Tomar la iniciativa

La moci¨®n de censura anunciada ayer por el l¨ªder socialista, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, tiene un objetivo instrumental. Ni siquiera ¨¦l mismo se postula como nuevo presidente del Gobierno, consciente de la mayor¨ªa absoluta con la que cuenta el actual inquilino de La Moncloa. Ahora bien, es el ¨²nico medio legal de forzar un debate sobre la corrupci¨®n, que el Grupo Popular ha vetado en cualquier otro formato. Desde esa perspectiva, es lamentable que el funcionamiento del Parlamento llegue a ser tan anormal como para tener que usar el arma constitucionalmente m¨¢s potente contra el Gobierno, y el jefe del Ejecutivo deber¨ªa pensarse dos veces si le conviene llegar a ese extremo.

Rajoy deber¨ªa haber explicado ya al Congreso la supuesta contabilidad paralela en su partido, puesta de relieve por el documento publicado por este peri¨®dico el 31 de enero. Fue elaborado por un exgerente y extesorero al que el propio Rajoy ascendi¨® en 2008, de cuya inocencia se mostr¨® seguro en 2009, y que le se?ala ahora como uno de los perceptores de dinero negro. El propio presidente habla ya p¨²blicamente de un chantaje, al que se declara dispuesto a resistir. No se trata de asuntos que puedan despacharse en comparecencias meramente protocolarias, como la que llev¨® a cabo el lunes junto a su hom¨®logo polaco. Rajoy es un jefe de Gobierno parlamentario, no un presidente investido directamente por las urnas, y como tal se debe al Congreso.

La estabilidad pol¨ªtica es un valor de primer orden, pero no a costa de convertir la mayor¨ªa absoluta en patente de corso. As¨ª no se defiende la estabilidad: al contrario, se coloca a las instituciones en una suerte de funcionamiento excepcional, como si las c¨¢maras fueran meros ap¨¦ndices del Ejecutivo. Ese es el caldo de cultivo de las conspiraciones, del populismo y del deterioro de la imagen de las instituciones ante la ciudadan¨ªa, que asiste at¨®nita a una sucesi¨®n de esc¨¢ndalos sin explicaciones.

En apariencia, amenazar con la censura a un presidente que dispone de mayor¨ªa absoluta es un contrasentido. La Constituci¨®n dise?a la moci¨®n de censura como el procedimiento para formar una mayor¨ªa alternativa e investir a otro jefe de Gobierno. Pero es verdad que constituye el ¨²nico medio legal de someter a debate la responsabilidad pol¨ªtica del Gobierno y tambi¨¦n el ¨²nico cuya tramitaci¨®n no puede ser bloqueada por el PP. Ni siquiera obliga al presidente actual a explicarse: en la moci¨®n de censura, lo que se somete a escrutinio es el programa del candidato, como ocurri¨® con las recibidas por Adolfo Su¨¢rez en 1980 y por Felipe Gonz¨¢lez en 1987. Y por tanto, el candidato ¡ªque ha de haberlo¡ª corre con todos los riesgos pol¨ªticos.

A favor de hacerlo juegan dos argumentos: no permitir que el Parlamento sea reducido al papel de convalidar decisiones del Ejecutivo, y ofrecer a la C¨¢mara, y por ende a los ciudadanos, la oportunidad de recuperar una cierta dignidad.