La persecuci¨®n penal de Leopoldo L¨®pez

Mientras cancilleres latinoamericanos se re¨²nen en Chile esta semana para tratar la situaci¨®n en Venezuela, Leopoldo L¨®pez, uno de los l¨ªderes m¨¢s prominentes de la oposici¨®n pol¨ªtica venezolana, se encuentra detenido en una prisi¨®n militar esperando a que una jueza provisoria (sin inamovilidad en el cargo) decida si ser¨¢ sometido a juicio, sin que hasta ahora se haya exhibido ninguna evidencia v¨¢lida en su contra.

La violencia desatada a ra¨ªz de las manifestaciones de estudiantes y opositores que comenzaron el 12 de febrero en Venezuela ha dejado como saldo m¨¢s de 20 muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y serias denuncias de brutalidad, torturas y vej¨¢menes cometidos por las fuerzas de seguridad. El Estado, adem¨¢s, ha tolerado y colaborado con grupos armados civiles que apoyan al gobierno. La Fiscal¨ªa, a rega?adientes ¨Cy gracias a los v¨ªdeos y la presi¨®n de la opini¨®n p¨²blica¨C, ha dado algunos pasos para investigar las verdaderas responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, sigue avanzando con una velocidad notable para atribuirle responsabilidad penal por la violencia a la oposici¨®n pol¨ªtica.

Altas autoridades del Gobierno venezolano sostuvieron que L¨®pez, dirigente de Voluntad Popular, era el ¡°autor intelectual¡± de la violencia, y la Fiscal¨ªa solicit¨® su detenci¨®n, acus¨¢ndolo de todo: disturbios, muertes y lesiones. Luego acus¨® tambi¨¦n a Carlos Vecchio, quien le sigue a L¨®pez en la directiva de Voluntad Popular, y a otros dos miembros de la oposici¨®n por hechos similares, invocando teor¨ªas conspirativas en vez de presentar pruebas que los incriminen.

Los cancilleres latinoamericanos reunidos en Chile deben exigir al Gobierno de Maduro que respete los derechos humanos?

Al Gobierno venezolano le resulta relativamente f¨¢cil utilizar el sistema judicial como un instrumento pol¨ªtico desde que, en 2004, el chavismo depur¨® al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y nombr¨® a jueces afines en el m¨¢s alto tribunal. Desde entonces, el poder judicial ha dejado de actuar efectivamente como un poder independiente del gobierno. A trav¨¦s de la Comisi¨®n Judicial del TSJ, que cuenta con facultades para nombrar y remover jueces inferiores provisorios y temporales ¨Cque hoy son la mayor¨ªa de los jueces en el pa¨ªs¨C esta politizaci¨®n de la justicia se propag¨® al resto del poder judicial.

El 18 de febrero, L¨®pez se entreg¨® a las autoridades y desde entonces se encuentra detenido en Ramo Verde, una prisi¨®n militar, en la cual solo tiene contacto con su familia cercana y sus abogados, y solamente sale de su celda cuando es posible que tome aire sin tener contacto con otros presos.

Ante la contundente evidencia que hizo p¨²blica el peri¨®dico venezolano ?ltimas Noticias, que suger¨ªa que uniformados junto con civiles armados eran los autores de una de las muertes ocurridas el 12 de febrero, la propia Fiscal¨ªa debi¨® dar marcha atr¨¢s y eliminar los cargos por homicidio imputados inicialmente a L¨®pez. Sin embargo, L¨®pez sigue sujeto a investigaci¨®n por varios delitos, incluido el de asociaci¨®n para delinquir, que tiene una pena de hasta 10 a?os.

Es muy improbable que L¨®pez sea liberado pr¨®ximamente. Legalmente, podr¨ªa permanecer detenido preventivamente hasta 45 d¨ªas, cuando la Fiscal¨ªa deber¨ªa acusarlo, archivar el caso, o sobreseerlo, pero en la pr¨¢ctica estos plazos rutinariamente no se respetan en Venezuela.

La declaraci¨®n de la OEA parece describir la situaci¨®n en Venezuela como si fuera una cat¨¢strofe natural

En un Estado de derecho, la libertad de L¨®pez deber¨ªa estar garantizada si las autoridades no presentaran pruebas cre¨ªbles de que ¨¦l podr¨ªa ser responsable de la comisi¨®n de un delito. Sin embargo, en Venezuela es muy dif¨ªcil para un juez adoptar una decisi¨®n conforme a derecho si esta va contra intereses del Gobierno.

Por ejemplo, en 2009, la justicia venezolana detuvo arbitrariamente a la jueza Mar¨ªa Lourdes Afiuni por cumplir con una recomendaci¨®n de Naciones Unidas y dejar en libertad condicional a un opositor del Gobierno chavista. Afiuni, que era jueza titular con estabilidad en el cargo, estuvo un a?o en prisi¨®n, dos en arresto domiciliario y contin¨²a sujeta a proceso penal por delitos que no cometi¨®. Antes del caso Afiuni, los jueces tem¨ªan perder su empleo si adoptaban decisiones contrarias a los intereses del gobierno. Ahora, tambi¨¦n temen ir presos.

En un pa¨ªs donde el poder judicial carece de independencia, el futuro de Leopoldo L¨®pez est¨¢ en manos de una jueza que podr¨ªa ser removida por un telegrama sin mediar ninguna explicaci¨®n, como ha ocurrido rutinariamente en el pasado. La decisi¨®n sobre el futuro de la jueza, a su vez, est¨¢ en manos de magistrados del TSJ, un ¨®rgano que habitualmente avala pol¨ªticas del Gobierno.

La reuni¨®n de la OEA de la semana pasada, celebrada a puerta cerrada, termin¨® con una declaraci¨®n que parece describir la situaci¨®n en Venezuela como si fuera una cat¨¢strofe natural, en vez de responsabilizar al Gobierno venezolano por violaciones de derechos humanos como la censura y la brutalidad de las fuerzas de seguridad. ?Habr¨¢ alguna posibilidad de que la reuni¨®n en Santiago lleve a un resultado distinto, exigiendo que Venezuela asuma sus obligaciones jur¨ªdicas internacionales de respetar los derechos humanos? Espec¨ªficamente, ?se exigir¨¢ esta vez que cesen los abusos contra manifestantes y la liberaci¨®n y el respeto de las garant¨ªas del debido proceso de quienes fueron detenidos arbitrariamente, como Leopoldo L¨®pez?

Jos¨¦ Miguel Vivanco es director de la Divisi¨®n de las Am¨¦ricas de Human Rights Watch.