El oasis de la impunidad

Lo peor que puede suceder a un Gobierno es que mienta de forma sistem¨¢tica a los ciudadanos, pretextando que con ello garantiza sus derechos. El ¨²ltimo ejemplo, pero no ¨²nico, lo tenemos en Espa?a. En esta ocasi¨®n el Gobierno no ha tenido el valor suficiente para cometer el atropello de propia mano y ha utilizado al partido que lo sustenta para presentar la reforma de la jurisdicci¨®n universal (JU). Ante este hecho la pregunta es: ?hasta d¨®nde es posible que un partido democr¨¢tico se preste a generar espacios de impunidad cuando se trata de combatir los cr¨ªmenes m¨¢s graves contra la humanidad, con la excusa de la defensa de las v¨ªctimas, a las que, sin el menor pudor, se las categoriza o clasifica seg¨²n el inter¨¦s pol¨ªtico o econ¨®mico que convenga?

Cuando el Partido Popular apoy¨® la invasi¨®n de Irak, a pesar de que se trataba de una manifiesta guerra ilegal y no le tembl¨® la mano por las decenas de miles de muertos inocentes que siguen esperando justicia; cuando se opone al reconocimiento de la verdad y justicia para las v¨ªctimas de los cr¨ªmenes franquistas, discrimin¨¢ndolas con las del terrorismo, y cuando ahora, a golpe de taconazo chino, atendiendo a motivos econ¨®micos, degrada la JU hasta hacerla desaparecer, solo consuma una estrategia que lleva en las entra?as contra todos aquellos que luchamos contra la impunidad. Poco importa que la JU pretenda amparar a las v¨ªctimas universales de cr¨ªmenes masivos o que Espa?a fuera pionera en la conquista de aquella, porque la ausencia de valor econ¨®mico la convierten en material biodegradable. La sensaci¨®n de vac¨ªo que produce esta iniciativa legislativa genera aut¨¦ntico pavor. Todo parece posible en este descenso hacia lo m¨¢s oscuro de la democracia. Contrariamente a pa¨ªses como Francia o Argentina que han reforzado ese ¨¢mbito sagrado de los derechos de las v¨ªctimas frente a cr¨ªmenes internacionales, Espa?a ha decidido, de la mano del PP, consolidar la impunidad en aras a una buena respuesta de los mercados, un adecuado tratamiento de la deuda y una soportable prima de riesgo, olvidando el derecho de los ciudadanos a estar protegidos de quienes les asesinan, desaparecen o torturan, a veces desde el propio Estado.

Todo parece posible en este descenso hacia lo m¨¢s oscuro de la democracia

Con esta reforma pasan a ser material de desecho lo defendido por la ONU sobre la obligaci¨®n de investigar por los Estados; los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; la convenci¨®n contra la tortura; la de desaparici¨®n forzada de personas o el Estatuto de Roma. El Gobierno espa?ol, a la cabeza del ranking de incumplimientos de obligaciones derivadas del Derecho Internacional olvida las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de la ONU y se mofa de las v¨ªctimas de tan despreciables cr¨ªmenes y, fiel a esa din¨¢mica, el partido que lo sustenta propone la limitaci¨®n m¨¢s grosera y burda de la JU, apoy¨¢ndose en el propio Derecho Internacional que quebranta.

De la necesidad, aceptada universalmente, del principio de JU como herramienta imprescindible para acabar con la impunidad de los cr¨ªmenes atroces y de la obligaci¨®n internacional de que los Estados ejerzan, obligatoriamente, su jurisdicci¨®n sobre los mismos, derivada del principio de complementariedad establecido en el pre¨¢mbulo del Estatuto de Roma, se pasa a la negaci¨®n de los derechos de las v¨ªctimas. En esta legislatura, es evidente la p¨¦rdida de espacios de seguridad jur¨ªdica consolidada, pero la demolici¨®n del edificio de la JU es lo m¨¢s vergonzoso para Espa?a porque hemos acabado con el principal aporte al Derecho Internacional, con el que tambi¨¦n contribu¨ªamos a la ¡°marca Espa?a¡±. Nunca hab¨ªamos sido tan respetados internacionalmente como cuando Espa?a plant¨® cara a la impunidad de cr¨ªmenes atroces.

El proyecto de reforma de la JU, presentado por el PP, es un ejemplo de cinismo pol¨ªtico en el que se miente desde la misma exposici¨®n de motivos hasta el final; contraviene el sentido de lo dispuesto en los convenios internacionales de los que Espa?a es parte; no ampl¨ªa la lista de delitos a investigar por los tribunales espa?oles, limita el ¨¢mbito objetivo de aplicaci¨®n de los mismos y restringe el ejercicio de la acci¨®n penal con la exclusi¨®n de la acusaci¨®n popular en los delitos de genocidio, lesa humanidad y de guerra, y, sin embargo, con base a esos mismos principios, mantiene la competencia espa?ola para delitos de terrorismo, narcotr¨¢fico, entre otros, sin percibir que con el texto propuesto genera mayor espacio de impunidad que el calculado, tambi¨¦n en este espacio, y con ello hace dejaci¨®n en las investigaciones trasnacionales de criminalidad organizada.

Los secuestros de espa?oles por Al Qaeda quedan fuera seg¨²n la propuesta

En los casos de delitos de genocidio, lesa humanidad y cr¨ªmenes de guerra cometidos por espa?oles o extranjeros fuera del territorio nacional solo se permitir¨¢ abrir una investigaci¨®n ¡°contra un extranjero que se encontrara en Espa?a y cuya extradici¨®n hubiera sido denegada por las autoridades espa?olas¡±, con lo cual, si no se hubiera pedido esa extradici¨®n, la impunidad ser¨¢ absoluta. Se excluyen los supuestos en los que el presunto autor se encuentre en territorio nacional en tr¨¢nsito u otra situaci¨®n temporal y aquellos en los que el autor sea extranjero y se encuentre fuera del territorio nacional. En el caso de torturas y desaparici¨®n forzada, realmente se opta por los principios de personalidad activa y personalidad pasiva, exigiendo que el ¡°procedimiento se dirija contra un espa?ol¡± o ¡°existan v¨ªctimas que tuvieran nacionalidad espa?ola en el momento de comisi¨®n de los hechos y la persona a la que se impute la comisi¨®n del delito se encuentre en territorio espa?ol¡±, excluy¨¦ndose los supuestos en los que la v¨ªctima sea espa?ola y el presunto autor se encuentre fuera del territorio nacional (todos los secuestros de Al Qaeda, entre otros, quedan fuera). Y ello a pesar de que las convenciones contra la tortura y la desaparici¨®n forzada imponen a los Estados el principio aut dedere aut judicare (¡°o persigues o juzgas¡±) obligaci¨®n que han reiterado a Espa?a tanto el Comit¨¦ contra la Tortura como el Comit¨¦ contra la Desaparici¨®n Forzada de personas.

Finalmente, se establece que ¡°las causas que en el momento de entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitaci¨®n por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedar¨¢n sobrese¨ªdas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella¡±. Se busca la certeza de que estos requisitos se apliquen desde la entrada en vigor de la ley para acabar con las causas en tr¨¢mite, lo que evidencia la raz¨®n pol¨ªtica de una reforma lesiva para las v¨ªctimas.

Los casos T¨ªbet y Guant¨¢namo son la causa pr¨®xima de la presentaci¨®n de esta proposici¨®n, pero la onda expansiva no ha sido calibrada por el ansia de acabar con el principio de JU (jefes de narcotr¨¢fico, de tramas de crimen organizado, de violencia sexual contra menores, de terrorismo que est¨¦n fuera de Espa?a, quedar¨¢n impunes). Con esta iniciativa, el PP se ha superado a s¨ª mismo y se ha convertido en el m¨¢ximo exponente de una reforma que nos sit¨²a, ahora ya s¨ª (caso de ser ley la proposici¨®n), como los guardianes del oasis de la impunidad en Espa?a no solo para los cr¨ªmenes contra la humanidad, sino de aquellos que conforman lo que se conoce como la criminalidad organizada universal.

Baltasar Garz¨®n es presidente de la fundaci¨®n FIBGAR.