Legalidad y democracia: palabras m¨¢gicas

Legalidad y democracia se han convertido en las palabras m¨¢gicas del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Tanto le sirven para despejar las dudas de Rajoy acerca de la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum ilegal, como para tranquilizar la inquietud de Junqueras sobre su fr¨¢gil adhesi¨®n a la causa secesionista. Naturalmente, tan fant¨¢stica versatilidad no sale gratis. El coste es la enorme contorsi¨®n que el significado de estas palabras est¨¢ sufriendo y el deterioro del lenguaje pol¨ªtico que ello conlleva. No se trata solo de un deterioro t¨¢ctico para mantener posiciones negociadoras, sino del uso reiterado de palabras que describen conceptos y realidades distintas seg¨²n quien las utilice, que confunden a la ciudadan¨ªa y que, en una sociedad pol¨ªticamente avanzada, suponen una merma grave de la obligaci¨®n de transparencia de los gobernantes para con sus gobernados.

A pesar de su car¨¢cter vacacional, agosto ha sido un mes rico en manifestaciones pol¨ªticas que, a medida que las fechas de la Diada y el refer¨¦ndum se acercan, son cada vez m¨¢s reveladoras.

Sabemos muy poco de qu¨¦ hablaron Rajoy y Mas en su reuni¨®n de finales de julio. De nada, si nos atenemos a lo que Rajoy dijo en su rueda de prensa de 1 de agosto: ¡°Lo ¨²nico que he visto en los medios de comunicaci¨®n, y lo ha reiterado, es que no va a hacer nada contrario a la legalidad. No tengo por qu¨¦ poner en tela de juicio lo que dice; y no lo hago¡±. La prudencia interpretativa de Rajoy y su deseo de no aumentar la tensi¨®n es encomiable, pero a tres meses del posible refer¨¦ndum, los espa?oles (y en particular los catalanes) hubieran agradecido una actitud algo m¨¢s inquisitiva acerca de qu¨¦ entiende Mas por ¡°legalidad¡±.

Porque cuando Mas habla de legalidad, nadie sabe a ciencia cierta a qu¨¦ se est¨¢ refiriendo. En su reuni¨®n con los medios el 5 de agosto dijo, de forma un tanto enigm¨¢tica, que la ley de consultas ¡°ser¨¢ una ley¡±. ?Qu¨¦ quiso decir con esta aparente obviedad? Acaso que la ley de consultas ?ser¨¢ una ley aut¨¦ntica, dotada de la autoridad que le confiere su promulgaci¨®n por parte de una instituci¨®n del Estado (el Parlamento catal¨¢n) cuyas competencias amparan esta acci¨®n, y circunscrita a prescripciones sobre las que esta instituci¨®n puede legislar? Si fuera as¨ª, ser¨ªa dif¨ªcil explicar los cuatro votos particulares (sobre un total de nueve) del dictamen del 19 de agosto del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias de Catalu?a, criticando que el proyecto de ley pretenda dar cobertura a un ¡°refer¨¦ndum encubierto¡± sobre la secesi¨®n de Catalu?a. Sin enmiendas muy sustanciales en lo que resta de tr¨¢mite parlamentario, la ley de consultas no ser¨¢ una ley porque el Parlamento catal¨¢n no tiene competencias sobre esta cuesti¨®n, ni el colectivo de espa?oles interesados cabe en su jurisdicci¨®n. Y aun si tales enmiendas fueran aceptadas, la ley resultante, que entonces s¨ª ser¨ªa una ley, no dar¨ªa cobertura a la convocatoria de un refer¨¦ndum sobre la secesi¨®n: la ley de consultas ser¨ªa una ley aut¨¦ntica, pero la convocatoria un acto ilegal.

Lo que Mas est¨¢ diciendo es que utilizar¨¢ su aparato de poder para organizar un acto no constitucional

En la misma comparecencia del 5 de agosto, como anticip¨¢ndose a estas dificultades, Mas ech¨® mano de la segunda palabra m¨¢gica: democracia. ¡°La consulta debe llevarse a cabo bajo tres grandes par¨¢metros, que son la democracia, las leyes y el di¨¢logo; no solo las leyes y el di¨¢logo¡±. A?adiendo ¡°democracia¡± a la condici¨®n de ¡°legalidad¡±, Mas pareci¨® mostrarnos la clave que le autoriza a proceder con sus planes: la consulta ¡°se har¨¢ y ser¨¢ legal¡± porque ¡°no es el capricho de unos cuantos pol¨ªticos, sino la voluntad de todo un pueblo¡±.

El enigma se convierte en desprop¨®sito cuando descubrimos que, seg¨²n Mas, lo que otorga legalidad a la ley de consultas es la democracia. La democracia es el mejor de los m¨¦todos para tomar decisiones, para dar y retirar poder a los Gobiernos y para determinar la forma constitucional de los mismos. Pero la democracia no puede convertir en legal algo que no lo es. La legalidad es anterior a la democracia. Viene de la autoridad conferida a las instituciones por una comunidad de gobernados, que acepta las obligaciones derivadas de un cuerpo de leyes de car¨¢cter no instrumental, del que nadie puede ser excluido y que, en palabras de Oakeshott, ¡°mitiga el conflicto sin imponer la uniformidad¡±. Un cuerpo de leyes que establece el procedimiento por el que estas mismas leyes, en todos sus niveles, pueden ser modificadas.

Con independencia de cu¨¢les sean sus palabras, Mas est¨¢ realmente diciendo que va a utilizar el aparato de poder que el Estado pone en sus manos para organizar un acto (el refer¨¦ndum) con total desvinculaci¨®n del marco constitucional del que proceden las potestades de este gobierno. Si se mantiene en lo que ahora anticipa, va a presidir la acci¨®n de un Gobierno sin ley y va a utilizar de forma impropia los medios que se le han otorgado como m¨¢ximo representante del Estado en Catalu?a. Por muchas y fuertes que sean las presiones a las que est¨¢ sometido, Mas, el presidente de la Generalitat, no puede, no debe y esperemos que no haga nada de lo que insin¨²a que va a hacer.

Pero a¨²n m¨¢s preocupante es su afirmaci¨®n de que la consulta se har¨¢ respondiendo a ¡°la voluntad de todo un pueblo¡±. La voluntad del electorado, expresada en las ¨²ltimas elecciones de noviembre de 2012, determin¨® mayor¨ªas relativas para formar el Parlamento y el Gobierno de una comunidad aut¨®noma, instituciones ambas entre cuyas competencias no figura la organizaci¨®n de consultas sobre la secesi¨®n de Catalu?a. Los l¨ªmites de actuaci¨®n de Parlamento y Gobierno no lo deciden los programas electorales. Ser¨ªa inconcebible que la arquitectura institucional del Estado variara seg¨²n el resultado de cada contienda electoral. Las democracias modernas y consolidadas simplemente no funcionan as¨ª.

Los l¨ªmites de actuaci¨®n de Parlamento y Gobierno no los deciden los programas electorales

La democracia y las supuestas mayor¨ªas independentistas no confieren legalidad ni legitimidad al refer¨¦ndum. No es un asunto de n¨²meros; es una cuesti¨®n moral. ?Por qu¨¦ raz¨®n quienes se sienten tan catalanes como espa?oles y viven c¨®modos con sus m¨²ltiples identidades, deber¨ªan aceptar una consulta sobre si prefieren ser solo catalanes? Si el Gobierno hubiera decidido promover en exclusividad una ¨²nica religi¨®n en Catalu?a, ?ser¨ªa aceptable una consulta que obligara a los catalanes a manifestar su preferencia por esta religi¨®n?

En lugar de abordar frontalmente esta cuesti¨®n moral, el movimiento secesionista, ayudado por los medios p¨²blicos de comunicaci¨®n y por la propaganda propiciada desde el Gobierno catal¨¢n, ha empleado todos sus recursos y esfuerzos para convencer a la gente de la maldad pol¨ªtica del Gobierno central y de las enormes ventajas de una futura Catalu?a separada del resto de Espa?a. En lugar de argumentar por qu¨¦ ser solo catal¨¢n es mejor que ser catal¨¢n y espa?ol, ha creado un enemigo inexistente y alimentado expectativas que no se podr¨¢n cumplir.

Para qu¨¦ perder el tiempo tratando de convencer a quien nunca se sentir¨¢ catal¨¢n, podr¨ªan arg¨¹ir los partidarios de la independencia. Y tendr¨ªan raz¨®n. Convencer de la secesi¨®n a millones de catalanes que viven en libertad, que en algunas cuestiones comparten pareceres y en otras discrepan, que en muchas ocasiones trabajan para un mismo fin, pero no siempre pueden evitar el conflicto, que mantienen ideolog¨ªas pol¨ªticas diversas y creencias religiosas de todos los tipos, es una tarea dif¨ªcil. Un argumento moral, a diferencia de uno l¨®gico, no demuestra, persuade. Y la persuasi¨®n requiere tiempo y paciencia, y quiz¨¢, como los consensos pol¨ªticos, incluso cesiones importantes. Pero, sobre todo, es dif¨ªcil convencerles porque estos catalanes saben que la sociedad en la que hoy viven, por imperfecta que sea, admite y hasta promueve la diversidad existente, y encauza de forma civilizada el conflicto y la discrepancia. Y ven con sospecha y escepticismo la promesa de un mundo rico y feliz que todav¨ªa no existe, del que adivinan una uniformidad que rechazan y en el que temen perder su libertad.

Dejemos la magia para los cuentos. Todav¨ªa estamos a tiempo de llamar a las cosas por su nombre y de hacer que otra vez el lenguaje pol¨ªtico sirva para conversar.

Antoni Zabalza es catedr¨¢tico de An¨¢lisis Econ¨®mico de la Universidad de Valencia y fue secretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1993 con el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez.