La banalizaci¨®n de los pactos de Estado

Los pactos de Estado deben reservarse para escenificar solemnemente la conclusi¨®n de un acuerdo nacional frente a una crisis o poner fin a un conflicto. Esgrimirlos de forma hueca e innecesaria para resolver cuestiones que deben ser reconducidas al debate parlamentario, conduce necesariamente a su banalizaci¨®n.

En manos de pol¨ªticos maniobreros, la oferta de un pacto de Estado se convierte en un gesto grandilocuente lanzado para ocultar su incapacidad o desidia para enfrentarse a los problemas de forma m¨¢s profunda y menos insustancial.

Ante la avalancha de casos de corrupci¨®n, es preferible hacerles frente con los instrumentos legales e institucionales los que dispone el Estado. La tentaci¨®n de aprovecharse de los bienes que la comunidad encomienda a los funcionarios y servidores p¨²blicos para que los administren en aras del inter¨¦s general, es tan antigua como la aparici¨®n de las formas de organizaci¨®n del Estado.

Sus causas y los posibles remedios, tienen una evidente complejidad que es necesario abordar desde varios campos. Los criminalistas cr¨ªticos norteamericanos acu?aron, all¨¢ por los a?os treinta, el t¨¦rmino de ¡°delincuencia de cuello blanco¡±, aplicada a pol¨ªticos, financieros e incluso mafiosos que traficaban con grandes sumas de dinero pertenecientes al erario p¨²blico o que se hab¨ªan obtenido con el tr¨¢fico il¨ªcito de sustancias prohibidas.

Hay que tener unas s¨®lidas convicciones democr¨¢ticas para evitar los efluvios del poder

La corrupci¨®n es un elemento componente e inseparable de las dictaduras. Los dem¨®cratas deben saber que la laxitud y dejaci¨®n de responsabilidades, pueden constituir un c¨¢ncer para los valores que sustentan el sistema democr¨¢tico. El poder que emana del pueblo es radicalmente distinto del que se ejerce autoritariamente. Algunos todav¨ªa no lo han asimilado.

El respaldo popular no sustituye el impacto decisivo del factor humano. Hay que tener unas s¨®lidas convicciones democr¨¢ticas para evitar los efluvios del poder. Algunos piensan que su trabajo en aras de los intereses y el bienestar general, en cierto modo, les permiten quedarse con alguna cuota o parte de los dineros p¨²blicos que manejan. Los italianos llamaron ¡°tangente¡± (cuota o parte que corresponde a uno) al saqueo del erario p¨²blico. Parad¨®jicamente, su persecuci¨®n y castigo por los fiscales de Manos Limpias abri¨® el camino pol¨ªtico a Berlusconi.

La situaci¨®n que estamos viviendo, tiene todas las caracter¨ªsticas de una emergencia nacional. Los ciudadanos contemplan desmoralizados e indignados la ineficacia de las instituciones. La situaci¨®n no es irremediable y puede ser corregida. Son varios los ant¨ªdotos que es necesario aplicar, pero el m¨¢s urgente es su persecuci¨®n y castigo efectivo.

Siempre he sido partidario de la medicina preventiva frente a la cirug¨ªa pero el car¨¢cter delictivo de los hechos nos obliga a utilizar el derecho penal aplic¨¢ndolo, de manera inteligente, en el marco de un proceso con las garant¨ªas propias de una sociedad democr¨¢tica. Sin perjuicio de reformas de fondo, es urgente retocar algunos art¨ªculos y algunos principios para conseguir un efecto inmediato.

La reacci¨®n de la sociedad espa?ola frente a la corrupci¨®n ha sido, por lo menos, decepcionante

Elevar las penas de prisi¨®n para los delitos de cohecho y malversaci¨®n, combin¨¢ndola con el aumento de las penas de multa hasta un m¨ªnimo de un mill¨®n de euros. Presumir que los bienes y cuentas corrientes proceden de las ganancias obtenidas por el delito, ordenando de manera inmediata su decomiso. Estas medidas se pueden adoptar de forma inmediata.

Ahora bien, para recuperar el pulso democr¨¢tico, lo prioritario es dar respuesta procesal, en un tiempo razonable al millar de causas pendientes. Mientras llega una reforma a fondo de la ley procesal penal y con los instrumentos actualmente disponibles, podemos diseccionar los inmanejables y costos¨ªsimos macro procesos (caso Malaya) aislando y agrupando cada uno de los delitos cometidos, juzg¨¢ndolos de forma r¨¢pida por separado. Sirva de ejemplo el caso Jaume Matas y algunos otros. En mi opini¨®n, no hay obst¨¢culo procesal alguno para juzgar de inmediato a los que dise?aron las llamadas tarjetas Black, considerando al resto de los usuarios como meros part¨ªcipes a t¨ªtulo lucrativo sin responsabilidad penal. La alternativa es sumergirse en el caos que supone llevar adelante un proceso con cerca de 300 acusados. No creo que se resienta el principio de legalidad ni el de justicia.

En el inacabable proceso que comienza con G¨¹rtel y pasa por B¨¢rcenas, que nada tiene que ver el uno con el otro, existen indicios, casi indubitados, de la existencia de una caja b. Este simple hecho constituye, por s¨ª mismo, un delito contable. Resulta inveros¨ªmil para cualquier persona, medianamente l¨®gica y racional, que un tesorero pueda abrir una caja de esta naturaleza sin conocimiento y sin daci¨®n de cuenta a los controladores, es decir, a los directivos o por lo menos a un grupo de directivos de la sociedad, agrupaci¨®n, partido u organizaci¨®n que le ha encomendado la contabilidad de los caudales. Y as¨ª podr¨ªamos continuar, examinando cada caso.

Creo que es necesaria una reflexi¨®n final. La corrupci¨®n comenz¨® hace muchos a?os. La reacci¨®n de la sociedad espa?ola ha sido, por lo menos, decepcionante. Hemos visto c¨®mo de una forma alarmante se consolidaba lo que denomino el teorema Gil y Gil. Es decir, cuanto mayor es la extensi¨®n de la base de la corrupci¨®n, m¨¢s alto es el list¨®n de votos que alcanzan los corruptos. Ha llegado el momento de que todos reflexionemos sobre las causas de la gangrena que nos invade.

Jose Antonio Martin Pallin es abogado y magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisi¨®n Internacional de Juristas (Ginebra).