El juez de Berl¨ªn

Cuenta la leyenda que una buena ma?ana (y lo cito en mi libro de Derecho Penal a prop¨®sito del principio de legalidad y la garant¨ªa jurisdiccional) Federico II de Prusia, molesto porque un molino cercano a su palacio Sans Souci afeaba el paisaje, envi¨® a un edec¨¢n a que lo comprara por el doble de su valor, para luego demolerlo.

Al regresar el emisario real con la oferta rechazada, el rey Federico II de Prusia se dirigi¨® al molinero, duplicando la oferta anterior. Y como este volviera a declinar la oferta de su majestad, Federico II de Prusia se retir¨® advirti¨¦ndole solemnemente que si al finalizar el d¨ªa no aceptaba, por fin, lo prometido, perder¨ªa todo, pues a la ma?ana siguiente firmar¨ªa un decreto expropiando el molino sin compensaci¨®n alguna. Al anochecer ¡ªcontin¨²a la leyenda¡ª el molinero se present¨® en el palacio y el rey lo recibi¨®, pregunt¨¢ndole si comprend¨ªa ahora ya cuan justo y generoso hab¨ªa sido con ¨¦l. Sin embargo, el campesino se descubri¨® y entreg¨® a Federico II una orden judicial que prohib¨ªa a la Corona expropiar y demoler un molino solo por capricho personal. Y mientras Federico II le¨ªa en voz alta la medida cautelar, funcionarios y cortesanos temblaban imaginando la furia que desatar¨ªa contra el terco campesino y el temerario magistrado. Pero concluida la lectura de la resoluci¨®n judicial, y ante el asombro de todos ¡ªfinaliza la leyenda¡ª, Federico el Grande levant¨® la mirada y declar¨®: ¡°Me alegra comprobar que todav¨ªa hay jueces en Berl¨ªn¡±. Salud¨® al molinero y se retir¨® visiblemente satisfecho por el funcionamiento institucional de su reino, aseguran los cronistas de palacio.

El ¡°juez de Berl¨ªn¡± representa, en el mundo del Derecho, la independencia judicial frente a la arbitrariedad y el despotismo; la primac¨ªa absoluta de la ley, expresi¨®n de la soberan¨ªa popular, y la garant¨ªa de igualdad de todos los ciudadanos ante ella, exigencias ambas inseparables del Estado de derecho.

Que juez y fiscal discrepen es normal, pero no que se recurra un auto de imputaci¨®n

Pero saltemos ahora de la leyenda a la actualidad, y del juez de Berl¨ªn al auto del magistrado-juez Jos¨¦ Castro Arag¨®n que acuerda imputar a su alteza real la infanta do?a Cristina cit¨¢ndola a declarar con asistencia de letrado. Y no vea el lector posicionamiento alguno a favor o en contra de nadie en estas p¨¢ginas. Es, simplemente, un alegato a favor del sistema legal y de las garant¨ªas (legalidad, igualdad, etc¨¦tera) que este asegura a todos los ciudadanos. La resoluci¨®n judicial controvertida, tan poco precisa como la mayor¨ªa de los autos de imputaci¨®n que se dictan en la praxis diaria, me parece en principio correcta, porque su finalidad no es ¡°acusar¡± de nada, sino ¡°imputar¡±. Y sus razones habr¨¢ tenido el juez (cosa que desconozco, pero las habr¨¢ tenido sin duda) para cambiar de parecer cuando finalizaba la instrucci¨®n.

Lo que no comprendo, sin embargo, es que el juzgado haya consentido una entrega estrat¨¦gica y por fasc¨ªculos de los correos electr¨®nicos aportados, gota a gota, por el exsocio del se?or Urdangar¨ªn sin acordar la inmediata intervenci¨®n de los ordenadores a los que accedi¨® el se?or Torres para hacerse con ellos. No entiendo, tampoco (salvo que existan sutiles maleficios inform¨¢ticos para ello) que se hayan admitido dichos correos como prueba (como prueba ¡°il¨ªcitamente obtenida¡±) si el coimputado y exsocio del se?or Urdangarin, como parece, se ha apoderado de una correspondencia privada, sin la previa autorizaci¨®n y consentimiento de su alteza real do?a Cristina y su esposo, I?aki Urdangarin, aport¨¢ndola adem¨¢s a una causa criminal; comportamiento en principio delictivo a tenor de lo dispuesto en el art¨ªculo 197.1? del C¨®digo Penal. Reparo que, por extensi¨®n, dirijo al ministerio fiscal, garante de la legalidad.

El recurso del ministerio fiscal, y el del abogado del Estado (que es abogado del Estado, no de la Corona ni del Gobierno), a excepci¨®n en el caso del primero de algunos agrios e injustos reproches al juez, llaman la atenci¨®n porque son inusuales en este tr¨¢mite procesal. Que juez y fiscal discrepen a menudo es normal. Pero, que yo sepa, no hay precedentes en nuestro ordenamiento de que el ministerio fiscal y la abogac¨ªa del Estado recurran un auto de imputaci¨®n. Porque oponerse precisamente ahora al auto de imputaci¨®n no significa solicitar la absoluci¨®n de do?a Cristina (nadie ¡°acusa¡± de nada a la Infanta), sino sostener que una vez ¡°imputada¡± esta, la Audiencia Provincial de Palma debe alzar dicha imputaci¨®n, sin necesidad de que su alteza real do?a Cristina siquiera sea o¨ªda y preste declaraci¨®n asistida por su letrado defensor. Por cierto, las audiencias no suelen revocar los autos de imputaci¨®n, y no veo razones para que la de Palma lo haga. Creo, adem¨¢s, que por tratarse precisamente de quien se trata, romper estos usos alimentar¨ªa perversos fantasmas (como el de la simb¨®lica l¨ªnea roja que la justicia no puede traspasar, a la que se refer¨ªa mi colega J. Queralt, catedr¨¢tico de Derecho Penal de Barcelona). Porque no hay tales l¨ªmites a la acci¨®n de la justicia, que ha de ser igual para todos los ciudadanos.

Creo, pues, que es necesario confiar en el sistema legal dejando todos ¡ªy todos quiere decir todos¡ª trabajar a la justicia, sin alinearse en favor de nadie, ni en contra de nadie. Nuestro sistema cuenta con mecanismos que garantizan la correcta aplicaci¨®n de la ley, corrigiendo posibles errores o desaciertos de los operadores jur¨ªdicos (para eso est¨¢n los ¡°recursos¡± judiciales).

Problemas coyunturales no pueden usarse como test sobre un refer¨¦ndum Monarqu¨ªa/Rep¨²blica

Finalmente, no me parece acertado, como hacen algunos, sobredimensionar la trascendencia internacional del auto de imputaci¨®n para la Marca Espa?a. No nos enga?emos: lo que realmente da?a nuestra Marca ¡ªen el exterior y en el interior¡ª son el drama de los seis millones de parados y la irreversible destrucci¨®n de nuestro tejido industrial; los inasumibles niveles de corrupci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica, que ya salpica a los propios interlocutores sociales, a instituciones auton¨®micas, a altos cargos de la Administraci¨®n, del Estado, de los partidos pol¨ªticos, etc¨¦tera; el saqueo grosero y vergonzante de fondos p¨²blicos durante a?os, lo que no cabe imaginar sin el cobijo y connivencia de las instituciones en alguna comunidad; el drama inhumano de los desahucios; el fraude de la comercializaci¨®n de ciertos productos financieros en perjuicio de ahorradores, muchos de ellos estafados; el ejemplo antipedag¨®gico de tantos bancos y cajas de ahorro en la g¨¦nesis y en la gesti¨®n de la actual crisis; los ¨ªndices preocupantes del fracaso escolar de nuestro sistema educativo; la nueva emigraci¨®n al extranjero de j¨®venes espa?oles, ahora de cualificada titulaci¨®n profesional, sin esperanza de un pr¨®ximo retorno; etc¨¦tera, etc¨¦tera.

No nos enga?emos. La Marca Espa?a no padece un da?o irreparable por una resoluci¨®n judicial que hace valer, a los ojos de la ciudadan¨ªa, la imagen de una justicia igual para todos y sin privilegios. Apelar a la Marca Espa?a podr¨ªa interpretarse, adem¨¢s, como una sutil estrategia de presi¨®n a los tribunales, proceder poco recomendable. Y a quienes se?alan este ¡°esc¨¢ndalo¡± como muestra de la crisis de nuestra monarqu¨ªa, convendr¨ªa recordarles que otras muchas monarqu¨ªas de nuestro entorno han sobrevivido a esc¨¢ndalos m¨¢s graves, prueba de que la instituci¨®n ¡°funciona¡±, que es lo que importa.

Sin olvidar, claro est¨¢, que no pocos presidentes de Rep¨²blica contempor¨¢neos han protagonizado ¡ªo siguen protagonizando¡ª espect¨¢culos nada ejemplares. Problemas y situaciones coyunturales no pueden utilizarse como test sobre un refer¨¦ndum (Monarqu¨ªa / Rep¨²blica) que no toca. Replantear las se?as de identidad de un pa¨ªs cada 30 a?os, o sugerir la necesidad de una nueva transici¨®n pol¨ªtica, es tanto como desconocer que los biorritmos de la historia y la salud de las instituciones se mide por otros par¨¢metros.

Antonio Garc¨ªa-Pablos es catedr¨¢tico de Derecho Penal y director del Instituto de Criminolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid.