Funci¨®n p¨²blica y competitividad

Perm¨ªtanme comenzar con una reflexi¨®n en cuanto a mis declaraciones sobre la funci¨®n p¨²blica, que no niego; pero s¨ª repudio la forma como han sido publicadas, porque han sido cortadas y, en consecuencia, manipuladas, quedando el mensaje final gravemente deformado. Si hablamos de la necesidad de regenerar la sociedad espa?ola en pleno siglo XXI, la premisa vale para todos: desde empresarios a trabajadores, desde pol¨ªticos a periodistas. Si perdemos un m¨ªnimo de ¨¦tica en la actuaci¨®n diaria, podemos convertir este pa¨ªs en un lodazal de medias verdades, es decir, de falsedades, cuando conviene abrir debates, corregir errores, explicar, dar muchos pasos hacia delante y alguno hacia atr¨¢s. Y todo ello con tranquilidad e informaci¨®n, con templanza y transparencia.

Tratar¨¦ de explicarme nuevamente, en los l¨ªmites de este espacio. Primero y fundamental: los empresarios no tenemos nada en contra de la funci¨®n p¨²blica, especialmente de aquellos que llegaron v¨ªa oposiciones, cost¨¢ndoles un esfuerzo importante. Ahora bien, una vez conseguida la plaza, deben seguir siendo evaluados, controlados y auditados en su desempe?o de funciones de manera rigurosa, fiable y continua para mejorar su eficiencia. Probablemente en muchos casos su sueldo ¡ªque deber¨ªa ser fijo con parte variable¡ª es manifiestamente insuficiente como es el caso de jueces, magistrados, m¨¦dicos, entre otros; algunos, por pura vocaci¨®n, dan m¨¢s de lo que debieran. Caso aparte son los pol¨ªticos, buena parte de ellos muy buenos, que est¨¢n por vocaci¨®n y mal pagados, empezando por el presidente del Gobierno. Deber¨ªan ser menos y mejor retribuidos.

Quede claro que la mayor¨ªa de los funcionarios y empleados p¨²blicos son competentes, al igual que en otras profesiones; pero hay demasiados. No voy a entrar en debates comparativos, simplemente mostrar la realidad de los datos. El incremento del personal de las Administraciones p¨²blicas en las ¨²ltimas d¨¦cadas ha sido importante, y no se redujo el n¨²mero en la Administraci¨®n central tras el importante traspaso de competencias; por el contrario, se increment¨® en exceso a nivel auton¨®mico y local. Las estad¨ªsticas reflejan que este aumento tambi¨¦n se produce en momentos de crisis, tanto en n¨²mero como en crecimiento salarial, si bien es cierto que han realizado un esfuerzo important¨ªsimo, especialmente este ¨²ltimo a?o. Esfuerzo que venimos realizando en el sector privado desde hace tiempo.

En las ¨²ltimas d¨¦cadas hemos asistido a un proceso de traspaso de competencias considerable: casi 2.000 en los ¨²ltimos 30 a?os han sido transferidas a las comunidades aut¨®nomas. Con este traspaso, muchos funcionarios y empleados p¨²blicos de la Administraci¨®n central se han quedado sin funciones. Y, si no hay competencias, consecuentemente no hay funciones. Lo cual obligar¨ªa a la Administraci¨®n a reestructurarse, tanto en la central, como en las Administraciones locales y auton¨®micas en las que, en muchos casos, se han generado duplicidades innecesarias que habr¨¢ que corregir para evitar el despilfarro. Cualquier cosa antes que la actual sensaci¨®n de par¨¢lisis, de ausencia de coraje para abordar la necesaria reestructuraci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica, que consta de unos 22.000 organismos p¨²blicos, de los que menos del 8% est¨¢n auditados, aunque es cierto que la ley no les obliga en muchos casos, por m¨¢s que fuera deseable.

En consecuencia, habr¨ªa que evaluar ¡ªal igual que en el sector privado¡ª la necesidad de ciertas tareas de la funci¨®n p¨²blica, teniendo en cuenta las posibilidades t¨¦cnicas que brinda la sociedad de la informaci¨®n, y que la Administraci¨®n no aprovecha en toda su magnitud. Un ejemplo positivo: la magn¨ªfica ¡ªcasi insuperable¡ª informatizaci¨®n de la Agencia Tributaria frente a la deficiente tecnolog¨ªa de la Administraci¨®n de justicia, con una falta de medios clamorosa. ?Qui¨¦n es el culpable? No los funcionarios, sino quienes gestionaron cuando ten¨ªan responsabilidades pol¨ªticas y no acometieron reformas en profundidad en las Administraciones, as¨ª como la propia tecnoestructura, por lo general muy complaciente.

No voy a entrar en el debate de si ciertos servicios son mejores teniendo car¨¢cter p¨²blico o privado: debe ponderarse de manera rigurosa y actuar en consecuencia. Los empresarios pedimos que el dinero p¨²blico se gestione con m¨¢s rigor si cabe, ya que es dinero de todos. De ah¨ª la necesidad de su control y evaluaci¨®n, tratando de mejorar d¨ªa a d¨ªa su rentabilidad y eficacia; de realizar reformas en profundidad para dar servicios correctos a costes razonables, a sabiendas que ¨¦stos deben ir evolucionando, adapt¨¢ndose a las necesidades en cada momento. Una Administraci¨®n eficaz hace que un pa¨ªs sea m¨¢s o menos competitivo.

Sobran leyes y normas (desde 1970 hay en vigor 23.304 normas estatales y, desde 1978, 125.675 normas auton¨®micas), son excesivas las p¨¢ginas de los boletines auton¨®micos (715.099 en 2012) y a menudo se modifican antes de que se consoliden. Necesitamos urgentemente una justicia r¨¢pida, pues la demora la convierte en injusta.

Modernizar las Administraciones, mejorar la funci¨®n p¨²blica es la gran tarea pendiente de nuestro pa¨ªs y del conjunto de la sociedad, pues la Administraci¨®n constituye la primera empresa del pa¨ªs y, como tal, debe ser eficientemente gestionada. Y gestionar implica decidir, equivocarse para mejorar; hacer lo m¨¢ximo con lo necesario. Si no dejamos gestionar, por muchos esfuerzos internos ¡ªque los hay¡ª, seguiremos teniendo un sector p¨²blico manifiestamente mejorable. Un exceso de coste que no nos podemos permitir. La salida de la crisis impone Administraciones competitivas, y de todo ello hay que hablar, debatir y proponer para alcanzar un mayor grado de optimizaci¨®n de recursos, de eficiencia y de costes.

Juan Rossell Lastortras es presidente de la CEOE