La industria criminal en M¨¦xico

Todo parece indicar que el Gobierno municipal y el crimen organizado actuaron de manera coordinada en el artero asesinato de seis estudiantes normalistas y la desaparici¨®n forzada de 43 de sus compa?eros en la ciudad de Iguala, en el sure?o Estado mexicano de Guerrero. En medio del duelo, la indignaci¨®n y la movilizaci¨®n nacional el pa¨ªs se pregunta sobre las razones que llevaron a un Gobierno local dominado por el crimen organizado a ordenar una masacre de estudiantes pertenecientes a uno de los colectivos sociales m¨¢s antiguos y combativos del pa¨ªs.

Si el principal negocio del crimen organizado en M¨¦xico es el tr¨¢fico de drogas hacia los Estados Unidos, ?por qu¨¦ asesinar estudiantes que no tienen ninguna relaci¨®n con el negocio?

Para entender los motivos represores del crimen organizado hay que empezar por reconocer uno de los cambios m¨¢s importantes en la industria criminal de los ¨²ltimos a?os: en Estados como Guerrero, Michoac¨¢n y Tamaulipas, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el trasiego de la droga sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es la toma del poder local, apoderarse de los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a trav¨¦s de la tributaci¨®n forzada.

En zonas del pa¨ªs donde diferentes grupos criminales se disputan el control del tr¨¢fico de droga, para sufragar estos conflictos el crimen organizado fue paulatinamente expandiendo su acci¨®n a industrias extractivas de recursos naturales ¡ªla toma clandestina de gasolina, petr¨®leo y gas¡ª y de riqueza humana ¡ªla extorsi¨®n y el secuestro¡ª. En esta nueva estrategia los grupos criminales encontraron un nuevo y valioso bot¨ªn: el municipio y sus contribuyentes. Como lo demuestra la terrible experiencia de Michoac¨¢n, el crimen organizado se apropiaba del 30% del presupuesto anual de obra p¨²blica de los municipios; exig¨ªa que los contratos de obra p¨²blica se otorgaran a constructoras bajo su control; y cobraba el 20% de la n¨®mina salarial de la burocracia local. Pero la infiltraci¨®n del municipio fue m¨¢s all¨¢: los grupos criminales se apoderaron de los catastros p¨²blicos municipales donde obten¨ªan informaci¨®n fidedigna que les permitiera extorsionar con mayor eficacia a los hoteles, restaurantes y peque?os negocios de las ciudades bajo su dominio.

Ser autoridad p¨²blica se ha convertido en muchos municipios en un empleo de alto riesgo

Para apoderarse de los municipios y sus contribuyentes, los grupos criminales empezaron por doblegar a las autoridades locales. Mediante el soborno o la coerci¨®n, fueron subordinando a los presidentes municipales en las zonas de conflicto. Aunque en el imaginario nacional est¨¢ m¨¢s presente el soborno y la corrupci¨®n de los alcaldes, hay tambi¨¦n una larga lista de autoridades municipales, candidatos y activistas pol¨ªticos locales que han sufrido atentados o han sido asesinados por el crimen organizado. Con un equipo en la Universidad de Notre Dame, mi colega Sandra Ley y yo hemos identificado m¨¢s de 300 atentados y ejecuciones de autoridades locales por parte del crimen organizado en los ¨²ltimos seis a?os. Los Estados vecinos de Michoac¨¢n y Guerrero encabezan la lista con m¨¢s de un tercio del total de ataques y en Guerrero las zonas Norte, Tierra Caliente, Costa Grande y Centro son los focos de la violencia. En estos municipios, donde ser autoridad p¨²blica se ha convertido en un empleo de alto riesgo, el crimen organizado ha empezado a postular a sus propios candidatos, como parece haber sido el caso del alcalde de Iguala.

Para lograr la hegemon¨ªa local, los grupos del crimen organizado requieren de una sociedad desarticulada y aterrorizada, incapaz de cuestionar y desobedecer los dictados de las autoridades de facto. Por ello los criminales buscan establecerse en zonas con poca organizaci¨®n social. Pero cuando las zonas estrat¨¦gicas para el trasiego y la producci¨®n de droga est¨¢n en lugares donde operan fuertes movimientos sociales y comunitarios ¡ªcomo Iguala¡ª, los grupos criminales intentan doblegar a los colectivos sociales mediante la compra de sus l¨ªderes o mediante la represi¨®n selectiva y ejecuciones ejemplares.

La masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una acci¨®n estrat¨¦gica y premeditada para sembrar el terror y doblegar a los grupos de la sociedad civil que en Iguala y en municipios aleda?os participaban en distintos procesos de articulaci¨®n social ¡ªincluyendo polic¨ªas comunitarias¡ª para hacerle frente a las extorsiones, secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado y de las autoridades p¨²blicas a su servicio.

La masacre fue un acto de reconstituci¨®n del poder local; una acci¨®n barb¨¢rica mediante la cual el grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarle en claro a los movimientos sociales de la regi¨®n qui¨¦n era el mandam¨¢s. Fue, tambi¨¦n, una ejecuci¨®n ejemplar para incentivar a los ciudadanos y a los peque?os y medianos empresarios y comerciantes de la regi¨®n a continuar pagando el ¡°derecho de piso¡± y con ello consolidar la toma criminal del poder en la zona.

La matanza quiso mandar un mensaje a los grupos sociales sobre qui¨¦n es el mandam¨¢s en la regi¨®n

Estos intentos desp¨®ticos de reconstituir el poder local mediante la violencia barb¨¢rica son posibles por la protecci¨®n informal que los grupos del crimen organizado han venido tejiendo y retejiendo por d¨¦cadas en las procuradur¨ªas estatales, en las polic¨ªas ministeriales, en los ministerios p¨²blicos, en las prisiones y en las delegaciones estatales de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR). Aunque en M¨¦xico hoy se vea al municipio como el eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil de la gobernanza nacional y se le identifique como la guarida desde donde opera el crimen organizado con el cobijo de las autoridades locales, en m¨²ltiples entrevistas con exgobernadores de diferentes partidos ¡ªincluidos exmandatarios de Michoac¨¢n y Guerrero¡ª insistentemente he escuchado que las polic¨ªas ministeriales en los Estados est¨¢n fuertemente infiltradas por el crimen organizado. Son ellas las que hacen posible la impunidad criminal en los municipios y facilitan la reconstituci¨®n de facto del poder local.

Estos actos brutales de reconstituci¨®n del poder local en Guerrero son posibles, tambi¨¦n, por la larga historia de impunidad de la que han gozado los gobernantes del Estado desde los a?os dorados del autoritarismo priista hasta nuestros d¨ªas. La brutalidad de la guerra sucia de los Gobiernos del PRI en contra de grupos guerrilleros y estudiantiles disidentes de los a?os setenta alcanz¨® en el caso espec¨ªfico de Guerrero niveles equiparables a las guerras sucias de Chile y Argentina. Pero estos actos quedaron impunes y la misma clase pol¨ªtica que asesin¨® a disidentes sociales se ha mantenido en el poder bajo el cobijo del PRI y ahora de la izquierda partidista. Aunque el mundo ha cambiado y M¨¦xico y Guerrero han cambiado, la impunidad es la constante. Y esa impunidad hace posible las matanzas de Aguas Blancas y El Charco y ahora la ignominia de Iguala.

En Guerrero, gobernantes y criminales, ya sea separados o coludidos, saben que atacar a la ciudadan¨ªa e intentar eliminar a grupos sociales disidentes son cr¨ªmenes que no se castigan. Cuando el alcalde de Iguala o su secretario de Seguridad o el subsecretario ordenaron los disparos en contra de los estudiantes y entregaron a los detenidos a los sicarios para que dispusieran de ellos, ten¨ªan, tristemente, una larga historia de impunidad de su lado. Cuando los sicarios de Guerreros Unidos torturaron, desaparecieron o ultimaron a los estudiantes, se cobijaron tras el manto protector de la impunidad. Es la impunidad lo que le permite igualmente al gobernante que al criminal asesinar sin chistar.

En la masacre de Iguala convergen pasado, presente y futuro. Entender la masacre solamente como un repudiable acto del crimen organizado es atender al presente sin entender el pasado. Pero interpretar este abominable hecho solamente como un crimen de Estado es mirar al presente con ojos del pasado. Para evitar que la masacre derive en un estallido social, el Gobierno federal y la sociedad civil tendr¨¢n que atender tanto lo criminal ¡ªen toda su nueva complejidad ahora que los grupos criminales quieren reconstituir la pol¨ªtica local¡ª como lo estatal ¡ªcon la dificultad que conlleva que el Estado se vea en el espejo de la violencia¡ª. Lo cierto es que un mejor futuro para Guerrero se podr¨¢ fincar solamente cuando le pongamos fin a una larga historia de impunidad pol¨ªtica que alimenta y le da vida a un presente de violencia criminal.

Guillermo Trejo es profesor asociado de Ciencia Pol¨ªtica en la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.