Una seria explicaci¨®n

Adem¨¢s de los 13 meses que lleva a la cabeza del Gobierno, Mariano Rajoy preside el PP desde 2004 y ha estado 24 a?os vinculado a su direcci¨®n. Por eso le corresponde explicar los indicios de financiaci¨®n ilegal que salpican a su c¨²pula y que influyen tambi¨¦n en la gesti¨®n de la crisis pol¨ªtica y econ¨®mica que viven los espa?oles. La situaci¨®n del partido gobernante traba y debilita la posici¨®n del Ejecutivo a la hora de ocuparse de la crisis econ¨®mica, de decidir c¨®mo se paga la deuda soberana, se combate el desempleo o se responde al independentismo catal¨¢n. Problemas como estos deber¨ªan ocupar por entero al partido gobernante, al Ejecutivo y a su presidente. En lugar de ello, el debate est¨¢ afectado por un asunto de presunta corrupci¨®n, de ra¨ªces ya antiguas, y por las muchas vueltas que se dan a la reforma y control de la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, como si las malas pr¨¢cticas en esos terrenos fueran coyunturales y no estructurales.

Est¨¢ fuera de duda la legitimidad que le ofrecen a Rajoy los votos de 2011 y la mayor¨ªa parlamentaria. Pero un gobernante que trabaja subido a andamios tan peligrosos precisa de algo m¨¢s que del voto de los diputados: necesita la legitimidad moral de tener las espaldas cubiertas por un partido unido y de conducta intachable. En 2009, tras las primeras implicaciones judiciales por el caso G¨¹rtel, Rajoy asegur¨® que este asunto no era una trama del PP, sino ¡°contra el PP¡±, y se mostr¨® seguro de que ¡°nadie podr¨¢ probar¡± que Luis B¨¢rcenas y otros implicados no son inocentes. Los pol¨ªticos deber¨ªan dejar de poner manos en el fuego: se ha tardado tres a?os y medio en acreditar datos sobre la fortuna acumulada por B¨¢rcenas lejos del alcance del fisco espa?ol, de modo que se ha perdido mucho tiempo. Ahora, Rajoy ni afirma ni niega: se limita a aguardar la evoluci¨®n judicial del asunto y la auditor¨ªa interna que ha encargado. Su vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, da vueltas a la posibilidad de incluir a los partidos en la Ley de Transparencia, que no estaban cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto en el verano pasado. Pasa el tiempo y, en vez de decidirse a abordar el problema de la corrupci¨®n, el poder le da vueltas y vueltas.

Antes de acceder al Gobierno, Rajoy supon¨ªa que su llegada a La Moncloa iba a llevar aparejada la creaci¨®n de empleo en Espa?a. Una vez a los mandos, el jefe del Gobierno ha tenido sobrada ocasi¨®n de darse cuenta de que la realidad es m¨¢s compleja. Resolver un grave problema de paro es mucho m¨¢s dif¨ªcil que castigar y frenar la corrupci¨®n: para esto ¨²ltimo basta la voluntad de hacerlo. La direcci¨®n del PP tiene que actuar r¨¢pida y eficazmente, lo mismo que otros partidos a medida que surgen asuntos de corrupci¨®n o de mal uso del dinero p¨²blico, como el episodio de la fundaci¨®n Ideas. A la justicia le corresponde establecer las responsabilidades penales, pero las pol¨ªticas necesitan un ritmo m¨¢s r¨¢pido.