Corrupci¨®n, independencia judicial y libertad de prensa

Pocos d¨ªas atr¨¢s el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales en la Argentina decidi¨® suspender al fiscal Jos¨¦ Mar¨ªa Campagnoli, luego de un pedido por parte de la Procuradora General de la Naci¨®n. Campagnoli se encontraba investigando uno de los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n m¨¢s grandes y documentados de la historia del pa¨ªs. Este abuso del gobierno de Cristina Fern¨¢ndez sobre el poder judicial es s¨®lo uno de m¨²ltiples intentos de su gobierno por controlar la justicia del pa¨ªs, y se encuentra en l¨ªnea con lo que ocurre en otros pa¨ªses vecinos, tales como Venezuela y Ecuador.

Si a las amenazas a la independencia del poder judicial se le suman los permanentes intentos de estos gobiernos para silenciar la prensa libre, llegamos a una conclusi¨®n obvia pero muchas veces olvidada: La ¨²nica manera que estos gobiernos tienen para permanecer en el poder, dejando impunes sus actos de corrupci¨®n, es con una prensa silenciada, y una justicia a su disposici¨®n.

En Venezuela, Hugo Ch¨¢vez se asegur¨® poco a poco de ir eliminando todo medio de comunicaci¨®n independiente. Primero a trav¨¦s de una alianza impl¨ªcita con el empresario Gustavo Cisneros, propietario de Venevisi¨®n; luego con el cierre de RCTV y de cientos de se?ales de radio; y m¨¢s recientemente, a trav¨¦s de la compra de medios por parte de ¡°empresarios¡± afines al gobierno. Resaltan el caso del banquero V¨ªctor Vargas, principal nombre detr¨¢s de la compra del diario ?ltimas Noticias, o del empresario Ra¨²l Gorr¨ªn, nuevo due?o del canal de televisi¨®n Globovision.

A nivel judicial, quiz¨¢s la se?al m¨¢s fuerte del gobierno de Ch¨¢vez fue el meter presa a la Jueza Mar¨ªa Lourdes de Afiuni durante m¨¢s de 5 a?os, sencillamente por haber acatado una resoluci¨®n de Naciones Unidas que ped¨ªa por la liberaci¨®n de un preso pol¨ªtico. Hoy el sistema judicial en Venezuela no existe, si no que esta al servicio de la corrupci¨®n y el crimen organizado.

En Ecuador, Rafael Correa utiliz¨® una estrategia m¨¢s elaborada. Para acabar con la libertad de prensa, comenz¨® por expropiar dos de los canales de televisi¨®n m¨¢s importantes del pa¨ªs, pertenecientes a la familia Isa¨ªas. Si bien prometi¨® venderlos r¨¢pidamente, hoy, 5 a?os despu¨¦s, los canales no s¨®lo contin¨²an en manos del gobierno sino que constituyen las principales v¨ªas de publicidad oficial. As¨ª mismo, la Asamblea nacional controlada en su amplia mayor¨ªa por el partido oficialista, aprob¨® una ley de medios de comunicaci¨®n que criminaliza a quien opina diferente, obligando a cada periodista a contrastar con el propio gobierno cada pedazo de informaci¨®n, eliminando as¨ª el periodismo de investigaci¨®n.

Correa tambi¨¦n se asegur¨® el control de los jueces. Lo hizo llamando a un referendo constitucional que elimin¨® al anterior sistema de justicia, reemplaz¨¢ndolo por uno nuevo, el cual es administrado por un consejo de la judicatura que se encarga de la selecci¨®n y suspensi¨®n de jueces. Todos los miembros de este consejo de la judicatura son ex funcionarios de su gobierno. De este modo, Correa utiliza el sistema judicial para perseguir y amenazar a los periodistas que intentan investigarlo o los opositores que se atreven a criticarlo; y tambi¨¦n para proteger a sus colegas ante eventuales investigaciones judiciales de corrupci¨®n.

En Argentina, el gobierno desarroll¨® por un lado una estrategia de captaci¨®n de influencias con la cual se le exig¨ªa a empresarios afines a que compren medios de comunicaci¨®n, a cambio de asegurarse una posici¨®n privilegiada a la hora de participar en diferentes licitaciones del Estado, o alternativamente, para evitar visitas ¡°espont¨¢neas¡± de la agencia recaudadora de impuestos. Ejemplos son el caso del empresario Kirchnerista Crist¨®bal L¨®pez, qui¨¦n hace no mucho tiempo compro el canal de noticias C5N; o el Grupo Vila-Manzano, hoy totalmente dedicado al proselitismo ¡°K¡±.

Por otra parte, se aprob¨® en 2009 una ley de medios dise?ada exclusivamente para desintegrar al principal grupo de medios del pa¨ªs, Grupo Clar¨ªn. Luego de varios a?os de pelea, la Corte Suprema, a trav¨¦s de una sentencia pol¨¦mica acab¨® por declarar constitucional esta ley. Pero lo que agrav¨® la situaci¨®n fue que dicha sentencia fue anunciada solo dos d¨ªas despu¨¦s de las ¨²ltimas elecciones legislativas en las cuales el gobierno hab¨ªa perdido abruptamente. Ninguna corte independiente se hubiese prestado a tal manipulaci¨®n.

La relaci¨®n corrupci¨®n-justicia-medios tambi¨¦n se hizo evidente en el pa¨ªs durante la investigaci¨®n de grandes casos de corrupci¨®n. Durante el ¨²ltimo a?o, la poca prensa independiente que queda en la Argentina logr¨® documentar, quiz¨¢s como nunca antes, hechos de corrupci¨®n como el que involucra al actual Vicepresidente Amado Boudou, o al contratista de obra p¨²blica amigo de la familia Kirchner, L¨¢zaro B¨¢ez. Si bien la evidencia de estos casos es abrumadora, los mismos se encuentran paralizados en la justicia, este ¨²ltimo en manos de un pol¨¦mico juez de nombre Sebasti¨¢n Cassanello. Como se dijo anteriormente, el gobierno tambi¨¦n se encargo de suspender al fiscal que llevaba adelante la investigaci¨®n.

Para que la corrupci¨®n sea efectiva, el funcionario electo necesita tres cosas: continuidad en el poder, impunidad judicial, y la inexistencia de voces que lo investiguen. Son estos justamente los pilares sobre los cuales se basa la destrucci¨®n de la democracia en estos pa¨ªses.

@Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com