Los montes p¨²blicos, ?a la venta?

Parece que les ha llegado la hora de la privatizaci¨®n a los montes, a la naturaleza en suma. La Comunidad de Castilla-La Mancha parece dispuesta a emprender la venta de los montes de utilidad p¨²blica (MUP) que en principio son inalienables, imprescriptibles e inembargables, como establece la Constituci¨®n (art¨ªculo 132) y la ley de montes vigente. Y adem¨¢s el Estado, a trav¨¦s de su Administraci¨®n forestal, ha invertido mucho esfuerzo en hacer los cat¨¢logos que los incluyen y los protegen.

La desamortizaci¨®n propiamente dicha fue un proceso que dur¨® m¨¢s de un siglo, de 1821 a 1925. Fue la ley general de desamortizaci¨®n de 1855, conocida como ley Madoz, la que m¨¢s afect¨® a los montes, porque por primera vez inclu¨ªa los bienes de propios y comunes de los pueblos, que se ten¨ªan que vender aun contra la voluntad de estos. Pero la propia ley arbitraba una serie de excepciones, entre ellas las de aquellos montes que la Junta Consultiva de Montes considerara oportuno no vender por razones de utilidad p¨²blica. La Junta dictamin¨® en el mismo a?o 1855 que deb¨ªan quedar en manos p¨²blicas, preferentemente del Estado, los montes que ejerc¨ªan imprescindibles ¡°influencias sobre la f¨ªsica del Globo¡±.

El proceso de privatizaci¨®n de la tierra en Espa?a se caracteriza, pues, porque desamortizaci¨®n y primera conservaci¨®n de la naturaleza fueron a la par, fueron procesos paralelos y complementarios. A la vez que se mandaba vender, se cuidaba de exceptuar de la venta lo que tuviera inter¨¦s general. Extraordinaria tarea que hicieron los pocos ingenieros de montes de aquellos a?os, que tuvieron que proteger unas superficies forestales que apenas conoc¨ªan hasta establecer en 1901 el Cat¨¢logo de MUP: aquellos formados por masas arboladas y terrenos forestales que, por sus condiciones, pudieran garantizar la salubridad p¨²blica, el mejor r¨¦gimen de las aguas, la seguridad de los terrenos. A lo largo del siglo XX, el cat¨¢logo se ha ido corrigiendo y completando, a?adi¨¦ndoseles a los MUP otras funciones, como la fijaci¨®n de CO2, el mantenimiento del paisaje, de ecosistemas y corredores ecol¨®gicos, el acoger el recreo de las poblaciones, etc¨¦tera. Su llevanza ha sido transferida a las comunidades aut¨®nomas; y en el caso de Castilla-La Mancha, la actualizaci¨®n culmin¨® a finales de 2007, con la catalogaci¨®n de 918 ¡°montes de utilidad p¨²blica¡± que suman 814.325 hect¨¢reas, dos terceras partes de los cuales son propiedad de las entidades locales.

No deja de asombrarme e indignarme la facilidad y la frivolidad con que las Administraciones p¨²blicas deshacen lo que ellas mismas han hecho con anterioridad. En este caso, el indiscutible ¨¦xito de la gesti¨®n p¨²blica ambiental que supuso el cat¨¢logo de MUP va a anularse con un argumento tan discutible como el de las ventajas gen¨¦ricas de lo privado sobre lo p¨²blico. Y sin dar explicaciones, como si la elecci¨®n democr¨¢tica de una mayor¨ªa de gobierno justificara cualquier acci¨®n arbitrista, aunque no estuviera incluida en el programa electoral, como es el caso.

Todo apunta a que Castilla-La Mancha quiere rentabilizar fincas de caza ya mejoradas

La idea de una desamortizaci¨®n de los montes para luchar contra el d¨¦ficit fue planteada hace tres a?os por un economista y exministro de Agricultura de los Gobiernos de UCD. Sosten¨ªa que las propiedades forestales en manos p¨²blicas o muertas no tienen utilidad y generan m¨¢s gastos que ingresos, y se preguntaba por el sentido de mantenerles el car¨¢cter p¨²blico cuando el Estado ya se hab¨ªa desprendido de sus propiedades industriales, financieras, inmobiliarias, etc¨¦tera. Estimaba el autor que se podr¨ªan vender entre 2,5 y 3,5 millones de hect¨¢reas y suger¨ªa, para hacer alienable lo inalienable, recurrir al argumento de una p¨¦rdida de las circunstancias que dieron lugar a la condici¨®n de UP.

Cabr¨ªa preguntarse, como hace el Colegio de Ingenieros de Montes al prevenir contra la venta del patrimonio natural, ?por qu¨¦ entonces no vender tambi¨¦n el patrimonio hist¨®rico-art¨ªstico? Siguiendo el razonamiento expuesto: si se han vendido las sider¨²rgicas, ?por qu¨¦ no vender catedrales? Tambi¨¦n deben gastar m¨¢s de lo que ingresan. Claro es que son de la Iglesia, y que esta no contribuye por su patrimonio, pero tambi¨¦n muchos montes son de los pueblos y esto no parece entra?ar problemas para plantearse la venta. No est¨¢ de m¨¢s recordar que en aquel siglo XIX de (tambi¨¦n) mucho d¨¦ficit, se empez¨® por la desamortizaci¨®n eclesi¨¢stica, la de Mendiz¨¢bal, antes de la civil.

Se dice que se piensa empezar las ventas por cuatro MUP de Toledo: el Dehes¨®n del Encinar de Oropesa al pie de Gredos, la Nava de Don Diego en los Navalucillos ¡ªmuy cerca de Caba?eros¡ª y Quinto de Don Pedro y Carde?osa en los Y¨¦benes. La sospecha se funda en el primer caso en que ha sido desmantelada la granja experimental agropecuaria que manten¨ªa la Junta con el INIA, y vendido todo el ganado; en los otros tres, en que en fecha reciente se ha suprimido su condici¨®n de refugios de fauna con el argumento de que ya son compatibles la explotaci¨®n forestal y cineg¨¦tica con la conservaci¨®n del medio natural y de sus recursos. Los cuatro montes son adem¨¢s propiedad de la Junta, resultado de la pol¨ªtica de compras a los pueblos por parte del Patrimonio Forestal del Estado de los a?os 1960 y 1970. Estar¨ªamos, pues, ante un caso patente de esas pol¨ªticas de ir y venir a las que me refer¨ªa: se compr¨® para mejorar y conservar, se vende para rentabilizar los recursos mejorados, en particular la caza. Porque es obvio, el valor econ¨®mico de estos montes y de la mayor parte de los terrenos forestales de Castilla-La Mancha es el de sus recursos cineg¨¦ticos, sobre todo; al tiempo que las funciones de car¨¢cter general que desempe?an son las territoriales, ecol¨®gicas y paisajistas, puesto que albergan una rica diversidad de flora y fauna, sujetan el suelo, fijan el CO2 y constituyen paisajes culturales de enorme estima.

Es l¨ªcito pensar que puede haber inter¨¦s de los grandes propietarios que rodean las fincas por adquirirlas, sobre todo saneadas y mejoradas como est¨¢n, a precios bajos, si no de saldo. Los cuatro montes se?alados tienen en torno a las 700 hect¨¢reas, es decir, por encima de las 500 hect¨¢reas establecidas como superficie m¨ªnima para un coto de caza mayor. Y adem¨¢s est¨¢n bien comunicadas y cercanas a Madrid.

La Comunidad de Madrid promueve la edificaci¨®n rural dispersa, la m¨¢s insostenible

Lo peor es que a lo mejor todo se hace en nombre de la sostenibilidad ambiental. Algunas Administraciones p¨²blicas nos tienen acostumbrados a esos escandalosos juegos de palabras. Baste citar la desvergonzada Ley 5/2012 que ha aprobado la vecina Comunidad de Madrid, que para mayor escarnio se llama de Viviendas Rurales Sostenibles. Ni viviendas, ni rurales, ni sobre todo sostenibles; y adem¨¢s un monumento a la incultura urban¨ªstica, geogr¨¢fica y paisaj¨ªstica. Bien merece el apodo de ley ViRuS que se le ha dado por el acr¨®nimo y por su car¨¢cter m¨®rbido. Pretende dar cumplimiento al ¡°derecho constitucional de los madrile?os a vivir en contacto con la naturaleza¡± y por ello se les permite construir una vivienda unifamiliar¡­ siempre que se tengan las seis hect¨¢reas que se establecen como unidad m¨ªnima, lo que me temo que deje fuera del mencionado derecho a la inmensa mayor¨ªa de los madrile?os. Si por fortuna se poseen los 60.000 metros cuadrados, la vivienda podr¨¢ ser de hasta 900 metros cuadrados.

Es un insulto a la inteligencia llamar a semejante desafuero ¡°rural y sostenible¡± cuando promueve la edificaci¨®n residencial dispersa, la m¨¢s insostenible de todas, sin limitaci¨®n de infraestructuras (viarias, energ¨¦ticas, residuos). Posiblemente incurre en el vicio de inconstitucionalidad que supone sustraer a los Ayuntamientos la competencia de la licencia en toda regla y convertirlos en meros legitimadores de hechos consumados. Hiere particularmente mi sensibilidad profesional que se hable de que las nuevas edificaciones ¡°respetar¨¢n el paisaje¡± simplemente porque al ser de una planta no deben causar demasiado impacto visual. Se hace as¨ª un uso del t¨¦rmino puramente visual, sin pensar en el valor patrimonial de configuraciones rurales resultado de largas interacciones.

El plan de privatizaci¨®n de MUP y la ley de VRS son contrarios al Convenio Europeo del Paisaje suscrito por Espa?a, a las leyes urban¨ªsticas y forestales vigentes y, en ciertos aspectos, a la propia Constituci¨®n.

Josefina G¨®mez Mendoza es catedr¨¢tica em¨¦rita de Geograf¨ªa y miembro de las Reales Academias de Historia e Ingenier¨ªa.