Carta abierta a todos los dem¨®cratas

El pasado 23 de enero el Parlamento catal¨¢n aprob¨®, por amplia mayor¨ªa (el 63% de los votos) una declaraci¨®n para impulsar el ejercicio del derecho a decidir su futuro colectivo. Ante este objetivo, PP y PSOE responden, de momento, con una airada negativa.

El PP y el PSOE pueden refugiarse en el ¡°propongan ustedes cambiar la Constituci¨®n, aunque ya les aviso que no se la vamos a dejar cambiar¡±. O en explicar solo parte de la verdad situando esta reivindicaci¨®n como una cortina de humo del Gobierno de CiU para disimular el fracaso de sus pol¨ªticas, sin percatarse de que adem¨¢s de eso es, sobre todo, una reivindicaci¨®n que cuenta con un apoyo social mayoritario.

Pero quiz¨¢s sea el momento de que antes de responder con un no a la propuesta del Parlament, las fuerzas pol¨ªticas mayoritarias en el Estado y todos los dem¨®cratas se pregunten por qu¨¦ el catalanismo ha pasado de la aceptaci¨®n de la Constituci¨®n y el Estatuto a la reivindicaci¨®n del derecho a decidir.

En democracia, la Constituci¨®n debe servir para canalizar la voluntad popular y no para limitarla

La respuesta es simple: la mayor¨ªa de la sociedad catalana y de sus fuerzas pol¨ªticas se sintieron expulsadas del pacto constitucional que 32 a?os antes hab¨ªan suscrito, por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto aprobado en refer¨¦ndum. Un rechazo que se expres¨® en la manifestaci¨®n masiva despu¨¦s de la sentencia y que se vio ratificado cuando despu¨¦s de esta, el Estado ni plante¨® ni acept¨® ninguna v¨ªa para rehacer lo que la sentencia hab¨ªa roto. Se podr¨¢ estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que la mayor parte de la sociedad catalana cuestiona el actual marco constitucional y estatutario y plantean nuevos objetivos, que van desde la independencia a un nuevo pacto federal.

As¨ª las cosas, este conflicto solo puede resolverse de dos formas: mediante la imposici¨®n, el rechazo a negociar el ejercicio del derecho a decidir y de rehacer el pacto de Catalu?a con el Estado o mediante una negociaci¨®n que permita celebrar un refer¨¦ndum para conocer cu¨¢l es la voluntad de la ciudadan¨ªa de Catalu?a.

La salida impositiva solo va a deslegitimar al Estado y la propia Constituci¨®n en Catalu?a y a radicalizar las posiciones. Espa?a debe decidir si es una Constituci¨®n o una democracia. La ley, la misma Carta Magna, en democracia, debe servir para canalizar la voluntad popular y no para limitarla. As¨ª lo ha entendido Canad¨¢ con Quebec y Gran Breta?a con Escocia. Y entender que este es el mismo caso que el plan Ibarretxe es no percatarse de que la naturaleza de la propuesta proviene de una fuerte demanda social.

No se trata solamente de un problema jur¨ªdico sino que es fundamentalmente pol¨ªtico. Los dem¨®cratas de toda Espa?a no pueden hacer o¨ªdos sordos a lo que reclama la mayor¨ªa de la sociedad catalana, sin que la democracia espa?ola pierda por ello legitimidad.

Pero tambi¨¦n desde Catalu?a tenemos que hacer las cosas bien. Si el proceso se articula en torno al derecho a decidir, si es una propuesta acordada por una gran mayor¨ªa del Parlament y si se hace siguiendo los pasos legalmente posibles y ganando legitimidad, hay camino por recorrer. En cambio, si el proceso se articula solo en torno a la independencia y salt¨¢ndonos etapas por las prisas de algunos, lo que haremos es coger un atajo que dif¨ªcilmente podr¨¢ llegar a alguna parte.

En Catalu?a el debate no puede orientarse a una oposici¨®n entre sentirse catal¨¢n y sentirse tambi¨¦n espa?ol?

Desde Catalu?a este debate no puede orientarse como un debate identitario que oponga el sentirse catal¨¢n al sentirse tambi¨¦n espa?ol, sino en torno a qu¨¦ comunidad pol¨ªtica y qu¨¦ relaci¨®n con el Estado queremos. La propuesta que surja debe buscar el acuerdo, agotando todas las posibilidades que el marco jur¨ªdico ofrece.

A su vez, Catalu?a, en la nueva etapa que abre, dif¨ªcilmente prosperar¨¢ si no va acompa?ada de un proyecto que garantice los derechos sociales. Porque muchos sectores, especialmente las clases populares, ven con escepticismo un proceso que puede tener mucho de lampedusiano: un Estado propio, liderado por la derecha catalana, para que todo siga igual.

Por otro lado, el dilema que se plantea es, o bien un nuevo pacto constituyente, basado en el federalismo y en el reconocimiento del car¨¢cter plurinacional del Estado o la creaci¨®n de un Estado propio para Catalu?a, porque el marco actual es claramente rechazado. El resultado final depender¨¢ de la actitud y respuesta de los partidos e instituciones durante este proceso.

El pacto constitucional fue posible por la incorporaci¨®n de los diferentes actores del catalanismo. Treinta y seis a?os despu¨¦s tenemos que decidir si construimos uno nuevo, a partir del reconocimiento de ese derecho a decidir, o si se prefiere la imposici¨®n y la ruptura. El modelo surgido del pacto del 78 est¨¢ agotado. Quiz¨¢s sea el momento de que las fuerzas democr¨¢ticas entiendan que el proceso que se abre en Catalu?a es la oportunidad para abrir un proceso constituyente en Espa?a y hacer frente a la crisis pol¨ªtica, social, econ¨®mica y territorial en la que Espa?a se encuentra sumida. Espa?a debe decidir si reconstituye un nuevo pacto o se queda en un escenario, el de una Constituci¨®n que se va fosilizando, hasta que se nos deshaga en las manos.

Joan Herrera es secretario general de ICV.