El Salvador: nueva oportunidad para la paz

A escasas semanas de la investidura del nuevo presidente salvadore?o, el efemelenista Salvador S¨¢nchez Cer¨¦n, y tras un proceso electoral convulso en el que el partido opositor, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), lleg¨® incluso a pedir la nulidad de los resultados electorales argumentando ¡°falta de imparcialidad¡± del Tribunal Supremo Electoral por no atender a su petici¨®n de hacer un recuento ¡°voto por voto¡±, parece evidente que los grandes retos de este nuevo Gobierno ir¨¢n de la mano de ¡°los problemas de siempre¡±.

Las cifras de feminicidios, aun habi¨¦ndose reducido en un 76% entre 2011 y 2013 seg¨²n la Red Feminista Frente a la Violencia Contra las Mujeres (RED-FEM), contin¨²an arrojando vergonzantes porcentajes de impunidad promovidos en gran parte, por la negaci¨®n de los propios jueces a aplicar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres aprobada en 2011. La inseguridad ciudadana mantiene su yugo sobre el devenir salvadore?o, tal y como ha reconocido el ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, quien el pasado mes se?alaba que tras el fin de la ¡°tregua¡± firmada en 2012 por las pandillas m¨¢s violentas, los ¨ªndices de delincuencia organizada han vuelto a aumentar. No en vano, seg¨²n el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador posee la tasa m¨¢s alta de homicidios de j¨®venes en el mundo. Sin olvidarnos, que m¨¢s de un tercio de la poblaci¨®n salvadore?a sigue vi¨¦ndose abocada a representar el papel de la eterna poblaci¨®n migrante, sin que, de parte de la comunidad internacional, se haga nada para impedir que estas personas sufran todo tipo de abusos por parte de las autoridades o las mafias del narcotr¨¢fico, alimentado un clima de total de impunidad ante las extorsiones, reclutamientos forzados o explotaci¨®n sexual de los que son v¨ªctimas.

El Salvador se encuentra tambi¨¦n en un momento cr¨ªtico en lo que a la justicia respecta. Las represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos se han generalizado en el pa¨ªs, incluyendo el cierre repentino de Tutela Legal, una organizaci¨®n de Derechos Humanos originalmente fundada por monse?or Romero, y un ataque devastador en las oficinas de Pro-B¨²squeda, una organizaci¨®n dedicada a la investigaci¨®n de la desaparici¨®n forzada de ni?os durante la guerra. Huelga decir que hoy es m¨¢s necesario que nunca apoyar la causa de la justicia en El Salvador.

El pa¨ªs centroamericano posee la tasa m¨¢s alta de homicidios de j¨®venes en el mundo

Durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992), mujeres, ni?os y personas ancianas fueron eliminados de manera sistem¨¢tica y sin testigos, en despliegues operativos cuyo ¨²nico objetivo era exterminar masivamente a la poblaci¨®n civil. Para el Ej¨¦rcito salvadore?o y sus bandas afines, ¡°limpiar¡± las zonas rurales implicaba eliminar a aquellas personas que pudieran brindar suministros, escondites o informaci¨®n a las fuerzas insurgentes.

La comunidad de Santa Marta, en el Departamento de Caba?as, fue una de esas zonas golpeadas por la Pol¨ªtica de Terror del Estado Salvadore?o. Asimilada por el Ej¨¦rcito como base social de la guerrilla del Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN), en su territorio se sucedieron los horrendos patrones de represi¨®n oficial: estigmatizaci¨®n de los campesinos como terroristas y masacres indiscriminadas. Sus habitantes fueron considerados, en todo caso, presuntos culpables.

Una de estas matanzas, la de Santa Cruz, ejecutada en noviembre de 1981, bajo el mando del coronel Sigifredo Ochoa P¨¦rez, hoy diputado en la Asamblea Legislativa salvadore?a, acab¨® con la vida de centenares civiles. El entonces coronel coordin¨® un operativo que durante nueve d¨ªas bombarde¨® siete comunidades del municipio de Victoria (San Jer¨®nimo, San Felipe, La Pinte, Pe?as Blancas, Santa Marta, Celaque y Jocotillo) bloqueando la salida de la poblaci¨®n hacia los campos de refugiados en territorio hondure?o gracias al apoyo militar de las Fuerzas Armadas de dicho pa¨ªs.

Ni una persona ha sido responsabilizada de ordenar cr¨ªmenes de lesa humanidad

A pesar de la presi¨®n internacional y de que ya en 1978 la Asamblea General de la Organizaci¨®n de Estados Americanos hab¨ªa llamado la atenci¨®n al estado salvadore?o ante las flagrantes violaciones de derechos humanos que se estaban sucediendo en su territorio, el Ej¨¦rcito salvadore?o describi¨® esta campa?a militar como una de las operaciones de limpieza m¨¢s exitosas del pa¨ªs.

El asedio, que comprendi¨® entre otras atrocidades ametrallamientos desde el aire e incursiones militares durante la noche, obligaba a las comunidades a resguardarse en espacios ajenos a sus hogares, ya fuera entre la maleza o en cuevas, al ser precisamente sus viviendas, seg¨²n relatan los supervivientes, el objetivo principal de los ataques.

El pasado mes de noviembre, la ciudadana salvadore?a Mar¨ªa Ester Hern¨¢ndez Hern¨¢ndez, atendiendo al alegato de la Corte, tuvo el valor de denunciar penalmente ante la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica, al exfuncionario militar, Sigifredo Ochoa P¨¦rez, por la muerte de cinco de sus familiares en la matanza de Santa Cruz. Esta iniciativa que por primera vez se dirige contra un funcionario del Estado salvadore?o y que est¨¢ siendo acompa?ada por representantes de organizaciones de v¨ªctimas y defensores de los derechos humanos, entre los que se encuentra FIBGAR (Fundaci¨®n Internacional Baltasar Garz¨®n), persigue, no s¨®lo recuperar los derechos de Mar¨ªa Ester como v¨ªctima, sino tambi¨¦n acabar con el clima de impunidad del que gozan quienes fueron violadores masivos de los derechos humanos durante el conflicto armado salvadore?o.

Que gracias a la Ley de Amnist¨ªa, el excoronel Ochoa P¨¦rez sea actualmente miembro de la Asamblea Legislativa salvadore?a, y que, a pesar de su desprecio por los derechos humanos, siga gozando de poder e impunidad en El Salvador contempor¨¢neo, es aberrante. Ni una sola persona ha sido responsabilizada de haber ordenado los cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del conflicto, aunque afortunadamente el a?o pasado se vieron algunos avances hist¨®ricos en este sentido.

En una decisi¨®n sin precedentes, la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n anunciaba en septiembre del pasado a?o, despu¨¦s de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que abr¨ªa investigaciones sobre la masacre de El Mozote y de hasta otros 32 abusos cometidos durante la guerra; apenas unas semanas despu¨¦s, la Corte Suprema declar¨® que se pronunciar¨ªa sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnist¨ªa. Dicha sentencia se espera literalmente cualquier d¨ªa de estos. Asimismo, el pasado mes, en otro veredicto hist¨®rico, el mismo tribunal orden¨® a la Fiscal¨ªa General investigar la masacre de 1981 en San Francisco Angulo, se?alando que de no hacerlo, negar¨ªa a las v¨ªctimas su derecho a la justicia.

En relaci¨®n al caso de Ester Hern¨¢ndez tambi¨¦n se ha abierto una puerta a la esperanza. A d¨ªa de hoy ya se ha designado un fiscal al caso y adem¨¢s, el pasado 31 de marzo, Phillipe Burgois, antrop¨®logo estadounidense sobreviviente de la masacre, declar¨® ante la unidad especializada de la fiscal¨ªa encargada de recibir las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado. Aunque en un primer momento se pretendi¨® tomarle declaraci¨®n ¨²nicamente como testigo de los hechos, finalmente y a criterio de los fiscales, su testimonio fue recogido en calidad de v¨ªctima y ser¨¢ sumado a la denuncia presentada por Ester Hern¨¢ndez contra el excoronel Ochoa P¨¦rez.

Podemos decir que se est¨¢n dando avances en El Salvador, pero a¨²n es necesario un mayor esfuerzo. Aplaudo, en el sentido de la reparaci¨®n a las v¨ªctimas, lo ocurrido durante el mes de marzo en la comunidad de Santa Marta, escogida para acoger el Sexto Tribunal de Justicia Restaurativa. Abrir espacios como ¨¦ste, de encuentro y apoyo a las v¨ªctimas resulta fundamental no s¨®lo para acabar con el silencio impuesto por los culpables, sino para que puedan ser las propias v¨ªctimas quienes reclamen sus derechos a la justicia y a la verdad.

El 16 de junio de 1979, monse?or ?scar Arnulfo Romero, pronunciaba en su homil¨ªa un mensaje de esperanza y reparaci¨®n. Un deseo que un a?o m¨¢s tarde le costar¨ªa la vida. ¡°Yo tengo fe, hermanos, que un d¨ªa saldr¨¢n a la luz todas esas tinieblas, y que tantos desaparecidos y tantos asesinados, y tantos cad¨¢veres sin identificar, y tantos secuestros que no se supo qui¨¦n los hizo, tendr¨¢n que salir a la luz. Y entonces tal vez nos quedemos at¨®nitos sabiendo qui¨¦nes fueron sus autores¡±. Hoy, 35 a?os despu¨¦s, los autores de dichas atrocidades contin¨²an marcando el rumbo de un pa¨ªs exhausto, extorsionando a sus conciudadanos, golpeando a sus mujeres. La deuda pendiente del pueblo salvadore?o a¨²n sigue vigente, no es posible construir la democracia y el bienestar sin depurar responsabilidades. Que se investiguen y sancionen las violaciones de los derechos humanos y los cr¨ªmenes de lesa humanidad en el Salvador son condici¨®n sine qua non para que las palabras de monse?or Romero se hagan realidad, el mandato del nuevo presidente alcance verdadera dignidad democr¨¢tica y la sociedad salvadore?a pueda alcanzar la paz justa que anhela.

Baltasar Garz¨®n es abogado y presidente de FIBGAR.