?tica a la carta

Deslindar los casos en que los pol¨ªticos bajo investigaci¨®n judicial han de renunciar a su responsabilidad lleva a una casu¨ªstica compleja, que tiene que ver con la presunci¨®n de inocencia e incluso con el fuero que a cada uno le corresponde. Lo razonable es aguardar a la imputaci¨®n judicial, pero hay pol¨ªticos que mantienen la poltrona m¨¢s all¨¢ de esa fase. Jos¨¦ Blanco, exministro y ex vicesecretario general del PSOE, ha escogido otra v¨ªa: est¨¢ afectado por una causa ante el Supremo, en la que declar¨® voluntariamente, pero se mantiene en el esca?o hasta que se le abra juicio, por entender que la posible concesi¨®n de suplicatorio para encausarle no justifica dejar de ser diputado. Y el secretario de Organizaci¨®n del PSC, Daniel Fern¨¢ndez, imputado por el Tribunal Superior de Justicia catal¨¢n, deja su cargo org¨¢nico, pero sigue como diputado auton¨®mico.

Los socialistas suelen mostrarse muy exigentes contra los sospechosos de otros partidos. El propio Blanco se distingui¨® en esa l¨ªnea cuando estaba en posiciones de poder. Ahora la direcci¨®n del PSOE apoya a Blanco para que no renuncie, al menos de momento, pese a haber exigido la dimisi¨®n de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, que no est¨¢ imputado ni se le investiga judicialmente. Es verdad que a?o y medio de indagaciones sobre Jos¨¦ Blanco han diluido el supuesto cohecho por las que comenzaron, y que las actuaciones contra este diputado contin¨²an por derroteros aparentemente de menor trascendencia. Pero no se pueden aceptar normas ¨¦ticas a la carta: la sociedad necesita criterios reconocibles, saber que las varas de medir se aplican a todos por igual.

En los pa¨ªses anglosajones o en Alemania, la dimisi¨®n es de rigor ante sospechas de corrupci¨®n u otros delitos, incluso por faltas como copiar una tesis doctoral. En esas latitudes se exige una moralidad implacable en la vida p¨²blica, fundada en la credibilidad de la investigaci¨®n policial o judicial, de modo que cuando se acusa a alguien, cabe presumir la solidez de la acusaci¨®n. En Espa?a falta esa cultura.

La sociedad necesita confiar en sus instituciones y estar segura de que cuando un pol¨ªtico dimite es porque debe hacerlo, no porque se manipulen los indicios o las pruebas contra ¨¦l. Tampoco es aceptable que cada afectado tenga carta blanca para decidir si se queda o se va. Es preciso clarificar criterios v¨¢lidos para todos los cargos implicados en conductas irregulares o delictivas.