Del 9-N al 10-N

La clave de la jornada de hoy, 9-N, en que la Generalitat ha convocado a los ciudadanos catalanes a un simulacro de consulta sobre el futuro de Catalu?a, es que el pol¨¦mico evento no a?ada crispaci¨®n a la coyuntura. Y que se llegue sin demasiadas abolladuras al d¨ªa de ma?ana, 10-N, de forma que se pueda reconducir el insidioso litigio. No es mucho pedir, aunque para algunos sea demasiado.

En aras de la coherencia jur¨ªdica, no es ocioso recordar que se trata de una convocatoria m¨¢s que discutible: si el Gobierno catal¨¢n de Artur Mas persiste en protagonizarla, en su inicio, desarrollo o c¨®mputo final, incurrir¨¢ en desobediencia al Tribunal Constitucional, que la suspendi¨®.

Y los consejeros m¨¢s involucrados ser¨¢n los responsables judiciales del desaguisado. Quiz¨¢ por eso, el siempre h¨¢bil Mas ha concentrado la gesti¨®n del evento en los militantes de su aliado democristiano, Uni¨®: la vicepresidenta Joana Ortega y el responsable de Gobernaci¨®n, Ramon Espadaler, apoyados desde fuera por el expresidente del Parlament Joan Rigol.

Tambi¨¦n puede suceder que el traspaso de la organizaci¨®n a las asociaciones reivindicativas, su privatizaci¨®n, sea real y no ficticia. En ese caso, la falsa consulta no conllevar¨¢ m¨¢s problemas que para quienes crean en ella. Pero incluso si la involucraci¨®n de los agentes de Mas es algo m¨¢s que ret¨®rica ¡ªtangible, pero no espectacular¡ª, habr¨¢ que aplicar al asunto un criterio prudencial.

La prudencia no implica mirar hacia otro lado, ignorando la conculcaci¨®n del ordenamiento. Significa, primero, aplicar el principio de proporcionalidad: no matar moscas a ca?onazos. Y menos en perjuicio de la buena fe de gente irritada por la par¨¢lisis a que unos y otros han abocado a la cuesti¨®n catalana. Pero no solo ser¨¢ aplicable el principio de proporcionalidad de la reacci¨®n, sino tambi¨¦n aquel seg¨²n el cual toda actuaci¨®n nunca debe causar mayores perjuicios de los que quiere evitar. Se trata pues de aplicar prudencia no solo por conveniencia pol¨ªtica, sino tambi¨¦n por criterios jur¨ªdicos sobre los que ahormar las conductas p¨²blicas. Incluso si en esta parodia de refer¨¦ndum se produjese alg¨²n tipo de desobediencia administrativa (esto es, no la no perseguible de los ciudadanos), habr¨ªa que calibrar si esta podr¨ªa ser grave (delito) o no (falta).

Por eso la contenida actitud de la Fiscal¨ªa ante cualquier actuaci¨®n discutible, pero no grave ¡ªlo que se corresponde con la inhibici¨®n del Tribunal Constitucional a amenazar a los posibles incumplidores de sus resoluciones¡ª, y en general el perfil bajo del Gobierno tras la suspensi¨®n judicial del evento no es para nada criticable. M¨¢s all¨¢ de lo jur¨ªdico, en una situaci¨®n pol¨ªtica tan compleja y de tanta densidad emocional, es aconsejable el imperio de los grises moderados sobre blancos y negros radicales, que siempre tienden a generar situaciones indeseadas e irreversibles.

Por carente de garant¨ªas, huera de legalidad y administrativamente torpe, la falsa consulta de hoy, aunque pueda constituirse en comprensible aliviadero de ilusiones frustradas, no es pol¨ªticamente computable. Puede, eso s¨ª, ratificar una reiterada alta temperatura del malestar de muchos catalanes ante la carencia de respuestas del Gobierno a sus preocupaciones. Pero de ninguna manera configurar ning¨²n mandato espec¨ªfico, mal que les sepa a sus esforzadas organizadoras.

El ¨²nico mandato extra¨ªble de quienes hoy hagan como que votan y de quienes se nieguen a ello es el propio del modo democr¨¢tico: resta?ar las heridas y divisiones en una sociedad, la catalana, que no es monol¨ªtica; dialogar entre las instituciones a ello obligadas m¨¢s all¨¢ de las inconveniencias partidistas para hacerlo; explorar soluciones constructivas en lugar de abonar recelos y resquemores, y negociar en consecuencia. Que los avatares del 9-N no impidan el retorno de la pol¨ªtica el 10-N. Ma?ana mismo.