Hasta el ¨²ltimo euro

A medida que se van conociendo detalles del uso de las tarjetas incontroladas de Caja Madrid y Bankia parece m¨¢s claro que esta es una buena oportunidad para que las instituciones concernidas (Bankia ¡ªque denunci¨® el caso¡ª y su propietario, el FROB; Hacienda; los tribunales y los partidos, sindicatos y patronales a los que pertenecen los exconsejeros y exdirectivos implicados) aumenten su credibilidad y demuestren que defienden con firmeza los intereses p¨²blicos. Por ahora, el juez Fernando Andreu ha abierto una pieza separada dentro del caso Bankiapara imputar a los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al ex director general Ildefonso S¨¢nchez Barcoj; PP, PSOE e IU anuncian investigaciones internas sobre el caso y ya se han contabilizado 15 dimisiones de ex altos cargos de la entidad por el uso de las tarjetas.

Son indicios esperanzadores de que se desea conocer a fondo y actuar con rigor ante este tipo de colusi¨®n entre una parte del sistema financiero y los agentes pol¨ªticos y sindicales imbricados en sus consejos. Pero los indicios no bastan. Por ejemplo, las conclusiones de la investigaci¨®n interna de los partidos deber¨ªan ser argumentadas y p¨²blicas; los ciudadanos tienen que conocer la profundidad y el alcance de las pesquisas. Los partidos y los agentes sociales no pueden permitirse en estos momentos una sola brizna de sospecha sobre su comportamiento; y las autojustificaciones o la t¨¦cnica de limitar el examen a unos pocos chivos expiatorios ya no convencen a la opini¨®n p¨²blica.

Tambi¨¦n es el momento de revisar a fondo las relaciones entre los partidos, sindicatos y patronales con las grandes empresas y entidades financieras. El desembarco pol¨ªtico en los consejos de las cajas ha causado da?os catastr¨®ficos en una parte del sistema financiero (Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Galicia y Catalu?a); como adem¨¢s exacerba las sospechas de corrupci¨®n creciente entre los representantes pol¨ªticos y los agentes sociales, parece urgente extraer las conclusiones adecuadas ofreciendo a los ciudadanos una aplicaci¨®n convincente y rigurosa de la ley.

La fase de las disculpas pueriles por el uso de las tarjetas negras (¡°no sab¨ªa¡± o ¡°todo era legal¡±) debe quedar atr¨¢s. Es dif¨ªcil aceptar que un consejero que ha sido secretario de Estado de Hacienda desconozca las implicaciones fiscales de unos ingresos que no requieren justificaci¨®n documental. La pregunta a la que deben responder las investigaciones en curso es qui¨¦n o qui¨¦nes aprobaron y organizaron esta prebenda que supone malversar los caudales de la entidad; y la tarea de los organismos p¨²blicos (empezando por Hacienda) consiste en aclarar si hay bancos, empresas o instituciones con pr¨¢cticas similares. Los contribuyentes esperan que los implicados devuelvan hasta el ¨²ltimo euro de ingresos negros mal extra¨ªdos de Bankia y que hagan frente a sus responsabilidades fiscales, civiles o penales. De las instituciones p¨²blicas esperan una conducta profesional ejemplar para castigar cualquier delito que pueda demostrarse.