La resaca del ¡®tasazo¡¯

Sabor a tango era su sue?o. Ida B¨¢rbara (72 a?os) y Edgardo Moradas (66) invirtieron los ahorros de toda una vida, 1.300.000 euros, en crear un restaurante que llevara lo mejor de la gastronom¨ªa argentina ¡ªla del bif¨¦ de chorizo y los asaditos¡ª en el municipio sevillano de Espartinas. Pero ese sue?o se esfum¨® a la vez que un transformador de una parcela vecina. Sabor a tango se qued¨® sin luz. Diez meses.

De pronto, este matrimonio de argentinos, que lleva 40 a?os en Espa?a, lo perdi¨® todo. Pasaron de ganar 6.600 al mes a cobrar, entre los dos, 800 euros de pensi¨®n m¨ªnima. Y aunque cumpl¨ªan con el requisito econ¨®mico, al gestionar su restaurante como una sociedad limitada no pod¨ªan solicitar la justicia gratuita. Perdieron a sus clientes, a sus trabajadores, al comprador que pensaba adquirir el restaurante por 300.000 euros y la parcela en la que se asentaba por 900.000 euros. Y, finalmente, su local y terreno, que han sido reclamados por el banco al no poder pagar los 3.000 euros mensuales de hipoteca que antes pod¨ªan asumir sin apuros. Al acudir a la justicia, para reclamar 400.000 euros a la el¨¦ctrica, se toparon con 2.225 euros de tasas. "Solo hemos podido seguir adelante porque nuestro abogado y procurador las han pagado por nosotros. Le debemos a la caridad de estos profesionales el poder demandar. La ley de tasas es una injusticia m¨¢s de todas las que est¨¢ cometiendo el ministerio del se?or Gallard¨®n".

Si el caso de Ida y Edgardo es una gota en un oc¨¦ano o una casualidad de laboratorio es lo que discuten Gobierno y profesionales de la justicia. Juan Bravo, subsecretario de Justicia, afirma que "es la crisis la que ha provocado el descenso de la litigiosidad, no las tasas". Seg¨²n Bravo, la medida, que entr¨® en vigor el 17 de diciembre de 2012 y fue modificada con el decreto-ley del 22 de febrero de 2013, no ha variado la tendencia a la baja en el n¨²mero de juicios. "Si dicen que las tasas afectan tanto, que lo demuestren con n¨²meros", remata bravo.?

El tasazo grava el acceso de los ciudadanos a los tribunales con dos cuant¨ªas: una fija, que depende del tipo de pleito, y otra variable, el 0,1% de lo que cuesta el juicio ¡ªun concepto que suele coincidir con el dinero que se reclama y al que se le aplica un valor de 18.000 euros cuando la cuant¨ªa es indeterminada¡ª hasta un m¨¢ximo de 2.000 euros.

En el caso de personas jur¨ªdicas ¡ªempresas, asociaciones, ONG¡ª el variable sube hasta un 0,5% con un m¨¢ximo de 10.000 euros. Y en ning¨²n caso se tiene en cuenta el nivel econ¨®mico del demandante, lo que quiere decir que una pyme, un peque?o comercio o un restaurante, como el de Ida y Edgardo, pagan lo mismo que una gran empresa o un banco, como denuncia la letrada Ver¨®nica del Carpio, una de las m¨¢s activas contra las tasas a trav¨¦s de su blog, El bosque y los ¨¢rboles.

Los datos de cu¨¢ntos ciudadanos han dejado de acudir a la justicia desde que entr¨® en vigor este tasazo a¨²n se desconocen. Pero el Gobierno ha admitido que casi uno de cada cuatro ciudadanos (el 23%) que litigaba contra la Administraci¨®n ha dejado de hacerlo. Un estudio del Colegio de Abogados de Barcelona afirma que el 70% de sus clientes ha dejado de acudir a juicio por las tasas. El Colegio de Abogados de Valencia cifra el descenso en el 30%.

Por qu¨¦ se ha implantado la ley es una de las cuestiones de la controversia. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha defendido el copago jur¨ªdico fundament¨¢ndose en dos pilares: mejorar con lo recaudado la justicia gratuita y eliminar la ¡°excesiva litigiosidad¡± de Espa?a, escud¨¢ndose en los m¨¢s de nueve millones de asuntos en 2012 que acredita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ministro de Justicia, afirma que las protestas de jueces y fiscales se deb¨ªan a los recortes en su sueldo y d¨ªas libres, no a las tasas. (EUROPA PRESS)

El Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola (CGAE) que engloba a los 83 colegios de letrados de Espa?a, y Justicia para Todos ¡ª compuesta por el CGAE, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CC OO, USO y el CSIF¡ª criticaron el primer argumento desde dos frentes. Por un lado, diciendo que lo recaudado, seg¨²n datos contenidos en el Informe Mensual de Recaudaci¨®n Tributaria, estaba muy lejos de los 306 millones que pretend¨ªa lograr Gallard¨®n. En el informe aparece un concepto, tasas judiciales, cuyo valor ha cambiado desde cuatro millones, a 31 de enero de 2013, hasta 117, a 31 de octubre del mismo a?o. Estas cantidades, de tomarse como la recaudaci¨®n total del tasazo, supondr¨ªan una media de 15 millones al mes, poco m¨¢s de la media necesaria para alcanzar los 306.

La clase media es la que m¨¢s sufre las tasas¡å Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia

El Ministerio de Justicia, sin embargo, cifra lo recaudado en torno a los 316,5 millones, seg¨²n datos de Hacienda. La Agencia Tributaria, encargada de la recaudaci¨®n, ha asegurado a este peri¨®dico que dicha cantidad es la estimaci¨®n de lo recaudado por las nuevas tasas, a las que habr¨ªa que sumarle lo que se ingres¨® en 2012 por las antiguas tasas, implantadas en la etapa Zapatero por la ley 53/2002 que gravaba a las personas jur¨ªdicas. De ah¨ª se obtiene una estimaci¨®n que dar¨ªa esos 316,5 millones. Juan Bravo, subsecretario de Justicia, ha cargado contra Carlos Carnicer, por haber dado repetidamente la cifra equivocada. "Lo que no se puede hacer es declaraciones como las de Carlos Carnicer, diciendo que la recaudaci¨®n era de 100 millones. Uno no puede hablar de datos, y menos si es presidente del Consejo General de Abogac¨ªa, sin tenerlos controlados".

La otra cr¨ªtica apunta no al cu¨¢nto sino al qu¨¦ se va a hacer con este dinero. Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia (JPD), recuerda que no se ha especificado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 a qu¨¦ se destinar¨¢ esta partida. De hecho, los PGE prev¨¦n un nuevo recorte del 2,73% en Justicia. ¡°Lo que habr¨ªa que preguntarle a Gallard¨®n y a la vicepresidenta Soraya [S¨¢enz de Santamar¨ªa] es d¨®nde ha ido ese dinero. Porque supuestamente era para financiar la justicia gratuita, y esa mejora no figura en ninguna parte en los presupuestos del pr¨®ximo a?o¡±. ?lvaro Garc¨ªa, portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, asociaci¨®n profesional en activo desde 1985, considera que el fin recaudatorio era secundario y que lo principal para Justicia era ¡°conseguir bajar el n¨²mero de juicios¡±. Juan Bravo ha explicado a este peri¨®dico que "nunca se prometi¨® repartir el total, sino financiar lo que se gastara a mayores por la reforma de la ley de justicia gratuita".

En cuanto al segundo argumento de la reforma, aliviar el exceso de juicios en los tribunales, el Consejo General de Abogac¨ªa afirma que el n¨²mero de procesos que maneja el ministerio es incorrecto. Un informe elaborado por este organismo concluye que la cifra real de litigios en Espa?a es menos de la cuarta parte de lo indicado por el Poder Judicial. La abogac¨ªa afirma que en Espa?a ha habido 1.833.608 procesos en 2012, un 80% menos de los anotados por Justicia. La raz¨®n de la enorme discrepancia, seg¨²n la asociaci¨®n nacional de letrados, es la ¡°incorrecta¡± inclusi¨®n por parte del CGPJ de m¨²ltiples litigios en los que la actividad jurisdiccional fue ¡°nula o casi nula¡±.

La condena del tasazo contin¨²a invariable por la mayor¨ªa de los profesionales del Derecho. Carlos Carnicer, presidente del CGAE, que engloba a los 83 colegios de letrados del pa¨ªs, se expresaba en t¨¦rminos muy duros un d¨ªa antes de que se cumpliera el primer cumplea?os del tasazo, el 20 de noviembre de 2013. Carnicer ejemplific¨® la injusticia de esta ley recordando que ahora los funcionarios tienen que pagar por denunciar a la Administraci¨®n para la que trabajan, exenta de cualquier tipo de tasa: ¡°La justicia es hoy casi inaccesible para los empleados p¨²blicos, que tienen que renunciar a exigir sus derechos a una Administraci¨®n que no paga tasas¡±. El Sisej, sindicato de secretarios judiciales, afirma a trav¨¦s de su portavoz, Rafael Lafuente, que la ley ¡°no puede ser m¨¢s negativa¡± y que supone la ¡°muerte silenciosa¡± del derecho a la justicia.

La lucha contra esta indefensi¨®n ha sido liderada por los profesionales del sector. Jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales han dado una respuesta casi un¨¢nime a trav¨¦s de huelgas, numerosas manifestaciones y constantes exigencias para que se ponga fin al tasazo. ¡°La clase media es quien m¨¢s est¨¢ sufriendo¡±, asevera Bosch, portavoz de JPD, la segunda asociaci¨®n de magistrados a nivel nacional. ¡°Los peores pron¨®sticos se han cumplido. Se han quedado fuera de la justicia decenas de miles de personas. Es como si en Sanidad dij¨¦ramos que para aliviar el abarrotamiento de los hospitales deber¨ªamos prohibirle la entrada a algunos de los enfermos¡±. Bosch considera tambi¨¦n que las clases altas y las empresas m¨¢s poderosas se han beneficiado, ¡°porque en caso de juicio ellas no tienen problemas con las tasas, y ahora se litiga menos contra ellas¡±.

El Constitucional acepta a tr¨¢mite los cinco recursos contra la ley de tasas, uno de ellos de Arag¨®n (PP)

La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo de jueces mayoritario y conservador, discrepa del rechazo a la ley. "Creemos que las tasas eran necesarias, ya que hay gente que litiga y recurre solo porque sabe que los costes del proceso los pagamos todos los ciudadanos. Y esta actitud es la que nos ha llevado al colapso de la justicia", afirma Pablo Llarena Conde, presidente de esta organizaci¨®n. "Lo que nos hubiera gustado es que estas tasas no se pagaran de entrada, sino de salida. Y solo en aquellos casos en que el litigante perdiera el juicio, con la posibilidad de que el magistrado pudiera eximirle del pago siempre que considerara que su demanda estaba bien fundamentada jur¨ªdicamente".

Para buena parte de las asociaciones de profesionales, la esperanza es que el Tribunal Constitucional (TC) tumbe la ley, y la justicia vuelva a ser un derecho universal para la ciudadan¨ªa espa?ola. El TC ya ha admitido a tr¨¢mite los cinco recursos presentados por el PSOE, la Generalitat de Catalu?a, la Junta de Andaluc¨ªa y los Gobiernos de Canarias y Arag¨®n, este ¨²ltimo gobernado por el PP. El espejo europeo rema a favor de poner punto final al tasazo, ya que el Gobierno franc¨¦s de Fran?ois Hollande ha anulado las tasas que instaur¨® en 2011 por "penalizar y restringir el acceso a la justicia a los m¨¢s vulnerables".

Rafael Lafuente, portavoz del sindicato mayoritario de secretarios judiciales, conf¨ªa en que el Constitucional siga el mismo ejemplo: "Estamos convencidos de que es una ley claramente inconstitucional. Y bien el Constitucional o nosotros, los ciudadanos, conseguiremos que se anule". Mariano Dur¨¢n, decano del Colegio de Abogados de Valencia, no ve las cosas tan claras: "El problema es el da?o que hagan las tasas mientras tanto. Yo tambi¨¦n quiero confiar en que el TC la tumbar¨¢, pero mi sensaci¨®n es que vivimos en un pa¨ªs el que los derechos y garant¨ªas de los ciudadanos han retrocedido absolutamente".