La ¨²ltima oportunidad

En un art¨ªculo publicado en estas mismas p¨¢ginas a finales del 2009, titulado La pen¨²ltima oportunidad, escrib¨ªa Josep Ramoneda: "Algunos juristas y algunos medios de comunicaci¨®n tienden a confundir la legalidad con la realidad, como si lo que la ley no autoriza no existiera, por lo menos hasta que la ley cambie. La ley regula la realidad, pero no la sustituye. Por mucho que diga la Constituci¨®n, no hay ley que pueda negar que una amplia mayor¨ªa del Parlamento catal¨¢n considere que Catalu?a es una naci¨®n". Y conclu¨ªa con un vaticinio obvio, que se ha cumplido milim¨¦tricamente: "Si el pacto pol¨ªtico del Estatut se frustra y no se encauza por otras v¨ªas, el independentismo se consolidar¨¢ en Catalu?a y el riesgo de polarizaci¨®n ser¨¢ alto".

Una parte importante de la sociedad y la pol¨ªtica espa?olas no entendieron ¡ªo no quisieron ver¡ª que con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut el pacto constitucional de 1978 quedaba casi roto en Catalu?a, falto de la m¨ªnima autoridad que toda Constituci¨®n necesita para ser efectiva, por m¨¢s que est¨¦ en vigor. El recurso del PP y la sentencia abrieron un peligroso conflicto de legitimidades: enfrentaban la voluntad democr¨¢tica del pueblo catal¨¢n, expresada en el refer¨¦ndum de aprobaci¨®n de un Estatut previamente votado en Cortes, con el ordenamiento constitucional. La misma Constituci¨®n que en su momento recibi¨® un apoyo mayoritario de los catalanes, ahora, para muchos de ellos, quedaba secuestrada por una lectura extremadamente restrictiva, muy alejada del esp¨ªritu de la Transici¨®n, hecha por un tribunal partidista que actuaba m¨¢s bien como tercera c¨¢mara. Y, por tanto, dejaba de valer.

De todo nuestro edificio constitucional, la posibilidad de que el Constitucional modifique un Estatuto aprobado previamente en refer¨¦ndum es, probablemente, la pieza peor dise?ada. Y fue en base a este fallo garrafal del dise?o constitucional que se cuestion¨® la voluntad democr¨¢tica de una sociedad como la catalana que ¡ªaunque no sea reconocida legalmente como un sujeto de soberan¨ªa separada¡ª se considera a s¨ª misma naci¨®n de un modo muy mayoritario. Dicho metaf¨®ricamente, el buque constitucional se empotraba contra el demos catal¨¢n por el punto m¨¢s d¨¦bil del casco: no es extra?o que, de este choque, la damnificada fuese la Constituci¨®n, tanto o m¨¢s que las aspiraciones catalanas expresadas en el Estatut.

La posibilidad de que el Constitucional modifique un Estatuto aprobado previamente en refer¨¦ndum es, probablemente, la pieza peor dise?ada

Antes de la sentencia, una gran parte de los catalanes pod¨ªa aceptar que Catalu?a forma parte de Espa?a porque as¨ª lo establece la Constituci¨®n. A partir de entonces, esta raz¨®n dejaba de ser suficiente. De ah¨ª a la necesidad de un refer¨¦ndum hay solo un paso. Despu¨¦s de la sentencia, una amplia mayor¨ªa de sus ciudadanos considera que Catalu?a s¨®lo tiene que seguir en Espa?a si as¨ª lo deciden ellos mismos libremente.

Hoy el independentismo es una marea que crece en Catalu?a de modo indiscutible, tanto o m¨¢s abundante entre las clases medias y trabajadoras y entre los intelectuales de izquierdas que entre las clases acomodadas y el pensamiento conservador. A mi entender, a Espa?a s¨®lo le queda una oportunidad para evitar la separaci¨®n: poner sobre la mesa una nueva Constituci¨®n, que sustituya el hoy maltrecho pacto de 1978 y que dibuje un modelo territorial inequ¨ªvocamente federal, que asuma plenamente la plurinacionalidad del Estado y, por tanto, la asimetr¨ªa.

Una Constituci¨®n cuyas l¨ªneas maestras, en lo que se refiere a Catalu?a, ser¨ªan: su reconocimiento como naci¨®n; un d¨¦ficit fiscal razonable, de no m¨¢s del 4 o 5 % del PIB; una distribuci¨®n de competencias clara, basada en el principio de subsidiariedad y en la cl¨¢usula dispositiva; el establecimiento de unos principios que rijan y justifiquen la asimetr¨ªa competencial entre las distintas comunidades federadas; un Senado verdaderamente federal, pero compatible con un alto grado de bilateralidad en las relaciones entre Catalu?a y el gobierno central; el reconocimiento del catal¨¢n como lengua oficial del Estado y, por tanto, su uso normalizado en las principales instituciones del mismo; una inversi¨®n en infraestructuras territorialmente equilibrada; un poder judicial estructurado federalmente; y alg¨²n elemento simb¨®lico, como ser¨ªa distribuir las instituciones del Estado entre las distintas capitales del pa¨ªs ¡ªde modo que Barcelona fuera sede, como m¨ªnimo, del Senado¡ª.

A Espa?a s¨®lo le queda una oportunidad para evitar la separaci¨®n: poner sobre la mesa una nueva Constituci¨®n, que sustituya el hoy maltrecho pacto de 1978

Pero, sobre todo, este nuevo pacto constitucional deber¨ªa reconocer y blindar jur¨ªdicamente eso que algunos llaman derecho de autodeterminaci¨®n y otros derecho a decidir: la posibilidad de elegir la libre adhesi¨®n a esta Espa?a federal o separarse de ella para constituir un nuevo Estado. Hay quien considerar¨¢ que el reconocimiento de este derecho va mucho m¨¢s all¨¢ del federalismo, en tanto que rompe la unidad de la soberan¨ªa; se dir¨¢ que es un elemento m¨¢s propio de un modelo confederal y que ambas cosas ¡ªfederalismo y confederalismo¡ª son incompatibles. Se podr¨ªa replicar que hay una cierta concepci¨®n del federalismo que entiende la federaci¨®n como "uni¨®n en libertad".

Pero, m¨¢s all¨¢ de las cuestiones terminol¨®gicas, la regulaci¨®n constitucional de este derecho, en el caso de Espa?a, es una pieza imprescindible para asegurar que el modelo federal funcione correctamente. Porque en un pa¨ªs que ha demostrado sobradamente una notable falta de cultura federal, el derecho de las partes a abandonar el conjunto ser¨ªa la ¨²nica garant¨ªa de que el pacto federal es respetado. Intuyo que este es el ¨²nico motivo por el cual una mayor¨ªa de catalanes, a estas alturas, podr¨ªan acabar apostando por una nueva Constituci¨®n. Dicho parad¨®jicamente: el reconocimiento de la posibilidad de irse ser¨ªa el mejor incentivo para quedarse, porque s¨®lo un ¡°federalismo con garant¨ªas¡± podr¨ªa recabar apoyo suficiente en Catalu?a. Y la ¨²nica garant¨ªa fiable es, en las actuales circunstancias, el derecho a decidir.

Este nuevo pacto constitucional deber¨ªa reconocer y blindar jur¨ªdicamente eso que algunos llaman derecho de autodeterminaci¨®n

Para un porcentaje no desde?able de los catalanes el pacto federal es todav¨ªa su primera opci¨®n, en lo que a las relaciones con Espa?a se refiere. Pero, entre ¨¦stos, no todos asumen el status quo constitucional como segunda opci¨®n en su lista de preferencias. Muchos de quienes todav¨ªa apuestan por el federalismo, si el dilema se plantease en t¨¦rminos de status quo o independencia, elegir¨ªan esta ¨²ltima. Por ello, si una nueva Constituci¨®n federal se revelase imposible, no es en absoluto descartable que un eventual refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n se resolviese con una mayor¨ªa independentista bastante cualificada. Y, si un d¨ªa la independencia cuenta con un apoyo muy mayoritario en Catalu?a, tendr¨¢ muchas posibilidades de prosperar, m¨¢s all¨¢ del estatus legal del refer¨¦ndum por medio del cual se haya expresado esta amplia mayor¨ªa.

De ah¨ª que Espa?a, en este momento trascendental de su historia, posiblemente se est¨¦ enfrentando a una inc¨®moda paradoja, de la que quiz¨¢s no sea plenamente consciente: si le reconoce al pueblo catal¨¢n el derecho de irse ¡ªesto es, si constitucionaliza el refer¨¦ndum que le permite bien la libre adhesi¨®n, bien la secesi¨®n¡ª la probabilidad de que Catalu?a se quede crecer¨¢ notablemente; pero si le niega este derecho, lo que aumentar¨¢ considerablemente es la probabilidad de que Catalu?a se vaya. ?Sabr¨¢ Espa?a comprender una paradoja tal y darle una respuesta inteligente, a la altura de los tiempos?

Antoni Comin i Oliveres es profesor de ESADE (Universitat Ramon Llull) y exdiputado del Parlament de Catalunya por el grupo PSC-CpC.