El debate sobre el triste estado de la naci¨®n

Dentro de tres semanas, los d¨ªas 20 y 21 de febrero, se desarrollar¨¢ en el Congreso de los Diputados el aplazado Debate sobre el Estado de la Naci¨®n. Esta es la ocasi¨®n para que nuestros pol¨ªticos dejen de dar vueltas, se enfrenten a la realidad y hagan algo ¨²til al respecto. Antes que nada, reconocer expresamente lo que todo este pa¨ªs sabe: que existe un serio problema de corrupci¨®n que ha sido originado en leyes perversas de urbanismo y de financiaci¨®n de los ayuntamientos y que ese dinero incontrolado ha contaminado gravemente la vida p¨²blica.

Nadie espera que el presidente del Gobierno se autoinculpe (los tribunales decidir¨¢n cu¨¢l es su implicaci¨®n en este caso y las instituciones actuar¨¢n como proceda). Pero una cosa es no inculparse y otra que el responsable del Gobierno de este pa¨ªs pretenda ignorar que existe esa realidad, como hizo ayer Rajoy en su comparecencia televisiva. Si el presidente del Gobierno no acepta ante el Parlamento que este pa¨ªs tiene un problema de corrupci¨®n quiere decirse que no lo afrontar¨¢ ni har¨¢ nada por corregirlo y que seguiremos padeciendo sus consecuencias.

Lo que esta sucediendo en Espa?a es una aberraci¨®n, pero es un problema que tiene soluci¨®n si se aborda con firmeza. El Parlamento no se enfrenta a algo desconocido. Sabe perfectamente de qu¨¦ se trata. Sabe cu¨¢les son los mecanismos y los procedimientos opacos con los que se han alimentado.

Rajoy no puede acudir al Parlamento a pedir que se conf¨ªe en su palabra. Eso puede hacerlo, con poco ¨¦xito, todo sea dicho, en televisi¨®n, pero el Congreso no es una sala de prensa ni el sal¨®n de actos de su partido.

El d¨ªa 21 los diputados deber¨¢n votar las resoluciones que se presenten sobre los dos problemas que tienen angustiados a este pa¨ªs (la corrupci¨®n y el paro de los j¨®venes) y deber¨¢n mostrar delante de todos los ciudadanos cual es realmente su grado de compromiso con los desempleados y su grado de repugnancia por la corrupci¨®n.

Lo que hace falta son las cinco o seis medidas capaces de frenar la corrupci¨®n pol¨ªtica y urban¨ªstica y las cinco o seis medidas que lancen un programa efectivo de integraci¨®n laboral juvenil. Ni Gobierno ni oposici¨®n son gabinetes de estudios que certifican la realidad. Para reformar la Constituci¨®n solo hicieron falta 48 horas. Para aprobar normas anticorrupci¨®n y una verdadera ley de Transparencia no har¨¢n falta muchos d¨ªas m¨¢s. Para decidir un cambio en la ley del Tribunal de Cuentas no hace falta tampoco una semana.

Es absurdo que el PP y el Gobierno crean que pueden capear esta situaci¨®n soportando cada quince d¨ªas una pregunta parlamentaria. ?Tres a?os? ?Oiremos durante 100 semanas de vida parlamentaria las mismas preguntas y respuestas?

El presidente del Gobierno, un especialista en t¨¢cticas de dilaci¨®n, puede pensar que lo que le ayud¨® durante a?os le sacar¨¢ tambi¨¦n ahora del apuro. Pero se equivoca radicalmente. Dispone de una apabullante mayor¨ªa parlamentaria. Si sale el pr¨®ximo d¨ªa 21 del Congreso sin haber demostrado su respeto por la ciudadan¨ªa, ser¨¢ responsable de dar el ¨²ltimo empuj¨®n a una sociedad que est¨¢ cerca de sentirse, no solo enojada y deprimida, sino tambi¨¦n resentida.

Es posible que, pese a todo, el presidente del Gobierno no sea capaz de mostrar esa consideraci¨®n con los ciudadanos. Quiz¨¢s, la oposici¨®n, que no tiene los instrumentos para forzar esos cambios, tampoco sea capaz de reaccionar con la suficiente unidad como para colocar, al menos, al Gobierno frente un paquete de medidas contra la corrupci¨®n que los ciudadanos comprendan y alrededor de las cuales puedan unirse.

Y si nada de eso sucede, aun as¨ª habr¨¢ que seguir intent¨¢ndolo. La semana pasada los responsables del movimiento contra los desahucios presentaron en el Congreso los miles de firmas necesarias para poner en marcha una iniciativa legislativa popular que de m¨¢s amparo a quienes no pueden pagar su hipoteca. Si el debate sobre el estado de la Naci¨®n no es capaz de producir resultados tangibles, quiz¨¢s los propios ciudadanos terminen demostrando que ellos s¨ª son capaces de formular los instrumentos legales que necesitan.