El curso de la pol¨ªtica

Ma?ana se reincorpora el presidente Rajoy, y el viernes 30 se re¨²ne el Consejo de Ministros. El curso pol¨ªtico se inicia en un clima econ¨®mico algo m¨¢s esperanzador que el anterior, pero en una atm¨®sfera pol¨ªtica muy turbia, sobre todo por el efecto perturbador del caso B¨¢rcenas. Evitar que la inestabilidad pol¨ªtica d¨¦ al traste con los indicios de recuperaci¨®n es un objetivo que seguramente comparte la mayor¨ªa de los espa?oles, incluidos muchos ciudadanos ajenos al partido del Gobierno. El martes 27 se re¨²ne la Diputaci¨®n Permanente del Congreso para decidir sobre varias propuestas pendientes, la m¨¢s llamativa de las cuales es una del PSOE pidiendo un pleno extraordinario y urgente en el que el presidente del Gobierno se someta a una interpelaci¨®n sobre las responsabilidades derivadas de las ¡°falsedades vertidas en su comparecencia¡± del 1 de agosto; de esa interpelaci¨®n derivar¨ªa una moci¨®n de reprobaci¨®n que se someter¨ªa a votaci¨®n.

Esta iniciativa, planteada tras la declaraci¨®n ante el juez de la secretaria general, Dolores de Cospedal, forma parte de la bater¨ªa de medidas orientadas a forzar la dimisi¨®n de Rajoy planteadas por los socialistas en las ¨²ltimas semanas. Iniciativas entre las que figur¨® la posibilidad, luego abandonada, de una reforma constitucional para establecer un mecanismo similar al impeachment norteamericano que permite el procesamiento por las C¨¢maras de un presidente que haya mentido al Parlamento.

La comparecencia de Rajoy en el Congreso para hablar del caso B¨¢rcenas solo convenci¨® a los suyos. La oposici¨®n, adem¨¢s, afirma que minti¨®. Es cierto que en un proceso judicial la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Pero si se trata de dilucidar responsabilidades pol¨ªticas, lo m¨ªnimo exigible en el caso B¨¢rcenas es una explicaci¨®n l¨®gica alternativa a la que de manera obvia se deduce de los datos conocidos: donaciones an¨®nimas ilegales que en algunos casos ten¨ªan como contrapartida concesiones administrativas muy ventajosas; y el reparto de una parte de ese dinero entre dirigentes del PP. Rajoy no ha admitido nada, limit¨¢ndose a reconocer que se equivoc¨® al confiar en B¨¢rcenas. Sobre la negociaci¨®n de las fabulosas condiciones del finiquito pactado con el extesorero, tampoco ha dado una explicaci¨®n que despeje la interpretaci¨®n de que se trataba de evitar que hablara; que es tambi¨¦n lo que transmit¨ªan sus mensajes anim¨¢ndole a ¡°resistir¡±. Por tanto, s¨ª hay indicios de que, como m¨ªnimo, trataba de ocultar la verdad.

La respuesta a este tipo de situaciones es la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas que se sustancia en la dimisi¨®n voluntaria o, si se trata del presidente del Gobierno, en la moci¨®n de censura. Pero Rajoy ya ha dicho que se siente legitimado por su mayor¨ªa absoluta y que no piensa dimitir. Esa mayor¨ªa impedir¨ªa que prosperase la censura, que de todas formas ser¨ªa dif¨ªcilmente planteable porque requiere un candidato que la heterog¨¦nea oposici¨®n no est¨¢ en condiciones de presentar. La situaci¨®n recuerda a la vivida en el periodo 1993-1996, marcada por el ¡°v¨¢yase, se?or Gonz¨¢lez¡±, que buscaba el cambio de Gobierno por derribo, no por las urnas. De entonces viene el abuso de la exigencia de responsabilidades en un clima de confusi¨®n que, por ejemplo, llev¨® a dimitir a un ministro de Sanidad, Garc¨ªa Valverde, por una compraventa de terrenos cuando presid¨ªa Renfe.

Independientemente de lo que resuelvan los tribunales, Rajoy est¨¢ obligado a rendir cuentas: ante el PP, en lo que es interno, y ante el pa¨ªs, en lo p¨²blico. Hasta ahora no lo ha hecho. Tal vez la necesidad que tiene el presidente de compensar con medidas hacia el futuro su irresponsabilidad pasada permita un acuerdo de reforma de la financiaci¨®n de partidos que acabe con esa fuente de corrupci¨®n que son las donaciones an¨®nimas.