Tribunal hipotecado
El Constitucional no acierta al convalidar la militancia pol¨ªtica ocultada por su presidente
El Tribunal Constitucional necesita restablecer el prestigio perdido en batallas protagonizadas en el pasado. Es poco probable que avance en esa direcci¨®n con la decisi¨®n tomada ayer, en que rechaz¨® las decenas de recusaciones pedidas por el Gobierno y el Parlamento catalanes contra el presidente del alto tribunal, Francisco P¨¦rez de los Cobos, por haber ocultado su militancia en el PP al menos hasta 2011, cuando ya era magistrado del Constitucional.
Se supone que los nueve miembros del mismo que votaron a favor pretenden estabilizar el ¨®rgano, pero el efecto es el contrario: en vez de enviar se?ales a la sociedad de que comprenden la necesidad de restablecer la independencia, lo que hacen es subestimar el valor de la imparcialidad. Y eso es grave, cuando est¨¢ planteado el proceso soberanista en Catalu?a y otras cuestiones cargadas de significaci¨®n jur¨ªdica y pol¨ªtica.
Se daba por descontado el voto favorable a P¨¦rez de los Cobos del sector conservador del tribunal. Pero resulta m¨¢s llamativa la divisi¨®n entre los magistrados progresistas, de los cuales solo Luis Ortega y Fernando Vald¨¦s han votado en contra. A falta de conocer el contenido completo de la resoluci¨®n y los votos discrepantes, est¨¢ claro que la mayor¨ªa prefiere ignorar el problema o considerar totalmente compatible la militancia pol¨ªtica y la magistratura constitucional. El dato resulta de especial relevancia en el caso del presidente, que ha tenido antecesores de prestigio indiscutible. La decisi¨®n de ayer tampoco despeja nada, porque el curso viene cargado de problemas en los que la duda de parcialidad puede volver a suscitarse a cada paso, lo que mostrar¨¢ las consecuencias de un primer error.
Editoriales anteriores
No es posible convalidar la tesis de que militar en un partido y ocultarlo al Parlamento son hechos sin importancia. Tampoco es positivo que contin¨²e de presidente del alto tribunal el autor de comentarios p¨²blicos salpicados de prejuicios hacia Catalu?a. Y esto lo hace el mismo ¨®rgano que recus¨® en 2007 al magistrado Pablo P¨¦rez Tremps para juzgar el recurso del PP contra el Estatuto catal¨¢n, por no considerarle imparcial tras haber redactado un informe profesional para la Generalitat. Tanta restricci¨®n entonces y tal laxitud de criterios ahora no se entiende en un tribunal cuyo m¨¢ximo inter¨¦s deber¨ªa ser reafirmarse como ¨¢rbitro imparcial del debate constitucional.
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