A favor de la concordia

Para la democracia espa?ola, el comienzo del nuevo a?o no altera el n¨²cleo b¨¢sico de sus problemas: articulaci¨®n y calidad institucional, y dentro del mismo, con entidad propia y ahora estelar, el ¡°encaje¡± de Catalu?a. No es este, desde luego, un problema solo catal¨¢n. La estructura territorial del Estado no es una cuesti¨®n que concierna exclusivamente a Catalu?a, sino al conjunto de la naci¨®n espa?ola. En el trasfondo de la deriva soberanista se encuentra el reclamo de revisar en profundidad el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n espa?ola, que proclama ¡°la indisoluble unidad de la Naci¨®n Espa?ola¡±. No se puede ocultar la gravedad de la situaci¨®n. Una confrontaci¨®n y posible secesi¨®n no ser¨ªa buena ni para Catalu?a ni para el conjunto de Espa?a, por lo que es urgente iniciar un di¨¢logo y una negociaci¨®n que reh¨²ya las posiciones extremistas y busque acuerdos. El acuerdo como bien democr¨¢tico.

El C¨ªrculo C¨ªvico de Opini¨®n sostiene sin rodeos que la Constituci¨®n espa?ola es el ¨²nico marco desde el que es leg¨ªtimo abordar la complejidad de la situaci¨®n creada, buscando dentro de ¨¦l posiciones conciliadoras. No obstante, considerar incuestionable la unidad de Espa?a no deber¨ªa ser impedimento para que se debatieran cambios en la estructura territorial del Estado aun cuando estos requirieran modificaciones del mismo texto constitucional.

Es evidente que en Catalu?a se siente una grave insatisfacci¨®n, cuyas ¨²ltimas razones apelan a un insuficiente reconocimiento de la identidad catalana por parte del resto de Espa?a. La creaci¨®n y el desarrollo del Estado de las autonom¨ªas ha ido alimentando la convicci¨®n de que el reparto fiscal auton¨®mico es injusto para Catalu?a e impide aprovechar los recursos que all¨ª se generan. Una convicci¨®n agudizada por causa de la crisis econ¨®mica, que ha intensificado el malestar. A ello hay que a?adir lo que represent¨® para los partidos nacionalistas la sentencia del Tribunal Constitucional al anular algunos de los art¨ªculos del Estatuto de 2006, sentencia interpretada como un signo de desautorizaci¨®n hacia el Parlamento y el pueblo catal¨¢n. Bast¨® la manifestaci¨®n multitudinaria de la Diada de 2012 para que el partido en el Gobierno catal¨¢n modificara su estrategia de conseguir un ¡°pacto fiscal¡±, poni¨¦ndose la Generalitat al frente de la propuesta de una consulta de autodeterminaci¨®n dirigida a abrir el camino hacia una posible separaci¨®n del Estado.

La lista de ¡°agravios¡± sentidos por los m¨¢s nacionalistas choca con el hecho indiscutible de que jam¨¢s Catalu?a hab¨ªa conseguido el nivel de autogobierno y el reconocimiento de su especificidad ling¨¹¨ªstica y cultural que tiene ahora. Adem¨¢s, es falsa la generalizaci¨®n seg¨²n la cual la sensaci¨®n de comunidad ¡°maltratada¡± es un¨¢nimemente compartida dentro de Catalu?a. En todo caso, los partidarios de la independencia no dejan de ganar espacio p¨²blico.

El acuerdo es un bien democr¨¢tico y la Constituci¨®n, el marco leg¨ªtimo para ello

Como fuere, las posiciones soberanistas est¨¢n dando muestras de ignorar que si la democracia es, efectivamente, la voz del pueblo, es asimismo un Estado de derecho que se sustenta en el imperio de la ley. De ah¨ª que se haya incurrido en dos malentendidos que solo contribuyen a confundir a la ciudadan¨ªa. El primero de ellos consiste en querer derivar la aspiraci¨®n independentista de un supuesto ¡°derecho a decidir¡±, una forma eufem¨ªstica de nombrar el derecho a la autodeterminaci¨®n. Hay que decir con claridad que ni el derecho a la autodeterminaci¨®n ni el derecho a decidir existen como tales derechos y carecen de cualquier tipo de soporte jur¨ªdico. La independencia o la autodeterminaci¨®n son, en todo caso, proyectos pol¨ªticos leg¨ªtimos, pero no derechos. Se confunde, en definitiva, la existencia de un derecho con el anhelo y el reclamo de una consulta que permita conocer lo que quieren realmente los catalanes.

El segundo malentendido es la diferencia esgrimida por los partidos soberanistas entre la legalidad y la legitimidad democr¨¢tica. Desde aquella manifestaci¨®n del 11 de septiembre de 2012 se repite en Catalu?a que la legalidad constitucional ha sido superada y sustituida por la manifestaci¨®n popular de m¨¢s de un mill¨®n de personas a favor de la independencia. Otra estrategia que produce confusi¨®n y desconcierto en la ciudadan¨ªa, al dar a entender que el imperio de la ley debe extinguirse sin m¨¢s cuando el pueblo expresa masivamente un deseo contrario a la legalidad o no previsto por ella. Frente a ello, debe afirmarse sin ambig¨¹edades que, por mayoritario que sea el anhelo de alcanzar la independencia, por amplia que sea la mayor¨ªa, esta no puede atribuirse una legitimidad a espaldas del Estado de derecho.

Pero que no exista un derecho a decidir y que constitucionalmente la soberan¨ªa recaiga en el pueblo espa?ol no implica que no pudiera ser atendido el deseo inequ¨ªvocamente manifestado por una parte de aquel de no seguir perteneciendo al Estado espa?ol. Siempre que se haga desde la legalidad constitucional. As¨ª se hizo en Canad¨¢ y se har¨¢ en el Reino Unido, dos ejemplos a los que reiteradamente se ha acudido. En nuestro caso, sin embargo, una consulta de tal naturaleza no tiene cabida en la Constituci¨®n, salvo que se haga una interpretaci¨®n de la misma muy abierta y permisiva, extremo que solo contados expertos creen posible tomando como base interpretaciones muy discutidas. Dada la relevancia de la cuesti¨®n, una interpretaci¨®n como la requerida tendr¨ªa que apoyarse en bases doctrinales s¨®lidas. Adem¨¢s, la aprobaci¨®n de la consulta deber¨ªa contar con la aquiescencia del Gobierno espa?ol, hasta ahora inexistente. Lo m¨¢s probable, en consecuencia, es que o bien el Gobierno catal¨¢n realice una consulta sin base legal, o bien que, cumplido el plazo que se ha impuesto a s¨ª mismo, tenga que convocar elecciones anticipadas con car¨¢cter supuestamente plebiscitario.

El "derecho a decidir" es un eufemismo del inexistente derecho a la autodeterminaci¨®n

As¨ª pues, aun cuando la consulta no llegue a realizarse, el problema seguir¨¢ vivo. Es m¨¢s, puede entrar en un callej¨®n de dif¨ªcil salida que conviene evitar a toda costa. El enconamiento de las relaciones entre Catalu?a y el resto de Espa?a ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar algunos aspectos del ordenamiento territorial y de iniciar un di¨¢logo, con la mayor participaci¨®n pol¨ªtica posible, sobre la reforma de la Constituci¨®n. El malestar que siente una gran parte de la ciudadan¨ªa catalana no es banal y merece ser atendido desde posturas sensatas y conciliadoras. Responder a la demanda de reformar la Constituci¨®n no es ceder al discurso victimista de una Catalu?a que se siente permanentemente maltratada y oprimida, un discurso que no es el de toda la sociedad catalana. Seg¨²n encuestas fiables, por lo menos un 50% de catalanes rechaza en estos momentos la opci¨®n independentista, pero desea un cambio en el encaje pol¨ªtico con Espa?a, que revise especialmente el modelo fiscal. Por eso, son los partidarios de un cambio en el modelo auton¨®mico, pero no de la independencia, los que ahora, por dif¨ªcil que sea, han de esforzarse en hacer o¨ªr su voz y construir un proyecto ilusionante que contraste con el proyecto secesionista. Si el problema que tenemos delante es espa?ol y no solo catal¨¢n, urge un liderazgo de los grandes partidos pol¨ªticos que encauce el debate sobre el nuevo modelo. Un modelo que convenza de la conveniencia para todos de no poner en cuesti¨®n la unidad de Espa?a.

El C¨ªrculo C¨ªvico de Opini¨®n se pronuncia a favor de la concordia, evitando la confrontaci¨®n. En pol¨ªtica, el di¨¢logo y la negociaci¨®n siempre han de ser posibles, por lo que no cabe rechazarlos ni darlos por perdidos. Es perentorio detenerse a considerar hasta donde pueden ser atendidas las reclamaciones de Catalu?a e iniciar el debate sobre la reforma de la Constituci¨®n. Las crisis suelen propiciar reformas en profundidad y pueden aprovecharse en tal sentido. Emprender esa reforma ser¨ªa la manera de convertir el mal llamado ¡°problema catal¨¢n¡± en un debate que concierne a la totalidad de la ciudadan¨ªa y que beneficiar¨¢ a unos y a otros. Es obligaci¨®n de los Gobiernos arbitrar mecanismos de negociaci¨®n, para dar una salida razonable al conflicto. Una responsabilidad que tambi¨¦n han de asumir los medios de comunicaci¨®n, el ¨²nico instrumento que tiene la ciudadan¨ªa para recibir una informaci¨®n que sirva para crear opini¨®n y para propiciar un di¨¢logo abierto y fruct¨ªfero.

Victoria Camps y Jos¨¦ Luis Garc¨ªa Delgado, en nombre del C¨ªrculo C¨ªvico de Opini¨®n