Algunas democracias d¨¦biles de Europa Central

Despu¨¦s de las elecciones italianas, la eurocrisis ha vuelto a la palestra paneuropea y lo hace con renovadas fuerzas. Est¨¢ claro que en pa¨ªses como Espa?a y Grecia la crisis nunca hab¨ªa desaparecido. Pero, en un momento en el que las ¨¦lites de Bruselas y las nacionales no quitan la vista de las primas de riesgo ¡ªcomo conejos paralizados por la serpiente de los mercados financieros¡ª, hay una segunda crisis, potencialmente mucho m¨¢s profunda, que no ha recibido m¨¢s que una atenci¨®n intermitente: se trata del debilitamiento del Estado de derecho y la democracia en varios pa¨ªses de Europa Central.

Europa necesita crear una nueva instituci¨®n, una especie de guardi¨¢n de la democracia, para encarar esas amenazas y, para hacerlo eficazmente, la UE deber¨ªa hacer un seguimiento del Estado de derecho en todos los Estados miembros y estar dispuesta a aplicar sanciones cuando un Gobierno comience a atacarlo. Los esc¨¦pticos dir¨¢n que eso supondr¨ªa otorgar demasiado poder a Bruselas, pero esa queja pasa por alto el hecho de que, para bien o para mal, Bruselas ya est¨¢ adquiriendo nuevas competencias en materia de supervisi¨®n e intervenci¨®n en asuntos presupuestarios nacionales. Y es probable que las conserve. ?Acaso debe limitarse a cuadrar las cuentas y hacer la vista gorda cuando se trata de vigilar el respeto a valores pol¨ªticos como las libertades y la democracia?

La crisis en Europa Central se inici¨® en Hungr¨ªa, cuando un partido populista de derechas, el Fidesz, obtuvo una mayor¨ªa parlamentaria de dos tercios en los comicios de 2010. El Gobierno de Viktor Orb¨¢n aprob¨® una draconiana ley de medios que fue enormemente criticada ¡ªpor la OSCE, entre otros¡ª y en la primavera de 2011 impuso una nueva Constituci¨®n que socavaba los preceptivos pesos y contrapesos (y que tambi¨¦n fue muy criticada en foros internacionales, por ejemplo el Consejo de Europa). Adem¨¢s, Fidesz puso el Tribunal Constitucional a su favor y sigui¨® colocando a sus leales servidores en puestos de instituciones que deb¨ªan ser imparciales, con frecuencia para periodos inusualmente prolongados. Fidesz sigui¨® una estrategia sistem¨¢tica de ocupaci¨®n del Estado para que, si en alg¨²n momento el partido perd¨ªa unas elecciones, no perdiera nunca el poder. Sus detractores comenzaron a hablar incluso de putinizaci¨®n.

La UE ha intervenido, pero los resultados conseguidos hasta ahora han sido un tanto desiguales

En Ruman¨ªa el ataque al Estado de derecho fue mucho m¨¢s r¨¢pido y se desarroll¨® de forma menos sistem¨¢tica: durante el verano de 2012 una coalici¨®n de socialdem¨®cratas y liberales intent¨® destituir al presidente Traian Basescu, te¨®ricamente liberal-conservador (acusado de ir m¨¢s all¨¢ de lo que sus competencias constitucionales le permit¨ªan). A tal fin, la coalici¨®n priv¨® de poderes al Tribunal Constitucional, adem¨¢s de aprobar por procedimiento de urgencia varios decretos cuyo objetivo evidente era conseguir que el refer¨¦ndum relativo a la destituci¨®n del presidente solo tuviera un resultado: lo que se hizo fue reducir el umbral de participaci¨®n requerido para considerar vinculante la consulta. El Gobierno de Victor Ponta tambi¨¦n cambi¨® a los presidentes de las dos C¨¢maras y destituy¨® al defensor del pueblo.

La UE ha intervenido tanto en Hungr¨ªa como en Ruman¨ªa. La Comisi¨®n critic¨® la ley de medios h¨²ngara, que al final se cambi¨® (aunque es cuestionable que en muchos sentidos no conserve su car¨¢cter intolerante). Tambi¨¦n se investig¨® a Hungr¨ªa por no aplicar leyes de la UE ¡ªse tem¨ªa por la independencia del Banco Nacional, la judicatura y el organismo dedicado a la protecci¨®n de datos¡ª y al final la Comisi¨®n denunci¨® a su Gobierno ante el Tribunal de Justicia Europeo. Hasta ahora, los resultados han sido un tanto desiguales: Budapest acept¨® algunas exigencias encaminadas a garantizar la independencia del Banco Nacional (pero es plenamente consciente de que su gobernador se jubilar¨¢ en la primavera de 2013 y de que entonces podr¨¢ ser sustituido por alguien m¨¢s af¨ªn al Gobierno); en una ocasi¨®n el Tribunal de Justicia Europeo dict¨® sentencia contra Hungr¨ªa, argumentando que el dr¨¢stico adelanto de la edad de jubilaci¨®n de los jueces a los 62 a?os vulneraba la legislaci¨®n europea, pero los magistrados jubilados a¨²n no han recuperado sus cargos. En el caso de Ruman¨ªa, Bruselas insisti¨® en que no se cambiara la normativa reguladora de los referendos destinados a la destituci¨®n de presidentes, lo cual ha tenido como consecuencia que, aunque la gran mayor¨ªa de los votantes se mostr¨® a favor de librarse de Basescu, no se alcanz¨® el grado de participaci¨®n necesario para considerar vinculante la consulta, as¨ª que Basescu sigue en su puesto.

Si se ataca el Estado de derecho, Bruselas deber¨ªa tomar medidas de castigo

Tanto el Gobierno h¨²ngaro como el rumano han aprendido de sus tratos con la UE: en Hungr¨ªa se modificar¨¢ de nuevo la Constituci¨®n para cercenar el poder del Tribunal Constitucional, que ¨²ltimamente ha revocado varias leyes promovidas por el Gobierno, y un nuevo mecanismo permitir¨¢ a este trasladar directa, y visiblemente, las multas de la UE a los impuestos que pagan los ciudadanos. En Ruman¨ªa, el presidente del Gobierno est¨¢ intentando crear una mayor¨ªa que le permita aprobar una nueva Constituci¨®n que probablemente consolide a largo plazo las preferencias pol¨ªticas de ¨ªndole partidista. Esos dos intransigentes Gobiernos cuentan con que Europa es un entorno pol¨ªtico enormemente fragmentado, carente de una aut¨¦ntica esfera p¨²blica com¨²n, y que, por tanto, dif¨ªcilmente mantendr¨¢ durante mucho tiempo la atenci¨®n sobre un problema concreto que no sea el euro. Es m¨¢s, cuando hay que enfrentarse a vulneraciones de los principios liberal-democr¨¢ticos, ninguna instituci¨®n europea dispone de un m¨¦todo coherente, ni siquiera de tiempo o recursos para recabar datos.

La UE necesita crear un nuevo organismo, capaz de emitir dict¨¢menes jur¨ªdico-pol¨ªticos consecuentes, exhaustivos y, sobre todo, cre¨ªbles para casos como los de Hungr¨ªa y Ruman¨ªa. Esa instituci¨®n deber¨ªa observar atentamente c¨®mo est¨¢ el Estado de derecho en todos los pa¨ªses miembros. Propongo que a este ¨®rgano de vigilancia de la democracia se le llame Comisi¨®n de Copenhague, en recuerdo de los ¡°criterios de Copenhague¡± adoptados por la UE en 1993 para juzgar si un pa¨ªs era lo suficientemente democr¨¢tico como para iniciar los tr¨¢mites de ingreso en la UE.

Evidentemente, la gran pregunta es ?y despu¨¦s qu¨¦? ?Qu¨¦ ocurre cuando un pa¨ªs parece socavar sistem¨¢ticamente el Estado de derecho y limitar la democracia? Propongo que la Comisi¨®n de Copenhague tenga competencias para investigar la situaci¨®n y despu¨¦s activar un mecanismo que env¨ªe una se?al clara a toda Europa. Posteriormente, la Comisi¨®n Europea tendr¨ªa que recortar, por ejemplo, las subvenciones a proyectos de infraestructuras o imponer multas cuantiosas. A continuaci¨®n, si se considerara oportuno, se podr¨ªan tomar otras medidas; el Tribunal Europeo de Justicia podr¨ªa tomar cartas en el asunto y otros Estados miembros tambi¨¦n podr¨ªan adoptar medidas en el Consejo Europeo. De manera que la Comisi¨®n de Copenhague no sustituir¨ªa a otras instituciones capaces de sancionar a Gobiernos d¨ªscolos de Estados miembros, pero, para empezar, s¨ª podr¨ªa concentrar esfuerzos y paliar el d¨¦ficit de atenci¨®n que muestra Europa cuando tiene que ocuparse de la democracia.

Jan-Werner M¨¹ller es profesor de Ciencia Pol¨ªtica en la Universidad de Princeton, EE UU. Su ¨²ltimo libro es Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe.

Traducci¨®n de Jes¨²s Cu¨¦llar Menezo.