?Una pregunta bals¨¢mica?

Si bien es cierto que no parece buena idea disgregar un pa¨ªs que lleva siglos unido y que ¡°solo las personas tienen derechos, no los territorios¡±, no lo es menos que esos ciudadanos suelen agruparse por diversas afinidades, la lengua entre ellas, en comunidades territoriales a las que dotan de instituciones democr¨¢ticas que un d¨ªa, por lo que sea, pueden articular una mayor¨ªa que solicita pac¨ªfica y democr¨¢ticamente la opini¨®n de sus conciudadanos con derechos individuales sobre el futuro de su comunidad. Este proceso, al que algunos llaman ¡°desaf¨ªo¡± o, m¨¢s abruptamente, ¡°sedici¨®n¡±, deber¨ªa formar parte de la normalidad democr¨¢tica sin necesidad de plantear un derecho de autodeterminaci¨®n que ninguna jurisprudencia reconoce salvo en casos de opresi¨®n o colonialismo, circunstancias que no concurren actualmente en nuestro pa¨ªs, por mucho que algunos iluminados lleguen a hablar incluso de ¡°esclavitud¡±.

Tampoco cabe invocar un esencialismo democr¨¢tico que deifique la simple voluntad popular como veh¨ªculo suficiente para acceder a una soberan¨ªa de nuevo cu?o. Como nos recuerda Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa (Democracia y Autodeterminaci¨®n, Claves, n¨²mero 208), ¡°la expresi¨®n de una voluntad clara no conlleva sin m¨¢s la secesi¨®n, sino que lo que hace es abrir un proceso en el que ambas partes est¨¢n obligadas a negociar francamente y con lealtad los t¨¦rminos posibles de un acuerdo de separaci¨®n¡­ La voluntad popular directa expresada en un ¨²nico momento no es considerada como esencia ¨²nica de la democracia que por s¨ª misma no produce la decisi¨®n final, sino que se limita a abrir un proceso de di¨¢logo institucional sobre esa voluntad¡±.

En vez de la berroque?a negativa que no parece llevar a sitio alguno, parece m¨¢s razonable acudir a la jurisprudencia internacional para centrar el problema y enfocarlo de forma constructiva. Arg¨¹ir la fuerza implacable de la Constituci¨®n para impedir la consulta es inequ¨ªvocamente leg¨ªtimo, pero dudo mucho que sea tan ¨²til pol¨ªticamente como la respuesta dada por el Tribunal Supremo de Canad¨¢ a la ofensiva soberanista de Quebec, un intento jur¨ªdico serio de ofrecer una v¨ªa legal que, sin reconocer el ¡°derecho a la secesi¨®n¡±, permita atender las demandas pac¨ªficas y democr¨¢ticas de una parte de su poblaci¨®n y que aqu¨ª podr¨ªa contemplarse mediante una ley ordinaria que regulara el derecho de una comunidad aut¨®noma a plantearse un futuro diferente bajo determinadas condiciones.

La raz¨®n? y el arte de la pol¨ªtica exigen sentarse y arbitrar soluciones

No tienen derecho a irse por las buenas (como corroboraba hace unas semanas el profesor Rubio Llorente), pero consulten ustedes a la ciudadan¨ªa, les vino a decir el tribunal a los quebequeses, mediante una pregunta clara sobre irse o quedarse sin eufemismos ni trampas sem¨¢nticas como ¡°derechos a decidir¡± y suced¨¢neos; en segundo lugar deben obtener ustedes una mayor¨ªa amplia (a determinar, pero no parece suficiente la simple mitad m¨¢s uno para romper un pa¨ªs), garantizar los derechos de quienes en su comunidad no quieren separarse (el nuevo Estado deber¨ªa ser tan plurinacional y pluriling¨¹¨ªstico como el que m¨¢s) y, una vez en este punto, negociar el reparto de muebles con el resto del pa¨ªs (previa reforma constitucional). Y as¨ª est¨¢n las cosas desde entonces en Canad¨¢, en un tranquilo statu quo.

?Que el riesgo es demasiado grande? ?Y cu¨¢l es el de no hacerlo? ?Continuar con la crispada incertidumbre por los siglos de los siglos? Lo que parece conveniente es que para cualquier tipo de salida democr¨¢tica se baje unos cuantos grados la temperatura, tanto de los irreductibles patriotas constitucionales que apelan al ¡°imperio de la ley¡± como ¨²nica respuesta a la sedici¨®n, como la de quienes transforman el clamor del sentimiento de pertenencia en un corpus doctrinal con sus s¨ªmbolos, ritos y supuesto derecho (?tambi¨¦n sagrado?) a formar Estado aparte. Apelar a la raz¨®n y al arte de la pol¨ªtica significa sentarse y arbitrar soluciones que pasan por saber de una vez qu¨¦ quieren ser de mayores los catalanes y c¨®mo est¨¢ dispuesta Espa?a a asumir la innegable plurinacionalidad de su Estado, visto el agotamiento del sistema del ¡°caf¨¦ para todos¡± y la inviabilidad de una vuelta al jacobinismo.

Como sugiere la Ley de Claridad canadiense, la pregunta debe ser clara, sin ambig¨¹edades (la propuesta por la Generalitat es, cuando menos, compleja), y debe estar precedida por una campa?a di¨¢fana en la que se explique a los electores catalanes los pros y contras de la decisi¨®n, especialmente econ¨®micos y de inserci¨®n internacional, sin tapujos ni subterfugios. En este sentido, los ingleses est¨¢n dando una lecci¨®n de pragmatismo: pregunten ustedes a sus ciudadanos, les dicen a los escoceses, si quieren seguir perteneciendo o no a UK, pero tengan en cuenta que en caso negativo les trataremos como a extranjeros, que nuestra Armada no tiene por qu¨¦ construir sus barcos en astilleros escoceses, que cu¨¢l va ser su moneda, c¨®mo se va a realizar el reparto de la deuda, etc¨¦tera.

El escuchar la respuesta parece mucho m¨¢s inteligente que el prohibir la pregunta, menos da?ino para la marca Espa?a y puede que abocara, como en Canad¨¢, a un pl¨¢cido statu quo para varios lustros, lo cual ser¨ªa un alivio y un descanso para la ciudadan¨ªa de este pa¨ªs¡­ de pa¨ªses.

Pedro J. Bosch es m¨¦dico oftalm¨®logo y articulista.