Borrado de pruebas

El juez del caso B¨¢rcenas hab¨ªa pedido al PP la entrega de dos ordenadores que manejaba el extesorero en la sede de G¨¦nova para verificar si en ellos estaban los originales de las cuentas en B que el propio B¨¢rcenas le hab¨ªa entregado en un pen drive,y otras informaciones comprometedoras. Remitidos ambos aparatos a la Audiencia Nacional para su apertura, se comprob¨® que uno de ellos, el m¨¢s antiguo, carec¨ªa de disco duro, y el otro hab¨ªa sido ¡°destruido¡±. Al hacer su petici¨®n, el juez Ruz no ignoraba que los datos pod¨ªan haber sido borrados, pero se amparaba en la declaraci¨®n de la secretaria general, Dolores de Cospedal, que hab¨ªa manifestado que los ordenadores del ex tesorero segu¨ªan en la calle G¨¦nova custodiados por el partido, para solicitar su entrega.

El asunto es tan sospechoso que, junto a los ordenadores, el PP hizo llegar al juez, el 20 de agosto, una nota justificando su estado actual. Sus argumentos esenciales son que uno de los aparatos carec¨ªa de conexi¨®n para pen drive, por lo que no pudo ser el origen de la copia; y que la informaci¨®n contenida en el otro hab¨ªa sido destruida siguiendo el protocolo establecido en el partido cuando el aparato ha sido utilizado ¡°por personas que hubieran podido manejar informaci¨®n sensible¡±.

Ahora ha a?adido que estaba obligado a borrar el contenido en aplicaci¨®n de la Ley de Protecci¨®n de Datos, que obliga a eliminar los datos personales que contenga el ordenador cuando quien lo utilizaba deja su puesto y es sustituido por otra persona.

De entrada, si lo que hay que suprimir son los datos personales, lo que no tuviera esa condici¨®n no ten¨ªa por qu¨¦ eliminarse. Pero adem¨¢s, si se sabe que los archivos contienen informaci¨®n sobre ingresos y gastos del partido, lo cual no puede considerarse algo privado o personal, solo quien estuviera interesado en que no se conozca su contenido dar¨ªa el paso irreversible de destruir una posible prueba de cargo.

El juez, que investiga la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP, deber¨¢ por tanto investigar qui¨¦n y por orden de qui¨¦n destruy¨® ese material sensible que Cospedal, consideraba a buen recaudo en G¨¦nova.

Todo indica que, como suele ocurrir en muchos esc¨¢ndalos pol¨ªticos, en los que aparte de otros asuntos est¨¢ en cuesti¨®n la honorabilidad de un partido, la m¨¢quina de tapar errores con otros mayores est¨¢ funcionando a pleno rendimiento. En su comparecencia del 1 de agosto, Mariano Rajoy reconoci¨® que hab¨ªa ¡°cometido el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable¡±. Ahora tendr¨ªa que volver sobre sus palabras para descubrir qui¨¦n s¨ª ha cometido ese error.

El C¨®digo Penal considera en su art¨ªculo 451-2 reo de encubrimiento a quien intervenga ¡°ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento¡±.