Catalu?a: ¡®e la nave va¡¯

Hoy se celebra una nueva Diada de Catalu?a. Ha pasado un a?o desde la impresionante demostraci¨®n de fuerza del nacionalismo catal¨¢n. La mayor¨ªa de las fuerzas pol¨ªticas catalanas ¡ªcon significativo apoyo ciudadano¡ª reclama la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum (consulta) sobre el futuro de Catalu?a (que llaman ¡°derecho a decidir¡±). El sistema pol¨ªtico espa?ol, por su parte, parece mirar para otro lado, atrincherado en la afirmaci¨®n de la ilegalidad del refer¨¦ndum, como si ello zanjase definitivamente la cuesti¨®n. Mientras tanto, el independentismo catal¨¢n sigue su camino. El n¨²mero de quienes se muestran favorables a la independencia parece haber aumentado (los independentistas ¡°recientes¡±) y no parece cuajar en Catalu?a una reacci¨®n pol¨ªtica socialmente consistente frente a la estrategia nacionalista.

El desarrollo del proceso resulta sorprendente para quien haya observado el devenir de otros retos similares en las democracias liberales de nuestro tiempo. Parece como si nadie quisiera aprender ¡ªy asumir¡ª las lecciones contenidas en esas experiencias. Cada pa¨ªs tiene sus peculiaridades y sus tradiciones; en ocasiones, muy distantes. Pero las democracias actuales se asientan sobre unos principios fundamentales compartidos. Es ilusorio creer que se puede eludir el test de los procesos seguidos en Canad¨¢ (Quebec) y en Reino Unido (Escocia), especialmente con la cercan¨ªa geogr¨¢fica y temporal del proceso escoc¨¦s.

Frente a lo que trata de mostrar el nacionalismo catal¨¢n, la independencia de territorios no es un fen¨®meno natural en las democracias, sino una hip¨®tesis que pone en cuesti¨®n el sistema constitucional. En las democracias liberales no existe un derecho a la secesi¨®n. Como estableci¨® el Tribunal Supremo (TS) de Canad¨¢, con un¨¢nime respaldo acad¨¦mico, ni el derecho internacional ni el derecho interno amparan un derecho similar. En nuestro caso, adem¨¢s, afecta al orden europeo, lo que dificulta a¨²n m¨¢s esa pretensi¨®n.

El nacionalismo catal¨¢n tambi¨¦n juega con la legalidad. Olvidan que en las democracias constitucionales la legalidad no es disponible. El car¨¢cter incuestionable del rule of law es lo primero que ha quedado claro en los procesos canadiense y brit¨¢nico. Se podr¨¢ discutir si la legalidad constitucional espa?ola permite un refer¨¦ndum como el que pretenden las instituciones catalanas; o si para ello ser¨ªa necesaria, previamente, la reforma constitucional, con la concurrencia de voluntades pol¨ªticas que requiere. Y se podr¨¢ sostener, en su caso, la injusticia de la legalidad. Pero solo puede situarse al margen de ella quien est¨¦ dispuesto a inmolarse pol¨ªticamente. Catalu?a no es Kosovo; ni estamos en 1934.

El nacionalismo juega con la legalidad: no existe un derecho a la secesi¨®n en las democracias liberales

El nacionalismo catal¨¢n pretende, asimismo, imponer una concepci¨®n absorbente del principio democr¨¢tico; la voluntad popular entendida como simple principio de mayor¨ªa (majority rule). Trata de introducir por la puerta trasera lo que hab¨ªa sido previamente expulsado por la puerta principal: el derecho de autodeterminaci¨®n. Se sostiene que, si el electorado de Catalu?a apoyase mayoritariamente la independencia en refer¨¦ndum (consulta), no habr¨ªa posibilidad de oponerse democr¨¢ticamente a esa voluntad. Como afirm¨® el TS de Canad¨¢, quien as¨ª piensa, adem¨¢s de desconocer la falta de efecto legal directo del refer¨¦ndum, ¡°malinterpreta el significado de la soberan¨ªa popular y la esencia de la democracia constitucional¡±. El principio democr¨¢tico se integra en un conjunto de principios constitucionales que se condicionan rec¨ªprocamente, dentro de la legalidad.

Pero lo que m¨¢s sorprende, comparativamente, en el proceso de la reclamaci¨®n independentista de Catalu?a, es la aton¨ªa del sistema pol¨ªtico espa?ol al afrontar ese reto y la fragilidad del movimiento interno de oposici¨®n. Es normal que los nacionalistas sigan intentando imponer par¨¢metros que han sido rechazados en otros sistemas democr¨¢ticos. Pero no lo es que las fuerzas pol¨ªticas que defienden la conveniencia de que Catalu?a siga formando parte de Espa?a y las instituciones del Estado no extraigan de ellas mejores lecciones.

El sistema pol¨ªtico espa?ol parece haber abandonado el terreno del debate sobre las pretensiones del nacionalismo catal¨¢n, en llamativo contraste con el debate en Reino Unido o, antes, en Canad¨¢. Se enfrenta, as¨ª, a un serio riesgo de fracaso, perdiendo la adhesi¨®n de la ciudadan¨ªa catalana. ?El sistema pol¨ªtico espa?ol no tiene nada m¨¢s que la legalidad para oponer a la estrategia rupturista del nacionalismo catal¨¢n y ganarle democr¨¢ticamente la batalla pol¨ªtica en la propia Catalu?a?

El TS de Canad¨¢ acert¨® plenamente al afirmar que una democracia que funcione exige un continuo proceso de debate; y ¡ªa?ad¨ªa¡ª quienes leg¨ªtimamente insisten en la necesidad de respetar el principio de legalidad no pueden hacer caso omiso de la necesidad de justificar su legitimidad a la luz de los principios y valores constitucionales. No solo hay que garantizar la legalidad; tambi¨¦n hay que convencer de su idoneidad. Lo contrario significa abandonar el terreno al nacionalismo para que prosiga, sin obst¨¢culos, su labor proselitista.

Los problemas irresueltos del sistema auton¨®mico est¨¢n en el origen de la actual situaci¨®n

La cuesti¨®n del refer¨¦ndum no queda liquidada con la afirmaci¨®n de su ilegalidad constitucional. No creo que esta cuesti¨®n se haya debatido suficientemente. En cualquier caso, m¨¢s all¨¢ de ella, tenemos pendiente el debate sobre la idoneidad de su regulaci¨®n constitucional y estatutaria. El constituyente recelaba del refer¨¦ndum. No le faltaban razones. Pero es ineludible el debate sobre cu¨¢les son las razones que, si es as¨ª, legitiman la exclusi¨®n entre nosotros de un tipo de refer¨¦ndum que es posible en otros (algunos) sistemas democr¨¢ticos. Y, en su caso, cu¨¢les son las razones para seguir excluy¨¦ndolo, neg¨¢ndose a cualquier reforma, si fuese necesaria, que lo permitiese. Pero a ese debate hay que exigirle rigor jur¨ªdico. Se va extendiendo peligrosamente la premisa de que ¡°si hay voluntad pol¨ªtica, todo es posible jur¨ªdicamente¡±. Inaceptable derecho ¡°plastilina¡±, bon ¨¤ tout faire, que sirve para lo que en cada momento interese.

A la luz de la experiencia en otros pa¨ªses, no parece que negarse a entrar en ese debate sea un terreno pol¨ªtico muy firme; ni la opci¨®n pol¨ªtica m¨¢s conveniente para afrontar, con solidez, la confrontaci¨®n que plantea el nacionalismo, dentro y fuera de Catalu?a. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, por sorprendente que parezca, el consenso sobre la necesidad de realizar el refer¨¦ndum incluye a significativas fuerzas pol¨ªticas que manifiestan, sin embargo, su oposici¨®n a la independencia. La sociedad catalana tiene que empezar a enfrentarse a lo que pone en juego en este proceso: la incertidumbre sobre su econom¨ªa y su pertenencia a la UE o su fractura interna, entre otras cosas. Y eso no ocurrir¨¢ mientras no se rompa el encantamiento que el nacionalismo ha sabido crear con el ¡°derecho a decidir¡±. Porque, pol¨ªticamente, este reto no se ganar¨¢, ¨²nicamente, desde la legalidad ni desde fuera de la sociedad catalana.

Cerrada la v¨ªa del refer¨¦ndum, el nacionalismo abrir¨¢ otros caminos para mostrar el respaldo popular a sus demandas. Caminos que le exigir¨¢n tratar de incrementar la tensi¨®n pol¨ªtica, radicalizando el movimiento, devorando a muchos de quienes se han cre¨ªdo capaces de conducirlo y transformando el mapa pol¨ªtico catal¨¢n. Una situaci¨®n m¨¢s dif¨ªcil de gestionar para Catalu?a y para Espa?a.

En cualquier caso, sea cual sea la opci¨®n que se adopte, no se puede olvidar qu¨¦ es lo que nos ha tra¨ªdo hasta aqu¨ª: los problemas irresueltos del sistema auton¨®mico. Afrontar su reforma, tratando de dar adecuada soluci¨®n a esos problemas, eludiendo los graves errores cometidos en la reforma del Estatuto, resulta indispensable. Pero para ello se necesita tiempo, acierto y un gran consenso. Lo que resultar¨¢ suicida para la democracia espa?ola es eludir, al mismo tiempo, el reto de las instituciones catalanas exigiendo un refer¨¦ndum sobre la independencia y la reforma del sistema auton¨®mico. Los indicios no son nada halag¨¹e?os.

Alberto L¨®pez Basaguren es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad del Pa¨ªs Vasco y visiting scholar en la School of Law de la Universidad de Edimburgo.