?Y despu¨¦s del 25 de noviembre?

La masiva manifestaci¨®n de la Diada ha expresado un malestar que tiene fundamentos diversos: los cambios generacionales y demogr¨¢ficos de fondo que se han dado en la sociedad catalana y el progresivo empobrecimiento de las clases medias que crea un caldo de cultivo para las soluciones milagreras o populistas, entre otros. Y la decisi¨®n del president Mas de disolver precipitadamente el Parlament ha acelerado el debate pol¨ªtico sobre el encaje de Catalu?a en Espa?a en un momento en que la crisis econ¨®mica afecta duramente a nuestra sociedad.

Ha llovido mucho desde que aprobamos, mediante refer¨¦ndum popular, la Constituci¨®n. A lo largo de estos casi 34 a?os de andadura hemos construido un complejo modelo territorial que ha permitido, a Catalu?a y al resto de territorios de Espa?a, avances indudables. Este largo periodo democr¨¢tico constituye un activo que, a pesar de todos los problemas y contradicciones, no debemos olvidar. Nada es inmutable, cierto. Pero los cambios necesarios que democr¨¢ticamente debamos impulsar han de considerar con inteligencia los beneficios colectivos que hemos acumulado.

El autogobierno que Catalu?a ha alcanzado en este marco es indiscutiblemente el mayor de toda su historia. Catalu?a es hoy una naci¨®n dotada de estructuras de gobierno homologables a las de un Estado federal, por el nivel de competencias asumido, pero mejorable en lo referente a la distribuci¨®n de los recursos fiscales y tambi¨¦n en lo referente a la participaci¨®n en las pol¨ªticas comunes del conjunto del Estado espa?ol.

Por ello seguimos teniendo problemas muy serios de encaje. Problemas de fondo, a los que me refer¨ª cuando hablaba del riesgo de ¡°desafecci¨®n¡± y que la sentencia del TC sobre el Estatut no ha hecho m¨¢s que acrecentar. Esos problemas no pueden ser menospreciados, pensando que lo que ahora ocurre no es m¨¢s que un calent¨®n electoral de los nacionalistas. Es preciso que desde Catalu?a y desde el conjunto de Espa?a acertemos en definir esos problemas para encontrar para cada uno de ellos la soluci¨®n m¨¢s adecuada. A ello no ayuda ni la torpeza de los que ampar¨¢ndose en la crisis desean un retroceso, ni la irresponsabilidad de los que respondiendo a un enojo justificado proponen atajos de dudosa aplicaci¨®n.

Hay, en primer lugar, un problema de reconocimiento de la especificidad nacional de Catalu?a. ?Tanto cuesta entender que el hecho de que sea y quiera ser una naci¨®n no significa un atentado contra los intereses comunes del conjunto de los espa?oles? Reconozcamos de una vez que el pacto constitucional de 1978 implicaba un reconocimiento t¨¢cito de esa singularidad que muchos quieren obviar. La nefasta campa?a del PP contra el Estatut, con las exageraciones en torno a los temas ling¨¹¨ªsticos, es la manifestaci¨®n m¨¢s sectaria de esa falta de reconocimiento. Muchos son los que desde Catalu?a consideran que ya no hay margen para la espera. Que la paciencia se ha agotado y que dada esa incomprensi¨®n no queda m¨¢s remedio que arrojar la toalla y optar por la ruptura. Yo no me cuento entre ellos, pero reconozco que no les faltan razones.

Hay tambi¨¦n un problema derivado de la ambig¨¹edad en el reparto competencial. Esa falta de concreci¨®n, unida al uso abusivo de la legislaci¨®n b¨¢sica y a la falta de instrumentos de car¨¢cter federal para dirimir diferencias y facilitar la cooperaci¨®n horizontal, ha generado muchas tensiones y una mara?a legislativa repleta de solapamientos.

En tercer lugar hay un problema de distribuci¨®n de los recursos fiscales y de atribuci¨®n de responsabilidades entre Estado y CC AA. Catalu?a quiere y deber¨ªa poder ejercer con m¨¢s autoridad y capacidad su responsabilidad en el campo de los ingresos. Las CC AA, si excluimos las forales, tienen menos autonom¨ªa y espacio fiscal incluso que los ayuntamientos. Dependen demasiado de las decisiones del gobierno central. Dicho esto, el Estatut permite un recorrido en este ¨¢mbito que no ha sido desarrollado ni concertado.

Y, por supuesto hay un cuarto problema que, en plena crisis econ¨®mica, ha actuado como detonante de no pocas vocaciones soberanistas: el peso de la solidaridad territorial. A pesar de que el nuevo sistema de financiaci¨®n ha mejorado el resultado, es un hecho que las comunidades que m¨¢s contribuyen a esta solidaridad resultan seriamente perjudicadas en el balance. Como lo es tambi¨¦n que la ausencia de mecanismos de solidaridad en el c¨¢lculo del cupo en las comunidades de r¨¦gimen foral constituye una situaci¨®n injusta. No es admisible que quien contribuye solidariamente resulte penalizado. No lo es por razones de equidad. Pero no lo es tampoco por razones de eficiencia econ¨®mica: restar capacidad inversora a los territorios m¨¢s din¨¢micos de la econom¨ªa espa?ola es una sinraz¨®n que finalmente perjudica al conjunto.

La existencia real de estos problemas ¡ªmal comprendidos por el gobierno de Mariano Rajoy¡ª ha sido aprovechada con astucia por quienes no desean compartir un proyecto com¨²n. Han podido construir con medias verdades o exageraciones un relato que a partir de la existencia de un d¨¦ficit fiscal (cuyo c¨¢lculo no es pac¨ªfico) explica a los ciudadanos que con la independencia la situaci¨®n econ¨®mica y financiera de Catalu?a ser¨ªa tal que podr¨ªamos resolver el problema del d¨¦ficit p¨²blico, reducir el endeudamiento, soslayar la prima de riesgo y, por supuesto, asegurar los servicios p¨²blicos que ahora hemos de recortar ¡°por culpa de Espa?a¡±. Ese relato poco riguroso se ha visto legitimado por el reiterado incumplimiento de las previsiones estatutarias por parte del actual Gobierno central. La flagrante vulneraci¨®n de la DA 3? del Estatut ¡ªvigente, por cierto¡ª que ha de garantizar un porcentaje del conjunto de la inversi¨®n estatal, no es admisible por m¨¢s que se quiera utilizar la crisis como coartada.

El president Artur Mas ha lanzado un ¨®rdago al Gobierno espa?ol y, de paso, a los que desde Catalu?a defendemos una soluci¨®n federal. Tras la escenificaci¨®n del portazo mutuo (o concierto econ¨®mico o ruptura) y la convocatoria electoral anticipada las cosas son m¨¢s dif¨ªciles. Y la situaci¨®n econ¨®mica no ayuda. Durante las ¨²ltimas semanas el debate independentista ha conseguido orillar la reflexi¨®n sobre la econom¨ªa y ocultar la dur¨ªsima situaci¨®n de muchas familias, las dificultades de nuestros sectores productivos y la nula iniciativa del Gobierno catal¨¢n para adoptar medidas que contribuyan al crecimiento.

Estamos en una situaci¨®n de bloqueo que, lamentablemente, puede persistir en el tiempo. En unas semanas elegiremos un nuevo Parlament. Sea cual sea su composici¨®n, el nuevo gobierno catal¨¢n debe adoptar una actitud de di¨¢logo y negociaci¨®n con el Gobierno espa?ol. Y el Gobierno espa?ol debe responder con la misma actitud. Ni el discurso del miedo ni la apelaci¨®n a la fe y a la m¨ªstica patri¨®tica resolver¨¢n la ecuaci¨®n. En la Europa del siglo XXI no es posible que unos utilicen el art¨ªculo 8 o el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n ni que otros ejerzan la secesi¨®n unilateral. Y no es con movimientos t¨¢cticos destinados a la galer¨ªa como resolveremos el conflicto. Ni tampoco con razonamientos exclusivamente jur¨ªdicos. Es con pol¨ªtica. Eso s¨ª, con Pol¨ªtica en may¨²sculas. Con altitud de miras y capacidad de comprender los l¨ªmites y espacios del contrario. Negociaci¨®n que requiere tes¨®n, generosidad por ambas partes, perseverancia y buenas dosis de discreci¨®n. El objetivo debe ser la construcci¨®n de acuerdos que puedan ser explicados con claridad a los ciudadanos. Sin ambig¨¹edades ni sobrentendidos. Con expresa narraci¨®n de los efectos del acuerdo o del desacuerdo, de sus costes, de sus ventajas y de sus inconvenientes.

Sin duda hay que poner al d¨ªa el actual ¡°Estado de las autonom¨ªas¡±. Ha sido ¨²til, pero hemos de dar un paso adelante. En mi opini¨®n, este paso adelante implica adoptar un esquema federal n¨ªtido, que resuelva los problemas antes citados: reconocimiento expreso de la singularidad de Catalu?a, definici¨®n precisa de los ¨¢mbitos competenciales, instrumentos federales de acuerdo y negociaci¨®n y una pol¨ªtica fiscal que corresponsabilice realmente a la Generalitat, que limite el d¨¦ficit fiscal y que distribuya equitativamente los costes de la solidaridad. Ello, sin ning¨²n g¨¦nero de duda, comporta abordar una reforma constitucional: trabajemos para construir el necesario consenso.

Dec¨ªa que la situaci¨®n es ahora m¨¢s dif¨ªcil. Pero es precisamente afrontando las mayores dificultades cuando la pol¨ªtica puede dar m¨¢s de s¨ª. Los federalistas no pueden perder el tiempo. Es, quiz¨¢s, la ¨²ltima oportunidad.

Jos¨¦ Montilla Aguilera, expresidente de la Generalitat de Catalu?a.