Un trato adecuado

Las diferentes mayor¨ªas parlamentarias han dejado pasar m¨¢s de tres decenios sin regular un estatuto de la Corona que, entre otros asuntos, precise cu¨¢l debe ser el ¨®rgano competente en las causas judiciales sobre miembros de la familia real. Ahora se quiere adoptar una iniciativa para que esos procedimientos sean tratados en el Supremo. No ser¨ªa razonable negar a los miembros de la familia real un trato que ya se dispensa a varios miles de sus conciudadanos.

La iniciativa consiste en aprovechar un proyecto de ley en curso, sobre temas ajenos a los aforamientos, para introducir enmiendas que atribuyen al Supremo la competencia sobre asuntos civiles o penales que afecten al ¡°Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte¡±, en este momento don Juan Carlos y do?a Sof¨ªa. Tambi¨¦n, a la Reina consorte del Monarca en ejercicio (o al consorte de la futura Reina) y los pr¨ªncipes de Asturias. La iniciativa parlamentaria se extiende a la obligaci¨®n de elevar al Supremo las causas que puedan estar abiertas a la entrada en vigor de la ley.

Tanto el m¨¦todo adoptado como la rapidez parecen improvisados, lo que no es culpa de los afectados, sino de quienes no han legislado a tiempo. La v¨ªa de las enmiendas a un proyecto de ley que ya se encuentra en el Parlamento excluye la necesidad de consultar al Consejo del Poder Judicial o al Consejo de Estado, sacrificando as¨ª el rigor de la norma a la velocidad de la tramitaci¨®n.

Colmar esta laguna legal no es una garant¨ªa contra las pol¨¦micas que pretendan levantar aquellos que, con raz¨®n o sin ella, planteen demandas o querellas contra un miembro de la familia real. Conceder fuero de un tribunal en concreto no implica blindaje alguno, sino el se?alamiento de un ¨®rgano espec¨ªfico para el eventual procedimiento.

M¨¢s all¨¢ de las cuestiones formales, esta pol¨¦mica sucede a otras sobre el exceso de aforamientos que existen en Espa?a, sin parang¨®n en otras democracias. Durante muchos a?os se ha convivido con una situaci¨®n en la que han dispuesto de fuero altos cargos del Gobierno y de la judicatura y de la fiscal¨ªa, as¨ª como miembros de otros ¨®rganos estatales, parlamentarios de las Cortes, parlamentarios auton¨®micos o cargos pol¨ªticos de las comunidades. Todo eso deber¨ªa limitarse, aunque no a costa de negar el aforamiento a los miembros de la familia real.