?Peligro u oportunidad?

El 13 de febrero de 2014 el Parlamento belga aprob¨® una modificaci¨®n de la ley de eutanasia de 2002, ampliando este derecho a menores que, con un pron¨®stico fatal a corto plazo y un sufrimiento f¨ªsico insoportable, con el acuerdo de sus padres soliciten de forma repetida y consciente una muerte asistida.

El texto ha sido sometido durante dos a?os a un gran debate social, suscitando tal inter¨¦s que las comparecencias de los expertos en el Senado fueron televisadas. El 74% de los belgas son partidarios de la eutanasia infantil y la mayor¨ªa de partidos han respaldado esta iniciativa legislativa (86 a favor, 44 en contra y 12 abstenciones). Tras 30 a?os de debate, B¨¦lgica y Holanda muestran el camino que sin duda transitar¨¢n todas las sociedades democr¨¢ticas.

En Espa?a la mayor¨ªa de los m¨¦dicos (59,9% en 2002, seg¨²n la encuesta del CIS 2.451) y de la poblaci¨®n general (73% en 2009, CIS 2.803) est¨¢ a favor de la regulaci¨®n de la eutanasia. En 2002 la Ley de Autonom¨ªa del Paciente reforz¨® el derecho a rechazar un tratamiento de la Ley General de Sanidad de 1986, al regular las instrucciones previas (testamento vital), por lo que actualmente morir voluntariamente es un derecho cuando la vida depende de una medida de soporte vital (tal y como demostr¨® Inmaculada Echevarr¨ªa en 2007, tras renunciar al respirador que la manten¨ªa con vida). A ra¨ªz de este caso y del esc¨¢ndalo en 2005 por la infamia de la Comunidad de Madrid contra el servicio de urgencias que yo dirig¨ªa, en el hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s, Andaluc¨ªa regul¨® en 2010 los derechos de los pacientes y las obligaciones de los profesionales en el proceso de muerte, iniciativa que siguieron Arag¨®n y Navarra en 2011 y que probablemente lleven a cabo otras comunidades sensibles con el sufrimiento al final de la vida.

?Garantiza la legislaci¨®n una buena muerte para los ciudadanos? Claramente no. Todav¨ªa hace falta mucha pedagog¨ªa de la Ley de Autonom¨ªa. Por el tab¨² cultural de la muerte a muchos pacientes no se les informa sobre su enfermedad, ni sobre sus derechos (como el testamento vital), ocultando su proceso de morir tras el espejismo de una supuestamente bondadosa ignorancia. Y los pacientes que, afrontando su muerte, desean ejercer sus derechos a menudo chocan con profesionales que, en lugar de respetar su voluntad, tratan de imponer sus creencias, con la excusa de los paliativos.

La universalizaci¨®n de los paliativos es un subterfugio que reh¨²ye el debate

Pero el dilema paliativos o eutanasia no existe. No se trata de elegir entre lo uno o lo otro, sino de disponer de la opci¨®n de morir y de los mejores cuidados (el 95% de los m¨¦dicos opinan que los paliativos no evitan todas las demandas de eutanasia, CIS 2.451). La universalizaci¨®n de los paliativos es un subterfugio que reh¨²ye el debate de la disponibilidad porque para muchos equipos, en manos de organizaciones confesionales, la voluntad de morir es inaceptable, aunque se ajuste a la legalidad vigente (como la sedaci¨®n paliativa a demanda de un enfermo terminal publicada el 9-2-14 en EL PA?S).

El C¨®digo Penal vigente de 1995 crea situaciones absurdas. El suicidio no es delito, pero la ley castiga la cooperaci¨®n necesaria, actos sin los cuales Ram¨®n Sampedro no pod¨ªa darse la muerte a s¨ª mismo, una imagen vergonzosa grabada en el imaginario colectivo, porque castiga al m¨¢s vulnerable, arrebat¨¢ndole la libertad de disponer de su vida. Sin embargo, Inmaculada Echevarr¨ªa pudo morir porque tuvo la suerte de estar conectada a una m¨¢quina. Algunos juristas argumentan que en caso de graves padecimientos la cooperaci¨®n necesaria (pero no directa) al suicidio es impune, mientras que para otros toda muerte voluntaria es delito, como la renuncia a la alimentaci¨®n por sonda, llegando a confundir sedaci¨®n paliativa y eutanasia, o los conceptos de inducci¨®n y cooperaci¨®n, con los de informaci¨®n y acompa?amiento al suicidio (que como grupo de ayuda mutua realiza la asociaci¨®n DMD).

La ambig¨¹edad de la legislaci¨®n es una carga a?adida para los ciudadanos en el peor momento de su vida, provocando desconfianza en los pacientes e inseguridad en los profesionales, con un discurso p¨²blico, temeroso del fundamentalismo de la sacralidad de la vida, y otro privado (¡°cuando hace falta, eso lo hacemos todos¡±). En un Estado de derecho, morir bien no puede seguir dependiendo de las creencias del m¨¦dico que a uno le toque, sino que debe ser una garant¨ªa para todos los ciudadanos.

Como demuestran los hechos, la regulaci¨®n de la muerte voluntaria no es un peligro, sino una oportunidad, no solo para los que elijan morir (que siempre ser¨¢ una minor¨ªa del 1% al 3%), sino para toda la poblaci¨®n. Acaba con el tab¨², dota al ciudadano de protagonismo y respeta la libertad de los ciudadanos durante el final de su vida. El debate est¨¢ en la calle, pero los gobernantes, lejos de escuchar el grito de ¡°no nos representan¡±, limitan cada vez m¨¢s el ejercicio de derechos fundamentales, demostrando un alarmante d¨¦ficit democr¨¢tico. Ante este fracaso, el movimiento ciudadano por una muerte digna, libre de doctrinas confesionales, continuar¨¢ procurando una buena muerte, libre, responsable y legal para sus miembros.

Dialogar, deliberar sobre las opciones disponibles, no solo es lo m¨¢s humano, sino lo m¨¢s democr¨¢tico. Como dec¨ªan los pediatras belgas que solicitaban el cambio legislativo: es obvio que los m¨¦dicos no buscamos este tipo de situaciones, pero ocurren. Y por encima de todo tenemos el deber de ayudar a los pacientes en estas situaciones de la manera m¨¢s humana y responsable.

Luis Montes Mieza es presidente de la Asociaci¨®n Federal Derecho a Morir Dignamente.