrevivir, resisti¨¦ndose encarnizadamente frente a la sombra amenazadora de la pobreza y todos juntos, como en un coro desafinado de voces discordantes, elevan sus demandas y sus protestas frente a aquel que tradicionalmente se encargaba de satisfacerlas: el providencial Estado del Bienestar, convertido ahora en una especie de Rey Mago al que se le han acabado los juguetes en el almac¨¦n. Y as¨ª se desencadena una espiral que transforma el virus de la inestabilidad econ¨®mica en la p¨¦rdida de la legitimidad pol¨ªtica.
Paralelamente, en el contexto de inestabilidad econ¨®mica generada por la crisis, asistimos al desmoronamiento del dise?o institucional surgido de la Constituci¨®n de 1978. En una u otra medida todas las instituciones representativas que encarnan los poderes del Estado han sufrido un generalizado descr¨¦dito por parte de la opini¨®n p¨²blica. Tanto el poder judicial, como los partidos pol¨ªticos, los sindicatos o la jefatura del Estado que ostenta la funci¨®n simb¨®lica representativa por excelencia, han experimentado una sustancial p¨¦rdida de legitimidad que erosiona la totalidad del sistema pol¨ªtico institucional. Este desdoro se acent¨²a en muchos casos cuando va acompa?ado de conductas indecorosas o manifiestamente corruptas.
Se gestar¨¢n entonces las condiciones para un estallido social revolucionario, como ya sucedi¨® en los a?os treinta
La naturaleza b¨¢sicamente extractiva, utilizando el pl¨¢stico lenguaje de Daron Acemoglou, de los dirigentes pol¨ªticos en nuestro pa¨ªs es un mal end¨¦mico que se remonta a la fallida construcci¨®n de un Estado, incapaz de integrar en sus estructuras pol¨ªticas a los sectores m¨¢s din¨¢micos y emprendedores de una sociedad escasamente vertebrada, gobernada en su infancia por una aristocracia semifeudal, a la que le sucedi¨® una singular burgues¨ªa burocr¨¢tica y centralista siempre de una extrema debilidad, apuntalada por el fusil y la cruz, una extra?a amalgama que bloque¨® durante decenios cualquier pretensi¨®n modernizadora.
El desarrollo econ¨®mico vinculado a los ¨²ltimos 20 a?os del denominado tardofranquismo hizo posible, por primera vez, que una mayor¨ªa de ciudadanos se beneficiar¨¢ ampliamente de las ventajas de la expansi¨®n econ¨®mica y del consumo de masas, un proceso que culmin¨® con la incorporaci¨®n a la Uni¨®n Europea y el despegue econ¨®mico de los a?os noventa. Pero las transformaciones pol¨ªticas siguieron otro ritmo. La denominada Transici¨®n, un puente entre el pasado y el futuro sin el coste sangriento de una revoluci¨®n, favoreci¨® la continuidad sin traumas excesivos de los mismos sectores sociales que se hab¨ªan encargado de dirigir la pol¨ªtica de la naci¨®n en los ¨²ltimos 40 a?os, con los usos, pr¨¢cticas y sistemas de cooptaci¨®n heredados de nuestra vieja tradici¨®n extractiva y excluyente.
El famoso consenso constitucional descansaba sobre una coalici¨®n de intereses marcadamente heterog¨¦neos cuyo inestable equilibrio solo pod¨ªa asegurarse mediante la provisi¨®n de recursos adicionales que satisficieran las crecientes demandas de todos los afectados. Cuando se acab¨® el combustible y la caldera dej¨® de funcionar, nadie estaba dispuesto a pasar fr¨ªo. La crisis econ¨®mica precipit¨® una crisis de legitimidad de las instituciones que articulaban una asim¨¦trica distribuci¨®n del poder entre los distintos grupos sociales. De repente los ciudadanos empezaron a formular algunas preguntas inquietantes: ?para qu¨¦ sirven las instituciones? ?Cu¨¢nto pagamos por su funcionamiento? ?Cuantos pol¨ªticos tenemos y cu¨¢nto nos cuestan?. El edificio que almacena las reliquias de la democracia pol¨ªtica representativa es tan endeble que bastan estas simples preguntas para socavar los cimientos de toda la estructura. De la mera toma de conciencia al ejercicio de una acci¨®n que conduce directamente al estallido social s¨®lo hay un paso, y muchos ya han empezado a darlo.
La simult¨¢nea conjunci¨®n de la crisis econ¨®mica y el debilitamiento de las instituciones representativas han producido un doble y predecible efecto en la estructura territorial del Estado.
En primer lugar, la crisis fiscal de los distintos gobiernos aut¨®nomos ha hecho emerger en aquellos territorios hist¨®ricos que tradicionalmente han enarbolado la bandera del nacionalismo, ese viejo sentimiento de agravio soterrado por el pacto constitucional, que est¨¢ en la base de toda reivindicaci¨®n soberanista.
En especial, en Catalunya ha ido fragu¨¢ndose progresivamente, hasta adquirir el simb¨®lico valor de un icono en el imaginario colectivo, la sensaci¨®n compartida, agitada en ocasiones por el b¨¢culo populista, de que el patrimonio y la riqueza nacional de Catalunya est¨¢ siendo expropiada por el resto del Estado para ser distribuida en forma de ayudas y subvenciones a aquellos que disfrutan de los beneficios del trabajo ajeno. Hay mucho de verdad en esa creencia, pero no basta por s¨ª sola para dinamitar una asociaci¨®n con el Estado espa?ol que, por otra parte, tambi¨¦n ha sido beneficiosa para Catalu?a. Hace falta algo m¨¢s: envolver una reivindicaci¨®n razonable en una bandera y aderezar el c¨®ctel con las t¨ªpicas identidades culturales e idiom¨¢ticas. A ello ha contribuido, sin duda, la miop¨ªa hist¨®rica de la derecha espa?ola aferrada, una vez m¨¢s, a las ret¨®ricas de la intransigencia, a esa antigualla de la patria com¨²n e indivisible que s¨®lo enfatiza el lastre hist¨®rico de su debilidad.
En segundo lugar, el deterioro de la imagen nacional, de la marca Espa?a, ha contribuido a debilitar decisivamente el atractivo de la pertenencia com¨²n a un espacio geogr¨¢fico, econ¨®mico y cultural que, recientemente, hab¨ªa logrado ocupar un lugar preeminente entre las naciones desarrolladas. Si a un catal¨¢n en los Estados Unidos o en Alemania se le identificaba como miembro de una comunidad m¨¢s amplia, pr¨®spera, rica y moderna, a¨²n sin renunciar a su identidad m¨¢s inmediata, pod¨ªa sentirse part¨ªcipe de un proyecto conjunto. En alguna medida, en esa singular escala que mide el orgullo de la pertenencia nacional, Espa?a sumaba m¨¢s que restaba.
En estas condiciones, en un pa¨ªs sumido en una profund¨ªsima crisis econ¨®mica, convulsionado por inevitables enfrentamientos sociales, cuyas instituciones pol¨ªticas, fuertemente deterioradas, no gozan de credibilidad ciudadana alguna y aquejado de una end¨¦mica falta de vertebraci¨®n territorial que amenaza con implosionar el concepto mismo de naci¨®n, apenas puede sorprender a alguien que no resulte muy atractivo identificarse como espa?ol, porque ahora Espa?a resta m¨¢s que suma.
El resultado m¨¢s evidente e inmediato de la severa crisis econ¨®mica que padecemos y de las pol¨ªticas dise?adas por la Uni¨®n Europea y aplicadas por los respectivos gobiernos para superar esta coyuntura, acarrear¨¢ ,sin duda, un significativo empobrecimiento de Espa?a como pa¨ªs y de los ciudadanos cuyas econom¨ªas dom¨¦sticas ya fuertemente castigadas, se contraer¨¢n a¨²n m¨¢s en los pr¨®ximos a?os.
Ese empobrecimiento, naturalmente, afectar¨¢ de manera desigual a los diferentes sectores sociales pero se extender¨¢ a todas las capas de la poblaci¨®n. Desde luego, aquellos que tengan mayor capacidad adquisitiva gozar¨¢n tambi¨¦n de una posici¨®n privilegiada para poder reducir su nivel de vida sin que las necesidades b¨¢sicas se vean afectadas. Pero para la inmensa mayor¨ªa de la poblaci¨®n, y particularmente para quienes perciben rentas, subsidios o ayudas del Estado y de las administraciones p¨²blicas, para los beneficiarios de la educaci¨®n universal o de la sanidad gratuita, para los sectores m¨¢s desamparados de la sociedad que sobreviven con muchas dificultades gracias a las prestaciones sociales, para las nuevas clases medias surgidas en el auge econ¨®mico de los a?os noventa bajo la protecci¨®n del Estado Social, el futuro a corto y medio plazo se parecer¨¢ mucho m¨¢s al que vivieron sus padres y abuelos que, al que una vez, imaginaron para sus hijos.
Un futuro sombr¨ªo sin otra certeza que un empobrecimiento seguro, no es una buena noticia. Y nadie quiere escuchar noticias desagradables, mucho menos soportar, complacientemente , el sufrimiento que se anuncia como inevitable. Lo que se avecina es un periodo de cr¨ªtica inestabilidad, de enormes convulsiones sociales y agitadas y peligrosas derivas pol¨ªticas. No es posible aventurar con cierto rigor cu¨¢l sea el resultado final de algunas de las incertidumbres que nos acechan, pero lo que es seguro es que la Espa?a que amanecer¨¢ despu¨¦s del sue?o triunfalista y fara¨®nico del que estamos despertando, apenas nos ser¨¢ reconocible.
Las organizaciones sociales, con los sindicatos al frente, luchar¨¢n hasta el agotamiento, en una batalla necesariamente perdida, tratando de evitar que los m¨¢s desfavorecidos, aquellos que tradicionalmente se han beneficiado de las pol¨ªticas sociales del Estado del Bienestar, soporten la mayor parte del costo de la factura que nos impone nuestra pertenencia a la Uni¨®n Monetaria. Es una tentativa destinada, sin duda alguna, al fracaso. Pero dejar¨¢ a su paso la huella del sufrimiento y el enfrentamiento civil.
El Estado del Bienestar y las instituciones sociales y pol¨ªticas vinculadas a este modelo, desaparecer¨¢n, al menos tal como se han configurado hasta el d¨ªa de hoy. Las prestaciones sociales y los servicios universales en educaci¨®n, sanidad y otras ¨¢reas pertenecen al pasado. Asistiremos a una miniaturizaci¨®n del Estado social, a una especie de "jibarizaci¨®n" que dejar¨¢ reducido a algo m¨¢s que a una maqueta aqu¨¦l gigantesco proyecto que nos iba a garantizar la seguridad de la cuna a la tumba. Habr¨¢ muchos perdedores y, desde luego, alg¨²n ganador
En este escenario el conflicto y el enfrentamiento civil ser¨¢n algo m¨¢s que una posibilidad. Con toda probabilidad, el incremento de la pobreza, el progresivo deterioro de las condiciones sociales y el consiguiente desarraigo de amplios sectores de la poblaci¨®n contribuir¨¢n a un sustancial incremento de la inestabilidad pol¨ªtica, poniendo en jaque a las instituciones y cuestionando la actual ecuaci¨®n de distribuci¨®n del poder; esto es, estar¨¢n gest¨¢ndose las condiciones para un estallido social revolucionario, como ya sucedi¨® en los a?os treinta, una crisis con la que guarda muchas identidades la actual coyuntura por la que atraviesa Europa.
?lvaro Lobato, abogado socio de DLA PIPER y Cristina Jim¨¦nez Savurido, magistrada en excedencia y presidenta de la Fundaci¨®n para la Investigaci¨®n sobre el Derecho y la Empresa (Fide)
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